Pareciera que mientras las empresas aporten al financiamiento de campañas políticas no disminuirá esta sensación generalizada de abuso. En la práctica, cuesta imaginar una escena en que una empresa entregue dineros si no es a cambio de que se establezcan reglas del juego que les sean favorables. Cuando en la prensa nos informan que hay inmobiliarias que han pagado campañas de concejales o alcaldes, entonces surgen serias dudas de si una modificación a un plan regulador busca honestamente lo mejor para esa comuna.
Cuando se dice, hoy, de manera tan generalizada, que somos víctimas de múltiples abusos –por parte de isapres, bancos, etcétera–, surge la pregunta de por qué no se introducen modificaciones legales. Esa eventual falta de voluntad puede ser explicada por una relación demasiado estrecha entre el poder económico y el político. La larguísima demora de la implementación de la portabilidad numérica, que favorecía sólo a un actor del mercado de la telefonía celular en desmedro de la totalidad de los clientes –propios y ajenos–, sería el ejemplo paradigmático de este vínculo. El intercambio de correos entre el empresario Carlos Eugenio Lavín y el diputado Ernesto Silva, cuando se discutió en enero de 2013 el IPC de la Salud, muestra con meridiana claridad cómo ocurre en la práctica este fenómeno.
¿Puede una ley ser abusiva si ha sido dictada en el interés de todos? Difícilmente. Cuando se dice que tenemos leyes abusivas, lo que se está diciendo es que tales leyes son injustas, pues parecen beneficiar sólo a unos pocos de manera arbitraria, sin una razón que lo justifique. Vivir con leyes que consideramos injustas puede ser una bomba de tiempo para la paz social, ya que es perfectamente razonable sostener que una ley injusta, por no ser equitativa o imparcial, no tiene por qué ser respetada. Las marchas del 2011 podrían reactivarse con fuerza; ya no hablaríamos de marchas estudiantiles, sino simple y llanamente de marchas “ciudadanas”.
[cita] Pareciera que mientras las empresas aporten al financiamiento de campañas políticas no disminuirá esta sensación generalizada de abuso. En la práctica, cuesta imaginar una escena en que una empresa entregue dineros si no es a cambio de que se establezcan reglas del juego que les sean favorables. Cuando en la prensa nos informan que hay inmobiliarias que han pagado campañas de concejales o alcaldes, entonces surgen serias dudas de si una modificación a un plan regulador busca honestamente lo mejor para esa comuna.[/cita]
Pareciera que mientras las empresas aporten al financiamiento de campañas políticas no disminuirá esta sensación generalizada de abuso. En la práctica, cuesta imaginar una escena en que una empresa entregue dineros si no es a cambio de que se establezcan reglas del juego que les sean favorables. Cuando en la prensa nos informan que hay inmobiliarias que han pagado campañas de concejales o alcaldes, entonces surgen serias dudas de si una modificación a un plan regulador busca honestamente lo mejor para esa comuna.
No pocos dirán que es idealista o romántico proponer que quienes dictan las leyes deben hacer un esfuerzo por considerar el interés de todos. No nos parece idealista o romántico: el fair play político es uno de los pilares de una democracia; en buena medida confiamos en ella, pues contamos con este principio.
Jon Elster –por ejemplo, en Uvas amargas– discute en contra del modelo de agregación de preferencias, esto es, la mera reunión de preferencias individuales y autointeresadas, como hipotética “racionalidad colectiva”. Las preferencias meramente agregadas tienden a representar intereses no universalizables y probablemente serán inconsistentes entre sí: distintas personas tienen preferencias que pueden implicar conflictos entre intereses incompatibles. ¿Por qué eso habría de merecer reparos si de lo que se trata es de establecer ámbitos de libertad individual negativa donde cada cual es soberano y no tiene que temer la injerencia arbitraria de otros? El asunto en cuestión es que lo que debe zanjar el proceso político es el establecimiento de instituciones justas para todos. El libre juego de intereses no universalizables es lo que viene a continuación, una vez que las instituciones justas ya existen, y no antes, esto es, no al momento de diseñar tales instituciones, las que deberían aspirar a ser imparciales, justas para todos y no sólo convenientes para mí.
Por ello, prosigue Elster, debería abandonarse el diseño de mera agregación de preferencias por otro de orientación más discursiva o comunicativa que, aunque no asegura el acuerdo, al menos lo propicia y sobre todo garantiza que el establecimiento de instituciones sobrevenga a un proceso de deliberación pública basado en la búsqueda de buenas razones imparciales, es decir, aquellas que nadie razonablemente rechazaría. En un proceso semejante, agrega el filósofo, existe además la posibilidad de que las personas modifiquen sus preferencias, incluso por entender que sus intereses individuales quedan mejor resguardados por el consenso social y no en un contexto de lucha de todos contra todos, por más sublimada o estilizada que se encuentre bajo la apariencia de instituciones impersonales y abstractas.
Por lo anterior, el financiamiento privado de la política, particularmente hecho por empresas a candidaturas específicas, reproduce el modelo de agregación de preferencias no universalizables, en desmedro de la construcción de instituciones justas. Las empresas, por otra parte, no son ciudadanos y no se entiende qué razón distinta de la persecución del propio interés podría motivar el financiamiento de candidaturas particulares. Los financiamientos privados a campañas hasta ahora no son asimilables a filantropía o a responsabilidad social de la empresa.
¿Existen otros argumentos, independientes del anterior, para que las empresas no hagan aportes? Hay al menos dos. El primero tiene que ver con el interés de todos los accionistas: se debe contar con su aprobación. Desde un punto de vista de estricta conveniencia económica, alguien podría decir que todos los accionistas se verán beneficiados de que tal político salga elegido, pues, ya que impulsará leyes favorables a la empresa, las acciones en teoría se valorizarán. Siguiendo esta línea, no parecería relevante contar con la aprobación de todos los accionistas. Es problemático este razonamiento: los políticos también discuten, por ejemplo, sobre leyes de la esfera ética –aborto, eutanasia, etcétera–, de manera que se estaría usando dinero de un accionista no consultado para llevar adelante a un candidato que podría no interpretarlo. Alguien tal vez replique: bueno, es el costo para que se valorice la empresa. Sin embargo, puede darse el caso de que ese accionista jamás subordinaría sus principios éticos a sus intereses económicos.
Por otra parte, este criterio de conveniencia económica precisamente pervierte las ideas de ciudadanía y de representación política. Ambas derivan del ejercicio de la ciudadanía igual (un ciudadano = un voto, no más que otro, no menos que otro). El cuerpo soberano es el del conjunto de los ciudadanos. Que el representante deba su lealtad a sus financistas antes que a sus votantes, y que el financiamiento provenga de modo desigual del diverso poder económico de los ciudadanos considerados ahora como donantes, significa que la democracia se va transformando insensiblemente en plutocracia.
¿Y las personas naturales? Sería un caso distinto. Las donaciones de particulares a campañas específicas no incurren en la dificultad de pasar a llevar la opinión discordante de accionistas minoritarios, y son ejercidas por las personas concernidas en los procesos políticos, esto es, los ciudadanos. Una persona natural, con su donación, responde sólo por sí misma, entendida como ciudadano con una integridad de intereses sobre el conjunto de los asuntos públicos, no sólo los de índole económica. El ciudadano juzga y pondera; votar y donar son parte de lo mismo: manifestarse políticamente. Así, elige candidatos para que legislen o gobiernen en temas tales como el sentido de la educación escolar, las libertades civiles, la conservación del ambiente, la provisión de bienes públicos, decisiones demográficas, relaciones internacionales, estrategias de gestión del territorio, y un largo etcétera, que desborda con mucho los límites del “giro de la empresa”. En ese sentido, hay razones en contra de las donaciones de empresas a campañas que para la persona natural no se aplican. No obstante, financiar campañas particulares –y no a un sistema público de acceso equitativo a la información electoral– no debiera, en principio, gozar de beneficios fiscales y tendría además que ajustarse a un monto máximo por campaña y por donante, a objeto de no introducir una asimetría relevante en las posibilidades de competir de los candidatos, ni en las posibilidades de informarse equitativamente por parte de los demás ciudadanos que no pueden donar en condiciones semejantes a los que han podido hacerlo.
La posibilidad de realizar donaciones por empresas tal vez sería admisible si contribuyera a financiar un sistema equitativo de acceso a la información de los electores, y en tal sentido cabría entender que eso respeta el punto de vista de accionistas minoritarios de la empresa donante. Porque, precisamente, el principal bien que al conjunto del sistema político debiera interesarle resguardar a la hora de justificar la existencia de campañas, es el del voto bien informado del ciudadano, cuestión que no siempre figura en el propósito de la publicidad o propaganda política. Por cierto, en el secreto de la urna, el ciudadano puede obedecer a sus prejuicios, pero lo que el sistema político podría hacer por él es poner a su disposición la mejor información disponible.
El segundo argumento para oponerse a las donaciones por parte de empresas es de otro orden. Ya que los aportes se hacen antes del pago de impuestos de los socios o accionistas por sus utilidades, se estaría usando dinero del fisco para apoyar a un candidato. El problema aquí es, mutatis mutandis, similar al caso anterior: los contribuyentes no tienen por qué estar favoreciendo indirectamente a un candidato por el que no votarían. Así, donaciones dirigidas a financiar intereses no universalizables no deberían contar con beneficios fiscales.
Desde un punto de vista de justicia como imparcialidad y de una democracia con deliberaciones de calidad, lo que debería promover el financiamiento de las campañas electorales es el mejor conocimiento por parte de los votantes de las características de los candidatos, sus cualidades personales y especialmente sus programas políticos. El gasto en propaganda –y la pretensión subyacente en cuanto a que campañas publicitarias más ostentosas mejoran las posibilidades de elección de un candidato respecto de otros menos conocidos– no resguarda el interés del elector –y del sistema democrático en su conjunto– de disponer de mejor información para la toma de decisiones mediante el sufragio. ¿Por qué, entonces, un gasto en campaña orientado como hasta ahora a intereses no universalizables debiera gozar además de beneficios tributarios y, en un sentido indirecto, transformarse en la ejecución de un gasto público?
