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¿Escándalos, crisis de confianza, desinstitucionalización?

por 11 junio, 2015

¿Escándalos, crisis de confianza, desinstitucionalización?
Si no se habla de ‘gates’ es porque lo que está sucediendo en Chile ya no es un escándalo. Escándalo, para entendernos, sería un hecho o situación excepcional que sale a la luz pública y produce indignación colectiva. Por el contrario, los casos de corrupción de los últimos meses no parecen excepcionales, sino más o menos generalizados, incluso estructurales. Hay principios elementales que no solo no son honrados en la actividad política y económica, sino que ni siquiera parecen ser entendidos por quienes están llamados a cumplirlos.
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Es sintomático que la prensa haya dejado de utilizar el sufijo ‘gate’ para nombrar los últimos hechos de corrupción que han surgido en Chile. Tanto el caso MOP, pasando por Penta, SQM y otros tantos, fueron así apellidados tras el Watergate, aquel escándalo de espionaje y corrupción que sacudió al Gobierno de Nixon a comienzos de los años setenta del pasado siglo.

Si no se habla de ‘gates’ es porque lo que está sucediendo en Chile ya no es un escándalo. Escándalo, para entendernos, sería un hecho o situación excepcional que sale a la luz pública y produce indignación colectiva. Por el contrario, los casos de corrupción de los últimos meses no parecen excepcionales, sino más o menos generalizados, incluso estructurales. Hay principios elementales que no solo no son honrados en la actividad política y económica, sino que ni siquiera parecen ser entendidos por quienes están llamados a cumplirlos: un senador de la república recibía remuneraciones mensuales de una compañía pesquera, mientras un ministro de Estado que debía liderar la agenda de probidad ni siquiera se toma la molestia de informar al Gobierno de los servicios también pagados que prestara a una empresa minera mientras era diputado. ¿No son casos consistentemente grotescos?

 Hay principios elementales que no solo no son honrados en la actividad política y económica, sino que ni siquiera parecen ser entendidos por quienes están llamados a cumplirlos: un senador de la república recibía remuneraciones mensuales de una compañía pesquera, mientras un ministro de Estado que debía liderar la agenda de probidad ni siquiera se toma la molestia de informar al Gobierno de los servicios también pagados que prestara a una empresa minera mientras era diputado. ¿No son casos consistentemente grotescos?

Ahora bien, si los problemas son estructurales, también debieran serlo sus soluciones. En este sentido, las recomendaciones de la comisión Engel, aun con su déficit democrático, son probablemente un buen conjunto de ideas y políticas para empezar a afrontar algunas de las debilidades más llamativas de las instituciones políticas chilenas. No obstante lo cual, pudieran malentenderse si son tomadas como un llamado a recuperar la confianza, pues allí habría algo disonante. ¿Recuperar la confianza en qué? ¿Recuperar la confianza en quién?

La palabra 'confianza' procede del latín fides, como se sabe, que tenía el sentido de creencia o fe religiosa, así como el jurídico de buena fe, garantía dada, fidelidad a una palabra empeñada. En nuestro uso de la palabra, la confianza supone un vínculo entre dos personas mediante el cual una de ellas deposita su fe en la otra: que ejecutará un mandato, que cumplirá un encargo, etc. En este sentido, como vínculo personal, no resulta conveniente apelar a la confianza para encarar problemas políticos. La política precisamente surge cuando las relaciones interpersonales no pueden garantizar los derechos y libertades de cada cual, ni posibilitar alguna realización del interés común.

Es lo que justifica un poder soberano que sea capaz de asegurar algo de justicia, algo de libertad, algo de paz. La confianza, si de ella se puede seguir hablando, cambia así de sentido. Ya no es fidelidad o garantía de persona a persona, de ciudadano a presidente, parlamentario, alcalde, sino buena fe política, vale decir, fidelidad que nos es exigible para con unas reglas e instituciones que podamos asumir por ser equitativas y haber sido generadas democrática, autónomamente. De manera análoga ha de hablarse del empresario que reclama nuestra confianza ante el libre ejercicio de su poder económico, pues tal reclamo podría pretender una institucionalidad que le permita disfrazar de interés general lo que no es más que cruda persecución de su propio interés.

Por eso, cuando un político (o un empresario) añora la confianza perdida, puede estar pidiéndonos demasiado. Y es que la situación en la que nos encontramos hoy en Chile se debe, en buena parte, a que los chilenos hemos perdido esa fe ingenua y personal con que antes contaban naturalmente nuestros representantes (y emprendedores). Todo indica que hoy somos una población más consciente y crítica.

Por eso mismo entendemos, como no lo hacíamos hace tan solo diez años, que ciertas prácticas políticas y financieras son inaceptables. De ahí también que el llamado a recuperar la confianza, si esta significara fidelidad personal, sería regresivo, casi feudal. Sin embargo, si de lo que se trata es de la confianza en el otro sentido, el sentido políticamente relevante, en tal caso la discusión sí que se vuelve interesante, porque entonces estaríamos hablando de amistad política, de certeza jurídica, de solidaridad moral, y también –¡no solamente!– de patriotismo constitucional.

Así, pues, si la actual crisis política no es solo una crisis de confianzas interpersonales, sino también y sobre todo una crisis de fidelidad a un pacto que no constituye sino que entorpece la vida en común, habrá que deliberar tan razonablemente como sea posible acerca de aquellos arreglos institucionales que mejor posibiliten el interés común y recíproco –y, faltaba más, los derechos de cada cual–. Esto es algo que hay que hacer porque va en el mejor interés de todos, en el entendido, claro, de que sirve para construir un fundamento ecuménico que derechas e izquierdas estarán en condiciones de compartir, respecto del cual podrán prestar lealmente su consentimiento y que, en fin, franqueará un mundo común para librar abierta y civilizadamente las batallas partisanas.

Es, pues, algo que conviene hacer, pongan la cara que pongan los que preferirían reemplazarnos en tal deliberación, algunos de los cuales, conservadores y progresistas, se han beneficiado impúdicamente de la mala privatización de la política y de la pésima politización de la actividad económica que hemos vivido estas décadas y de la que nos estamos enterando mejor últimamente. Quizá la presente desinstitucionalización, a fin de cuentas, sea la que termine por desencadenar un amplio, un profundo proceso constituyente entre nosotros.

Si Kant se preguntaba cuál sería la fisonomía nacional de un pueblo educado por una secta religiosa (de “infantes celestiales sobrenaturalmente privilegiados”), ¿no debiéramos preguntarnos qué rictus terminará exhibiendo un pueblo que se siente abusado por (una cantidad significativa de) políticos corrompidos y gerentes corruptores?

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