Nuestra política se encuentra en una crisis y parte de ella se debe al bajo nivel de nuestro debate público. Nos estamos entrometiendo en asuntos complejos, como la legitimidad del mercado, el pasado histórico reciente, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc., etc., sin que predomine siempre allí la visión clara y distinta, la elucidación matizada, el argumento pertinente y la persona movida por el afán de oír, de hacer luz, de palpar prospectivamente, antes que por la defensa de intereses particulares o las fórmulas generales de discursos excesivamente abstractos.Por lo mismo, resulta especialmente oportuna la aparición de tres libros, dedicados a los asuntos públicos, incluso a cuestiones de la agenda legislativa, escritos por un nutrido contingente de académicos provenientes del ámbito de las humanidades. De entre ellos, no pocos son investigadores reconocidos en el medio nacional e internacional.
Esta vindicación es muy relevante. Ocurre que en Chile –y producto de la falta de tradición universitaria–, el gremio de los académicos es muy heterogéneo. Él incluye, junto a los investigadores –o sea, individuos que, más allá de sus méritos y debilidades, se dan el trabajo de escribir libros y publicarlos en editoriales relevantes, o artículos en revistas indexadas, vale decir, que tienen producciones intelectuales validadas por pares–, también a personas con intereses de índoles variadas, las que, además de tener, eventualmente, algún vínculo con una universidad, se desempeñan en tareas de columnismo, asesoría legislativa o ejercen funciones en centros de estudio, pero carecen usualmente del tiempo y la tranquilidad requeridos por las lentas tareas propias de la investigación.
Al decir esto no quiero sobrevalorar a los investigadores y minusvalorar a quienes no lo son. De hecho, los investigadores profesionales tienden a exhibir escasas destrezas en campos muy importantes de la vida. En otra época se llamaba “doctrinarios” a quienes buscaban solución a los problemas políticos desde las ideas abstractas y sin consideración de las circunstancias concretas que constituyen a las situaciones. Ese apelativo se le dejaría aplicar fácilmente a una parte considerable de los investigadores nacionales. De su lado, los centros de estudio cumplen un papel significativo en nuestra política, lo mismo que, respectivamente, los columnistas y los asesores legislativos. Los de unos y otros son tipos específicos de saber, en los cuales se pueden alcanzar formas distintas de maestría. Lo relevante, empero, es no confundirlo todo, pues con ello se termina perdiendo eficacia en cada una de las respectivas labores y –especialmente– contaminando con prisa y urgencia lo que requiere de calma, silencio y mucho tiempo.
Ni los títulos de los tres libros son especialmente rimbombantes, ni sus autores pueden clasificarse bajo fórmulas confiadas y optimistas del tipo: “grupo de los …”, donde los puntos suspensivos se llenan con un contenido preciso o incluso un simple número, porque el contenido se da por sabido. Antes que de un colectivo con identidad doctrinal, se trata, en los libros de marras, de algo así como el “grupo de los sin grupo”. Su carácter grupal se debe, antes que a una identidad, a una divergencia, que, sin embargo, los vincula y a un respeto recíproco entre los autores, logrado a partir de una manera característica y cuidadosa de abordar los asuntos discutidos. Esos son los tenues lazos que atan a esa agrupación resistente a las etiquetas.
Si se agregan los listados de quienes participan en los libros (algunos nombres se repiten), ellos dan cuenta de un conjunto que comprende académicos de instituciones bien diversas: tradicionales y nuevas, estatales y privadas, laicas y católicas. Muchos de aquellos académicos operan al margen de los “think tanks” (con la excepción notable, aquí, del IES, entidad que edita uno de los tres libros). Se advierte, entonces, la incipiente potencia y el pluralismo que ha alcanzado el sistema universitario nacional, cuando se analiza tal intervención en la discusión pública. Otro rasgo llamativo es la cercanía etaria de una parte de quienes escriben, que se mueven entre los treinta y los cuarenta y tantos, aunque se incluyen, por cierto, destacados representantes de la generación anterior.
La agonía de la convivencia –libro coordinado por los profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Estefane y Gonzalo Bustamante–, reúne un prólogo y catorce reflexiones realizadas en el marco de un coloquio acerca de la historia política chilena, la polarización, el golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos. Lo que en un inicio pretendía ser una discusión acotada a los alcances analógicos que podría tener, entre nosotros, la llamada “disputa de los historiadores” acaecida en Alemania a propósito de la historia reciente en ese país, se amplió hacia diversos aspectos del fenómeno del conflicto político. El marco propicio para esas reflexiones era el aniversario de los 40 años del golpe que derrocó a Allende.
Matrimonio en conflicto, editado por los profesores Mauro Basaure (Universidad Andrés Bello) y Manfred Svensson (Universidad de los Andes), versa sobre un tema candente de la agenda legislativa. Los doce académicos convocados juegan una auténtica partida intelectual sobre el tablero definido por uno de los tópicos más polémicos y rudamente tratados en la discusión pública chilena actual: el del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los trabajos, obra de investigadores que asumen posiciones contrarias y provienen de tradiciones y disciplinas diversas, amplían el objeto de reflexión extendiéndolo hacia los supuestos filosófico-políticos en los que descansa.
En Subsidiariedad –editado Pablo Ortúzar, Director de Investigación del IES y docente de la Universidad de Chile–, doce autores se refieren a un “concepto-mito” de nuestra historia político-constitucional. Desde la derecha y la izquierda se lo ha entendido casi siempre como un principio –cuasi liberal– de restricción del papel del Estado. Si se analizan las fuentes históricas remotas, así como la Doctrina Social de la Iglesia y la tradición federalista, tal lectura del principio se evidencia partidista. La subsidiariedad no es allá un principio abstracto, que mande de antemano limitar la acción estatal, sino –mucho más– un principio concreto de distribución circunstanciada de tareas.
En los tres libros se apunta –más o menos explícitamente– a una idea insigne y loable, cuya realización resulta, sin embargo, muy difícil, a saber: dirimir, por medio de argumentos racionales y observaciones cercanas a la situación, las discusiones sobre asuntos políticos. Ciertamente los libros no alcanzan completamente su propósito y los diferendos continúan. Pero lo que sí logran ellos, claramente, es avanzar más allá de las usuales posiciones de trinchera, la frase breve de red social, el titular ruidoso, a los que nos tiene acostumbrados nuestra discusión pública, y aportar claridad en aspectos que antes permanecían oscuros. Son textos –salvo alguna que otra excepción–, bien reflexionados, en los que se plantean tesis novedosas que ponen en cuestión criterios usuales, dogmas inveterados, con justificaciones que uno podrá no suscribir, pero sí habrá de sopesar. Las tres recopilaciones merecen ser tenidas especialmente en consideración como un resultado con el que, en este y otros casos, pueden contribuir a la discusión pública quienes se desempeñan habitualmente en las tareas, más tranquilas y quitadas de bulla, del oficio investigativo.
Sólo cabe desear que a obras como las mencionadas les sigan otras, que den curso a una corriente de participación de académicos en el debate nacional, la cual logre ponerle coto, por la vía amable pero exigente, cordial más esforzada, de la reflexión y el estudio, a la fácil escaramuza partisana. También que, de su lado, nuestros atareados políticos, en permanente ajetreo con poco rumbo, se den ahora un par de buenas tardes para leer una selección de estas delicadas expresiones de racionalidad republicana.
