sábado, 31 de octubre de 2020 Actualizado a las 03:06

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La integración social como política de Estado

Imperioso es romper la inercia y apoyar todas aquellas leyes, políticas, programas y decisiones administrativas que tiendan a generar ciudades más integradas incorporando estándares de equidad urbana, estableciendo mejoras tributarias, cambios en los incentivos que combatan la especulación y que, en definitiva, permita que todos y todas tengan la posibilidad de acceder a suelos de calidad.
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Chile es un país desigual y altamente segregado. El simple ejercicio de recorrer nuestras ciudades nos evidencia cómo el acceso a los bienes urbanos en Chile, -al igual como ocurre respecto a la calidad en materia de salud o educación-, es un privilegio de pocos. En efecto, el alto número de familias que hemos desterrado a vivir en las zonas periféricas de los centros urbanos, sin acceso a servicios y bienes básicos, implican una serie de desafíos que exceden el marco de lo normativo y que se expanden a todas las dimensiones del desarrollo social y económico del país.

La necesidad de tener acceso a viviendas con estándares adecuados de construcción y una ubicación funcional a sus habitantes; la escasa presencia de áreas verdes en muchas comunas; la desinteligencia en el diseño y funcionamiento de nuestro transporte público; la precaria institucionalidad para la toma de decisiones en temas de infraestructura pública y la falta de participación, entre otros, son ejemplos que deben ser abordados urgentemente, con clara convicción y voluntad política.

Todos estos temas se relacionan directamente con los aspectos más cotidianos de la vida diaria de las personas y sus comunidades, afectando sus bolsillos, su salud, estado de ánimo, su eficiencia en el trabajo y el tiempo necesario para poder compartir con sus familias. Por ello, las soluciones deben permear todas las disciplinas posibles del conocimiento humano y recoger el sentir diario del ciudadano, ese que experimenta las dificultades de habitar y desplazarse por ciudades poco amigables.

Imperioso es romper la inercia y apoyar todas aquellas leyes, políticas, programas y decisiones administrativas que tiendan a generar ciudades más integradas incorporando estándares de equidad urbana, estableciendo mejoras tributarias, cambios en los incentivos que combatan la especulación y que, en definitiva, permita que todos y todas tengan la posibilidad de acceder a suelos de calidad.

En esa lógica y reafirmando su compromiso electoral, la Presidenta Bachelet encomendó al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el pasado 21 de mayo, la misión de abrir el camino hacia una mayor equidad urbana a través de una nueva política de suelo. Ayer conocimos las propuestas elaboradas por esta comisión de expertos y esperamos que éstas marquen la pauta en la discusión política y legislativa de los próximos meses. Creemos que existe la oportunidad de ir un paso más allá de la reacción a tantas injusticias que vemos a lo largo de Chile, de recoger las ideas que esta comisión ha planteado y abordar los temas urbanos desde la ciudadanía, comenzando por aquello donde existe mayor escándalo y abuso: el acceso a los bienes públicos y la necesaria reflexión respecto al uso (y - muchas veces, abuso)- del suelo.

Conceptos como la diversidad en la ciudad, muestra viva de las múltiples expresiones identitarias de un Chile que ha cambiado, nos obligan a combatir la segregación urbana desde la comunidad y la fraternidad. Imperioso es romper la inercia y apoyar todas aquellas leyes, políticas, programas y decisiones administrativas que tiendan a generar ciudades más integradas incorporando estándares de equidad urbana, estableciendo mejoras tributarias, cambios en los incentivos que combatan la especulación y que, en definitiva, permita que todos y todas tengan la posibilidad de acceder a suelos de calidad.

Tal como la reforma agraria fue la bandera de muchos desplazados en otra época, la nueva política de suelo implica reconocer necesidades postergadas y reconocer que hoy las autoridades tienen en sus manos la capacidad para promoverlas y desarrollarlas de forma realmente transformadora.

Dejar de lado nuestros complejos y permitir que el Estado asuma un rol más potente a través de herramientas completamente viables como la inversión pública en infraestructura y viviendas de interés social, la mejora de otras en desuso y la gestión del suelo, entre otras. Complemento de lo anterior debe ser el fortalecimiento de la sociedad organizada. Construir mejores ciudades no es un proceso vertical, sino que participativo, inclusivo y que requiere de un compromiso férreo de cada uno de nosotros.

 

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