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Operación Cóndor: la trama inconclusa del financiamiento de la impunidad

por 24 junio, 2015

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En estos últimos días el Estado de Chile identificó a tres detenidos desaparecidos víctimas de la Operación Cóndor. Se trata de Ricardo Ramírez Herrera, Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Bortnik, quienes fueron detenidos en Argentina en el mes de mayo de 1977 y, como sólo se acreditó fehacientemente hasta ahora, trasladados desde Buenos Aires hacia Santiago.

La Operación Cóndor consistió en la coordinación de los órganos represivos de las dictaduras del Cono Sur, ideada para extender la persecución más allá de las fronteras nacionales. La coordinación represiva incluyó el trabajo in situ de la inteligencia chilena en Argentina, en donde se facilitó la actuación directa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

La reciente identificación genera la pregunta de cuán habitual fue el traslado de detenidos entre Argentina y Chile. La realidad, nos da cuenta de que era factible hacerlo, ya que la coordinación Cóndor daba el soporte requerido para un Chile dictatorial que priorizaba la represión. Sin embargo, es razonable pensar que los traslados fueron excepcionales y que el tráfico de personas interfronteras obedeció a motivos de cierta importancia para los entes represores. Entonces, qué fue lo que motivó el traslado de Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Ricardo Ramírez, y posiblemente de los otros detenidos, a Chile?

El año 1977, consumada la desestructuración del Partido Comunista, tras la detención y desaparición de numerosos militantes y de sucesivas directivas, la entidad partidaria en el exterior definió reconstituirse internamente para volver a impulsar la lucha por la recuperación de la democracia. Ricardo Ramírez Herrera viajó desde Europa con esa misión. Alexei Jaccard Siegler hizo lo propio, trayendo consigo una considerable suma de dinero que haría posible el plan. En Buenos Aires fueron acogidos por chilenos y argentinos que allí residían.

Jacobo Stoulman Bortnik, era un empresario chileno que suscitaría pocas sospechas en caso de portar o transferir altas sumas de dinero, probablemente por ello fue él quien viajó desde Santiago a Buenos Aires el 29 de mayo de 1977, junto a su esposa, Matilde Pessa Mois. El matrimonio fue detenido al arribar al aeropuerto trasandino, sin conocer que Ramírez, Jaccard, Velásquez y nueve argentinos habían sido previamente detenidos en la misma ciudad mediando el mes de mayo. En Chile, Riuter Correa Arce, quien también participaba del plan, fue detenido y encontrado muerto en el río Mapocho los últimos días de mayo de 1977. El día 07 de junio, Hernán Soto Gálvez fue detenido en Santiago y hecho desaparecer. Lo que pasó después sólo hasta hoy se está aclarando.

 Parece ser que el propósito del traslado a Chile de los secuestrados fue reunir más dinero, objetivo que posiblemente se logró. Si así fue, a la gestión pudo haber ayudado la comparecencia personal en Chile de Jacobo Stoulman, quien –en calidad de secuestrado, presionado por la detención de su mujer y la situación de sus tres hijas pequeñas– pudo haber entregado parte de lo suyo a la DINA. Es una hipótesis potente.

Responder a la pregunta relativa a cuál fue el motivo del traslado de los detenidos a Chile, es difícil. Si el objetivo de la DINA era eliminar a quienes luchaban contra la dictadura, no era necesario traerlos a Chile, dado el costo operativo que involucraba ese movimiento.

La verdad es que en el caso Stoulman-Pessa-Ramírez ocurrió algo inhabitual. Los detenidos provenientes de Europa portaban dinero y Jacobo Stoulman era un empresario que lo manejaba, pues, a la sazón, era socio de una casa de cambios en la ciudad de Santiago. Probablemente la DINA vislumbró la posibilidad de conseguir más dinero en Chile y, de paso, detener a quienes pudieran estar involucrados internamente en la reestructuración del Partido Comunista.

Al no tenerse noticias del matrimonio Stoulman, su familia contrató al abogado Ambrosio Rodríguez con el fin de que viajara a Argentina y los trajera de regreso. Pero, al parecer, ellos no estaban enterados del grado de vinculación que el abogado tenía con la DINA, para la que prestaba servicios tales como la defensa de sus agentes. Así ocurrió con el operativo DINA Heriberto Acevedo Acevedo, involucrado en el mes de marzo 1977 en el robo de un automóvil, episodio que produjo un conflicto entre Carabineros y la DINA y la posterior muerte con gas sarín, en manos de sus compañeros, del también agente de la DINA, Manuel Leyton Robles.

La familia Stoulman también se apoyó en el Rabino Ángel Kreiman sin saber, como hoy se sabe, que era cercano al régimen militar. De las gestiones realizadas por ellos sólo emanaron pistas falsas

Parece ser que el propósito del traslado a Chile de los secuestrados fue reunir más dinero, objetivo que posiblemente se logró. Si así fue, a la gestión pudo haber ayudado la comparecencia personal en Chile de Jacobo Stoulman, quien –en calidad de secuestrado, presionado por la detención de su mujer y la situación de sus tres hijas pequeñas– pudo haber entregado parte de lo suyo a la DINA. Es una hipótesis potente.

Lo ocurrido con los demás chilenos y argentinos secuestrados y desaparecidos en relación con los mismos hechos, no está claro. Nueve argentinos desaparecieron sin dejar rastro, Riuter Correa Arce fue asesinado, Hernán Soto Gálvez fue desaparecido e identificado sólo hasta el año 2012, Héctor Velásquez Mardones permanece como detenido desaparecido al igual que Alexei Jaccard Siegler.

El testimonio de un sobreviviente que declaró en el proceso judicial, ratifica que Riuter Correa Arce, Hernán Soto Gálvez y él debían contactarse en Chile con los militantes que venían desde Argentina con información y dinero. El testigo no sabe del rol que cumpliría el matrimonio Stoulman-Pessa, pues la información por seguridad estaba compartimentada.

Los agentes de la DINA en sus declaraciones judiciales han hecho algunas referencias al caso. Guillermo Ferrán Martínez, sargento 1° del Ejército en retiro, señala que un día por la noche vio llegar al Cuartel Simón Bolívar a un argentino, de unos 30 años y muy malherido, agregando que paralelamente ingresaron dos húngaros o búlgaros, llamados así por los lugares en que presumiblemente habían vivido el exilio. El agente Héctor Valdebenito Araya, sargento 1° de Carabineros, agrega que en abril de 1977 viajó a la ciudad de Mendoza, en un auto y un furgón, con el agente y capitán de Carabineros Ciro Torre, con un carabinero de apellido Urrutia y un suboficial de la FACH del que no recuerda el nombre. Indica que un funcionario del Ejército de Argentina les hizo entrega de dos personas jóvenes y en buen estado. Sólo recuerda que uno de los detenidos medía un metro sesenta aproximadamente y usaba el pelo corto. Añade que al llegar a Chile entregó a los detenidos en Villa Grimaldi. El agente finaliza recordando que al Cuartel Simón Bolívar ingresaron dos personas que vivían en Hungría y que fueron detenidos en Argentina, uno de los cuales tenía aproximadamente 25 años, estaba recién casado, era delgado y de 1.80 m de estatura y que el otro detenido era más bajo y de similar edad. Ambos, según se enteró, fueron eliminados con "gas sarín". Otro agente, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, cabo 2° del Ejército, relata el caso de un prisionero político con cargo de dirigente en las bases del PC que fue detenido en Argentina y trasladado posteriormente al Cuartel Simón Bolívar, siendo eliminado, según cree recordar, mediante gas sarín, junto a otro militante que residía en Noruega.

Los declarantes no recuerdan a una mujer trasladada desde Argentina.

Las hojas de vida de los agentes no se refieren a acciones concretas. Un agente es felicitado por participar en la “localización de importantes objetivos de su área específica” en julio de 1977 y, respecto de otro agente, se exalta el “Periodo de intenso trabajo de su Unidad en una serie de misiones que exigían presencia de ánimo”, en mayo de 1977. Posiblemente las anotaciones dicen relación con las acciones de la DINA en aquel episodio.

El pacto de silencio inhibe a los agentes, quienes omiten, no recuerdan y posiblemente tergiversan los fragmentados hechos. Probablemente resuena en ellos el “asesinato pasional” del agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido el año 2011 en Buenos Aires, y el “suicidio” en 2004 de quien fue Jefe del Cuartel Simón Bolívar y encargado de la persecución del Partido Comunista, German Barriga Muñoz.

Las recientes identificaciones, unidas a los relatos de los agentes, proporcionan datos concretos que ayudarán a reconstituir una verdad llena de vacíos y hacer justicia según el impulso que le otorgue a la investigación el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Las víctimas chilenas y argentinas de esta operación nos hablan del gesto ético de los caídos en la lucha antidictadura. Ahí está el militante comprometido, el muchacho idealista, el hombre de convicciones, los que solidariamente se arriesgaron y los que simplemente se vieron envueltos en esta nefasta trama. En la otra vereda, la DINA, sus crímenes y el pillaje.

Lo que pasó con el dinero no lo sabemos, probablemente algunas fortunas de los funcionarios de la época se vieron incrementadas. Pero, como sea, el dinero financió la impunidad y, peor aún, la falta de memoria que hace que hoy, en el Chile de 2015, no se informe, no se rinda homenaje, no se recuerde ni hable de la gesta de los chilenos y argentinos que dejaron su vida a manos de la Operación Cóndor.

Escrito en homenaje a los chilenos Ricardo Ramírez Herrera, Héctor Velásquez Mardones, Hernán Soto Gálvez, Riuter Correa Arce, Alexei Jaccard Siegler, Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois, y de los argentinos Marcos Leder, Mauricio Leder, Mario Clar, Sergio Clar, Rodolfo Sánchez Cabot, Luis Cervera Novo, Ricardo Isidro Gómez, Juan Cesáreo Arano y Carmen Candelaria Román.

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