domingo, 24 de enero de 2021 Actualizado a las 04:27

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El Estado contra los partidos políticos

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El Gobierno, que necesita buscar responsables de la gran crisis política, ha encontrado una buena víctima propiciatoria en los partidos políticos y en la práctica los ha señalado como los grandes responsables colectivos, ya sea de los males del Ejecutivo o del Congreso Nacional; y, obrando en consecuencia ha procedido a enviar una indicación, que importa en la práctica una forma muy compleja para mantenerlos con vida y que en mucho se parece a una disolución encubierta por tener padrones electorales que el poder Ejecutivo objeta en cuanto a su legitimidad. Lo que hace este último, en verdad, es desconocer la validez de los actuales padrones electorales de los partidos políticos y con ello, en el fondo, está cuestionando en forma radical y profunda a las actuales directivas de esas organizaciones políticas.

Recordemos que antes de la dictadura de Pinochet los partidos eran asociaciones libres, con un alto contenido ideológico, donde se ingresaba mayoritariamente para hacer equipo con otros, en los sueños de hacer un país mejor. Como los partidos no fueron capaces de mantener el orden de sus congresistas y del Poder Ejecutivo, ocurrió lo de 1973; y la Junta Militar muy atenta procedió a disolverlos de facto. Costó lo indecible mantener a los partidos vivos en la clandestinidad y recordamos el refichaje secreto que realizo Eric Campaña en la Democracia Cristiana, en una operación llamada Gedeón; fichaje que nos permitió hacer elecciones sin tener existencia legal y elegir notables directivas y comisiones políticas presididas por Gabriel Valdes y Patricio Aylwin. Solo tuvimos algunos problemas cuando se acercó la hora del poder.

La decisión política del Ejecutivo es achacar responsabilidad política principal a los partidos políticos y por ello los obliga a una forma de disolución que tiene dos características muy singulares. A pesar de que los partidos son organismos de derecho público y como tales existen en la actual Constitución política, perderán su existencia si no tienen afiliados en el número exigido. A simple vista parece obvio, pero una segunda mirada nos dice que ninguna ley puede pasar por encima de derechos constitucionales que dicen relación con el derecho de asociación y, en particular, con la asociación política de la forma que parece querer hacerse.

 Lo que hace el Ejecutivo, en buen romance, es decir adiós a los actuales partidos políticos. Lo grave es que sus actuales dirigentes, sobre el tema tan delicado de los padrones electorales internos de los partidos, nada han dicho, por lo cual, sin decirlo expresamente, estarían aceptando que sus militantes registrados en los padrones electorales actuales no son tales. No obstante los defectos de los partidos políticos, estos son organizaciones vitales para el funcionamiento de la democracia.

Ante las graves dificultades y problemas políticos, se busca una solución de apariencia constitucional y se dice que los partidos se salvarán si las personas que hoy día forman parte de sus padrones, ratifican su voluntad; ratificación que requerirá de un acto oneroso, a menos que se imponga una carga a los notarios públicos, y que supondrá una actividad de los ciudadanos y ciudadanas de expresar formalmente su voluntad de seguir perteneciendo a un partido político.

La zanahoria será que los partidos políticos que logren mantener sus afiliados al mínimo que establece la ley, podrán recibir los aportes estatales, los que serán proporcionales a las regiones en que el partido quede inscrito. Pronto aparecerá la industria de vendedores de afiliaciones.

Cuando Pinochet dictó la ley de partidos políticos, tenía la esperanza de que no se constituyeran y así nos fue informado por muchos medios. A pesar de eso, algunos decidimos llevar adelante la propia tarea de constituir partidos políticos conforme a una ley exigente, en un ambiente dramáticamente hostil, distinto al de ahora, aunque quizás también hoy día el ambiente sea más hostil de lo que se piensa. Así reconstruimos el PDC y sus actuales padrones, sin llevar a las personas a las notarías. De haberse exigido aquello, habríamos fracasado.

A lo anterior se agrega un denodado entusiasmo por los aportes estatales a los partidos políticos que permitirían sortear las pobrezas de la actualidad, pero que al mismo tiempo implican una intromisión feroz del Estado en las asociaciones que por excelencia son la esencia de una verdadera y auténtica democracia. La circunstancia de disponer de dinero no hará a los partidos políticos mejores y auguramos que los hará peores.

Este no es un tema administrativo y está resolviéndose de una manera muy liviana y pareciendo olvidar que lo más peligroso es incubar el deseo de que los partidos políticos no existan o dependan de tal forma del poder político, o del Estado en particular, para que vayamos caminando hacia formas de autoritarismo, en sus versiones populistas o fascistas.

Establecer por la vía legislativa que los padrones electorales de los partidos políticos son truchos o ideológicamente falsos, por lo cual el Estado decide intervenirlos, obligándolos a reconstituirse nuevamente, es olvidar que los partidos son comunidades libres de ciudadanos y ciudadanas y no organizaciones controladas por el Estado.

Cuando los partidos pierden su esencia y todo su actuar es fiscalizado por el gran Estado, no cabe la menor duda de que se comienza a entrar en un sistema autoritario.

Lo que hace el Ejecutivo, en buen romance, es decir adiós a los actuales partidos políticos. Lo grave es que sus actuales dirigentes, sobre el tema tan delicado de los padrones electorales internos de los partidos, nada han dicho, por lo cual, sin decirlo expresamente, estarían aceptando que sus militantes registrados en los padrones electorales actuales no son tales. No obstante los defectos de los partidos políticos, estos son organizaciones vitales para el funcionamiento de la democracia.

El Estado no puede intervenir en ellos, en la forma como propone el Ejecutivo, porque ello representaría una forma abusiva de introducirse en estas organizaciones que deben tener la más amplia libertad para funcionar. Ellos se deben autorregular, con completa transparencia, pero no se puede aceptar la idea de someterlos drásticamente al control del Estado, aunque así lo recomiendan expertos que no han militado nunca y ello porque los militantes en su inmensa mayoría son personas respetables y preocupados del quehacer nacional.

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