Opinión
Esta sanción que proponemos es la única que podrá comenzar a restablecer la confianza en la política, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo, por cuanto las otras medidas que se han propuesto no tienen la fuerza y el contenido para inhibir al poder económico de intervenir e influir en el mundo político.
Para resguardar el interés nacional debiera estatizarse Soquimich. La crisis que se está viviendo en el país dice relación con las influencias que el poder económico ejerce en la política y con las conductas desarrolladas por determinadas empresas para lograr penetrar en el Parlamento, partidos políticos y personas del Ejecutivo de Chile. El financiamiento de las campañas electorales y otros rubros políticos a través de vías torcidas y manifiestamente ilegales, no ha tenido por objetivo fines de beneficencia. Ninguna de las sociedades mencionadas en los últimos tiempos efectuando aportes irregulares son entes sin fines de lucro, de tal manera que hay que entender que los dineros transferidos a la actividad política, y que no dicen relación con el giro o actividad propia de dichas sociedades, ha tenido como única finalidad lograr ejercer influencias indebidas a todo nivel.
Ello por cierto representa un atentado directo y brutal en contra de la República de Chile y nuestra democracia. No se trata de acciones inocentes, desprovistas de todo contenido. Muy por el contrario, los propósitos buscados por sus autores no han podido ser otros que obtener que ciertos y determinados personeros pierdan la necesaria independencia e imparcialidad en sus actividades de legisladores y, en su caso, de fiscalizadores. Los procesos penales que se han abierto y que investiga actualmente el Ministerio Público y las investigaciones que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos tienen un marco acotado, preciso, regulado en la ley. Como producto de tales investigaciones, algunos resultan en definitiva condenados, otros absueltos y a otros se les otorgarán salidas alternativas como juicios abreviados. La aplicación de sanciones de tal naturaleza no agotan en modo alguno el tema.
En el pasado la ITT y otras empresas transnacionales intervinieron en la política chilena, participando en la gestación del golpe de Estado del año 1973. Hoy, otras empresas en que intervienen extranjeros se han inmiscuido en un campo que no es de su competencia: la actividad política. Esta intervención no se ha realizado con fines sanos de interés público. Por ello somos de la opinión de que deben aplicarse sanciones a las empresas que han pretendido manipular la política. Entre estas empresas se encuentra Soquimich y queremos referirnos, por ahora, especialmente a ella, con el mérito de los antecedentes que describiremos brevemente.
[cita] El financiamiento de las campañas electorales y otros rubros políticos a través de vías torcidas y manifiestamente ilegales no ha tenido por objetivo fines de beneficencia.[/cita]
Los hechos ocurridos en torno a la empresa Soquimich que se están conociendo y que develan una intervención desconocida por su profundidad en el ámbito político, tanto Ejecutivo como Legislativo, hacen de suyo necesario, por las consideraciones que se harán brevemente, que el Estado de Chile aplique una condigna solución respecto de lo allí ocurrido, considerando que se trata de una empresa cuyo origen fue estatal y cuya riqueza se encuentra en el suelo chileno. Soquimich debe ser expropiada porque así lo exige el interés nacional, en el más alto concepto que ello conlleva.
De la exposición de los hechos que se hará se podrá concluir cuál es la razón que explica por qué se produjo un concubinato tan potente entre los directivos de la empresa y el mundo político y decimos con propiedad de toda la empresa, puesto que no excluimos de él a los minoritarios que, aunque han arrancado a toda velocidad del asunto, se encuentran inmersos en lo que allí ha ocurrido, como seguramente lo hará exigible la justicia norteamericana, si es que no la propia justicia chilena.
Esperamos que la explicación que sigue permita comprender por qué en esta empresa ocurrió algo que la hace distinta a otras contribuciones políticas empresariales bajo determinadas circunstancias.
Corría el año 1969 y, el día miércoles 23 de abril, el entonces diputado Narciso Irureta, denunció las actividades que el grupo norteamericano Anaconda estaba celebrando en relación con los salares de Tara y Atacama. El diputado Irureta haciendo gala de valentía y estudio expresaba, en síntesis, que la empresa cuprífera estaba efectuando manifestaciones a través de una filial en las que expresaba haber descubierto “vetas y mantos minerales de cobre, fierro, manganeso y otras sustancias”. Esta fórmula genérica que se usaba en esa época le permitiría apropiarse también de la salmuera de los salares. Irureta señaló “existe el litio, que es un mineral de gran valor y que tiene gran importancia en la fabricación de aparatos espaciales”. Aún no se conocía masivamente el uso que hoy se da al litio. El diputado reclamó la intervención de las autoridades del Estado de aquella época y presentó un proyecto de ley que buscó poner fin a tal situación. Este fue el comienzo de la historia del litio y de las riquezas de las salmueras del Salar de Atacama que, producto de una actividad del Estado, quedaron radicadas en la Corfo en la forma y condiciones que pasamos a explicar, y que en definitiva han significado que Soquimich, inicialmente a través de su filial Minsal, hoy Minera Salar, ha hecho uso y abuso de esta riqueza nacional en beneficio de unos pocos y, entre los pocos, de algunos políticos.
Durante la dictadura, entre los años 1973 y 1986, Corfo comienza a desarrollar una intensa actividad para dar viabilidad a un proyecto llamado Proyecto en el Salar de Atacama que tenía por objeto darles un gran valor económico a las sustancias que se encuentran en las salmueras, vale decir, potasio, litio y los derivados de estos mismos, como yodo, que le han permitido a la actual Soquimich obtener utilidades de alrededor de trescientos millones de dólares anuales y tener un valor en bolsa en épocas de baja, como ahora, de unas veinte veces sus utilidades y financiar, con cargo al tres por ciento de sus utilidades anuales, una línea de defensa corporativa nunca antes vista en Chile, que incluye el mundo político integralmente.
Los estudios de la Corfo terminaron en un contrato que se realizó sobre el Salar con dos empresas norteamericanas, Amax y Molimet, que controlaban el proyecto con un setenta y cinco por ciento. La Corfo se quedaba con el veinticinco por ciento.
En el gobierno de Aylwin se dio un nuevo paso en este proceso y en virtud de un acuerdo de la Corfo de 1993, y que lleva el N°1646, se acordó que en definitiva el proyecto fuera realizado por una empresa que se constituyó al efecto y que se llamó Minsal, en la que la Corfo también mantenía un veinticinco por ciento y Soquimich Potasio pasó a tener primeramente el setenta y cinco por ciento que adquirió de las empresas norteamericanas y posteriormente, en el año 1995, el cien por ciento de las acciones, cuando la Corfo en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle decidió no continuar directamente en el negocio, vendiendo sus acciones. Así el Estado, una vez más, privatizó inmensas riquezas y ahora sabemos por qué.
La Corfo se reservó afortunadamente, por decirlo de alguna manera, la propiedad de las pertenencias mineras llamadas Oma, alrededor de 28.050 pertenencias que cubrían gran parte del Salar de Atacama. El arriendo referido declaraba como esencial que se pudieran efectuar labores mineras en dichas extensiones por Soquimich, hoy día a través de su empresa Salar de Atacama, la misma de boletas falsas. Este arriendo duraba hasta el año 2030 y Corfo proporcionó los medios para utilizar acuíferos y hacer estudios ambientales con la finalidad de desarrollar un negocio en que Corfo debería recibir supuestamente un gran arriendo por la entrega de esta riqueza del suelo chileno.
En los contratos se señaló que era esencial que Soquimich protegiera las pertenencias mineras de cualquier riesgo y que pudiera siempre explotar el litio en cualquier forma que éste se encontrara. Puntualmente, decía el contrato respectivo en su cláusula segunda: “Minera Salar de Atacama Limitada, hoy Química Salar S.A., con el consentimiento de sus socios ha decidido desarrollar proyecto a objeto de producir y comercializar sales potásicas, ácido bórico, litio, productos de litio, cloruro de sodio, sulfato de sodio y cualquier otro mineral económicamente recuperables de las salmueras, acuíferos, terrenos y pertenencias mineras pertinentes del Salar de Atacama. Esto, esencialmente, de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de arrendamiento a que se ha hecho referencia”.
En la actualidad y a pesar de los esfuerzos de abuenarse con el mundo político, Soquimich no pudo evitar que se presentara por la Corfo juicio arbitral en su contra, que se dedujo durante el actual Gobierno. La demanda se encuentra en pleno trámite y en ella se pide que se finiquite el contrato de arriendo por a lo menos dos graves incumplimientos que ha cometido Soquimich, correspondientes al no pago de las rentas de arrendamiento correctas y no proteger adecuadamente la propiedad minera que arrendaba y, por el contrario, haber ejecutado un conjunto de actos directos y a su nombre por los cuales pretendía apropiarse de los bienes arrendados y acuíferos y de los estudios ambientales ejecutados por ella, en el marco del arriendo. Es posible que pensara Soquimich que su red de contactos le evitaría los riesgos.
Chile adscribe mayoritariamente a un Estado subsidiario, pero, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, ello no es óbice para que el Estado actúe cuando los privados no ejecutan correctamente sus funciones y parece incuestionable que respecto de las irregularidades cometidas por Soquimich en el ámbito de sus actividades empresariales, como su incursión en el ámbito político y más allá de responsabilizar a determinadas personas por su parentesco o ideología política, lo que procede es dar una fuerte señal de que el Estado debe recuperar aquello que se ha defendido, como se señaló en esta reseña, con tanta fuerza y desde hace más de 50 años.
Soquimich no es hoy en modo alguno un socio aceptable para el Estado de Chile y eso es incuestionable.
Lo anterior hace más que aconsejable –y en realidad una exigencia política, económica y de moral pública– expropiar todas las acciones de Soquimich, por cuanto, si bien hay accionistas controladores que tienen grado de responsabilidad mayor, no eximimos en forma alguna a los minoritarios, que son gigantescos consorcios internacionales, lo que prueba que son una misma cosa. El pago respectivo debe ser acordado por una ley con trámite de urgencia y aplicando el criterio jurisprudencial que indica que sólo se indemnizan los daños ciertos y evidentes, que estén directamente relacionados con la expropiación, y no el eventual lucro cesante, ya que con los dineros que se paguen a los expropiados podrán tener rentabilidad.
La expropiación que se propone es una forma drástica y proporcional de reaccionar ante la corrupción de la política y romper derechamente el nudo gordiano que hay entre el dinero y la política. Con dicha expropiación seguramente ninguna otra empresa volverá a desarrollar conductas destinadas a influir indebidamente en el centro neurálgico de la República.
Las sanciones penales que seguramente se aplicarán a las personas naturales que han incurrido en delitos tributarios, no tienen el mismo efecto que una expropiación. Esta es una señal potente del Estado de Chile. Una respuesta maciza y coherente con los intereses nacionales. Una vez practicada la expropiación, de los bienes, derechos y acciones de Soquimich, el Estado determinará los fines a los cuales deberá ser destinada esa empresa. Esta sanción que proponemos es la única que podrá comenzar a restablecer la confianza en la política, en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo, por cuanto las otras medidas que se han propuesto no tienen la fuerza y el contenido para inhibir al poder económico de intervenir e influir en el mundo político.
Asimismo, es la única medida que evita mezclar a todo el sector privado con las prácticas reñidas con la democracia y una economía sana y competitiva.
