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Omisión de condena

por 8 junio, 2015

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El estándar es simple: en una sociedad democrática, la policía debe estar sometida íntegramente al poder civil y a sus instituciones, de modo de que podamos hablar de una policía que efectivamente rinde cuentas a la sociedad que está encargada de servir y no de una policía que se erige como un cuerpo cuasi autónomo y que está por sobre aquella, controlando los medios de violencia.

En una columna publicada en este medio el día jueves 4 de junio, el cientista político Mathieu González denuncia el hecho de que los movimientos políticos y pensadores de corte liberal no hayan alzado la voz para condenar los casos de brutalidad policial ocurridos en las últimas semanas, en particular por el caso del ataque al estudiante Rodrigo Avilés. El autor alude directamente a Red Liberal, movimiento del cual actualmente soy presidente, como uno de los actores políticos que mantuvo un “silencio extraño” y que “oculta, omite o derechamente miente sobre sus principios con tal de obtener objetivos electorales”.

Más allá de la gratuita y muy injusta suposición que hace el Sr. González sobre nuestros motivos, queremos agradecer la crítica de fondo que nos hace, pues interpelar a los pares a estar a la altura de sus propios principios es una de las más necesarias funciones que cumple el debate público en una sociedad democrática. En ese sentido, tomamos como acertada su crítica y asumimos que en el momento de los hechos no hicimos pública, como debimos, una condena institucional a estos casos de brutalidad policial. El tema ciertamente fue debatido en nuestros foros internos y la opinión unánime fue de repudio al uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, lo que consideramos no es otra cosa que un símbolo del abuso de poder por parte del Estado. Algunos de nuestros militantes incluso hicieron pública esa postura desde sus cuentas personales en redes sociales, pero efectivamente no hubo un pronunciamiento oficial.

Ahora bien, sobre el hecho en particular, condenamos enfáticamente la agresión gratuita y desproporcionada cometida por el “pitonero” del carro lanzagua, así como consideramos un agravante el hecho de que el oficial haya cometido su agresión desde una posición protegida (dentro del guanaco). En este sentido, creemos que la decisión de darlo de baja es una decisión correcta. Asimismo, como sociedad tenemos derecho a saber si hubo un intento deliberado de encubrimiento u obstrucción a la justicia por parte de su línea de mando y, de comprobarse esto, dichos involucrados debieran también asumir las graves responsabilidades del caso. No obstante, y más allá de este caso particular, creemos que el problema institucional de fondo radica en la falta de control democrático que, como sociedad civil, tenemos sobre el actuar de Carabineros. Esto se debe a que las denuncias de abuso policial sobre civiles son vistas y falladas por la justicia militar y no la justicia civil. Esto nos parece un estado de cosas inaceptable en cuanto le otorga injustificados grados de autonomía y –en la práctica– de impunidad al abuso policial, tal cual lo han mostrado numerosos estudios locales e internacionales.

El estándar es simple: en una sociedad democrática, la policía debe estar sometida íntegramente al poder civil y a sus instituciones, de modo que podamos hablar de una policía que efectivamente rinde cuentas a la sociedad que está encargada de servir y no de una policía que se erige como un cuerpo cuasi autónomo y que está por sobre aquella, controlando los medios de violencia. Para avanzar hacia este ideal de una actividad policial plenamente consistente con una sociedad democrática, Red Liberal por cierto se encuentra disponible.

No obstante lo anterior, no compartimos el juicio crítico que se hace en muchos círculos a la institución de Carabineros, en el sentido de que es un órgano en esencia represor de los derechos de las personas a manifestarse. La prueba fehaciente son las decenas de marchas que empiezan y terminan pacíficas, con motivos ambientalistas, de libertades sexuales, de los enfermos e, incluso, para legalizar una droga (¡!), en que Carabineros no solo no reprime a manifestantes, sino que colabora con los organizadores para que se desarrollen con normalidad. Como se dice una y otra vez, el problema está en ese grupo informe de individuos que, con una amplia gama de motivaciones, aprovecha las protestas estudiantiles y de algunas agrupaciones sindicales para dar rienda suelta a sus instintos destructivos. Carabineros ha fallado en desarrollar los métodos adecuados para poder identificar, aislar y capturar a esos antisociales (antisociedad), lo que no dudo debe ser un motivo de frustración constante para ellos.

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