Bachelet, la ansiedad constituyente y el ‘Catecismo de los Patriotas’

En el reciente mensaje del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet invocó el espíritu de los Padres de la Patria para fundar su posición en torno a la cuestión constituyente. Citando al fraile Camilo Henríquez, recordó que los pueblos tienen el derecho de revisar su herencia constitucional, pues “una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras”. Es una idea que ya había esbozado Kant para caracterizar la Ilustración e incluso Jefferson para explicar que las constituciones debían tener una vigencia limitada, pues operaban como las deudas (no se puede obligar a los hijos a pagar las de los padres).

De acuerdo a esto, las generaciones que van entrando a la discusión pública siempre tienen el derecho de preguntarse si acaso un nuevo momento constitucional es pertinente o recomendable. Cuando la respuesta es negativa, se acepta la herencia y se ratifica la ley fundamental, la que se entiende para todos los efectos como propia. Es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, a veces la respuesta es positiva porque las nuevas generaciones rechazan –total o parcialmente– el legado político-constitucional de sus antecesores. Cuando el repudio es total, procede no sólo un momento constitucional sino constituyente. Ese pareciera ser el escenario en el que nos encontramos. El debate acerca de la necesidad de un nuevo texto constitucional está más o menos zanjado (con la previsible resistencia de la UDI, por cierto). En cambio, la pregunta acerca de cómo redactar la nueva Constitución sigue estando abierta y en ese campo cabe una razonable diversidad de legítimas opiniones.

El punto de esta columna es sencillo: si Bachelet quiere ser realmente fiel al espíritu de las palabras de Camilo Henríquez, debe sacudirse la ansiedad constituyente de la Nueva Mayoría. Es una paradoja, pues la Presidenta ganó con un programa que prometía nueva Constitución. Sin embargo, apurarse en redactar un nuevo texto a través de una comisión de expertos o del Congreso Nacional –para que alcance a estampar su firma y no ser menos que Lagos– implicaría burlar la tesis generacional del “Catecismo de los Patriotas”.

¿Cómo aplicar esta tesis al debate actual? Pensemos que Chile tuvo un primer momento constituyente-constitucional entre 1980 y 1989. De allí emergió el legado institucional de Pinochet, pero también incluyó la cincuentena de importantes reformas que la dictadura negoció con la Concertación justo antes de entregar el poder y que fueron ratificadas en un referéndum. En 2005 tuvimos un segundo momento constitucional, que Lagos quiso hacer aparecer como políticamente constituyente. También fue fruto de arduas negociaciones entre Alianza y Concertación. Diez años más tarde, entramos en lo que algunos han llamado un tercer momento constitucional –reconocido incluso en el programa de Gobierno que preparó Andrés Allamand–. Mi intuición, siguiendo la tesis del cura Henríquez, es que la misma generación que condujo los dos momentos constitucionales anteriores está inhabilitada para conducir el tercero, especialmente si uno de los objetivos del proceso es darle inicio en forma verosímil a un nuevo ciclo histórico-político.

El caso de Allamand es ilustrativo. Fue importante articulador de los acuerdos por la democracia en los ochenta; protagonista de la transición en los noventa; impulsor de varias modificaciones constitucionales en 1997 que, finalmente, vieron la luz en 2005 (como la eliminación de los senadores designados); y hoy tiene asegurado un escaño en el Senado hasta 2020. Piense ahora en Ricardo Lagos: llamó a votar a favor de las reformas de 1989, fue la estrella del proceso de 2005 y ahora dirige una plataforma digital (“Tu Constitución”) que le permite seguir vigente en el debate. O en Andrés Zaldívar, que ocupaba la presidencia de la DC en 1989 y que tuvo la responsabilidad de aprobar las reformas de 2005 desde su sillón senatorial. Hoy sigue en el Senado. Si el tercer momento constitucional-constituyente pasa por sus manos en el actual Congreso, no se puede decir realmente que una nueva generación está revisando la herencia constitucional de sus padres. Es básicamente la misma: aquella que se organiza políticamente en dos grandes coaliciones cuya estructura divisoria encuentra su hito originario en el plebiscito de 1988.

Quiéralo o no, Michelle Bachelet pertenece a esa misma cohorte. Por lo anterior, la única forma coherente de abrazar las ideas de Camilo Henríquez sería dotar al proceso constituyente de las herramientas institucionales necesarias para que la generación postransición se haga cargo de concluir la operación en el próximo período. En el Congreso actual su representación es marginal. Nuevos movimientos como Evópoli, Revolución Democrática o la Izquierda Autónoma tienen apenas un diputado cada uno. El PRO de Marco Enríquez o Fuerza Pública de Velasco ni siquiera tienen. Los procesos de renovación interna de los partidos tradicionales han sido más dificultosos de lo pensado. En consecuencia, lo recomendable es darles tiempo para que incrementen su poder negociador no sólo dentro del Congreso sino que también fuera de él.

La Presidenta está en lo correcto cuando señala que el proceso constituyente requiere de un amplio acuerdo político. Pero siguiendo la tesis generacional que ella misma puso sobre la mesa, dicho acuerdo sería más sustentable si se suscribe a lo largo del interesante espectro ideológico de la generación postransición. Si en cambio recae sobre la misma generación que ya protagonizó los dos momentos constitucionales anteriores, no deberíamos extrañarnos si en unos años más comenzamos a plantearnos la necesidad de un cuarto momento auténticamente constituyente y refundacional. A fin de cuentas, las reglas constitucionales acordadas se aplicarán en el ciclo vital de los que vienen de entrada y no sobre los que van de salida.