Opinión
El financiamiento también es un poder. La pregunta por el financiamiento universitario es, en consecuencia, inescindible del problema de la división del poder universitario. Quien financia es, en último término, quien maneja las condiciones de sustento material de los académicos.
En esta cuarta columna de la serie “La frágil universidad” pondré foco en la cuestión del financiamiento universitario. Él es una parte fundamental de la división del poder universitario.
La universidad realiza dos tareas básicas: docencia e investigación. Se discute quién debe pagar por ellas, si los privados o el Estado.
El financiamiento fiscal se justifica por varias razones. Debe haber una contribución fiscal, toda vez que la educación es una herramienta de promoción social. Existe consenso en que los niveles de ingreso, las posibilidades de emplearse mejor, de establecer redes sociales más amplias y estimulantes, se hallan asociados a niveles más altos de educación. Además, la contribución fiscal se justifica porque conviene que se financie al menos a quienes no tienen capacidad de pago, toda vez que la educación superior resulta beneficiosa en general para el conjunto de la sociedad. Los niveles de consciencia pública, de productividad de la economía, de despliegue de la vida cultural y social están ligados a ella. Ese financiamiento, al menos de quienes carecen de financiamiento privado, permite, asimismo, si es razonable, suspender aspectos enajenantes de la dinámica socio-burguesa, a saber, el temor en las familias de menores recursos de que sus hijos sean excluidos de la universidad o la educación técnico-profesional, y el surgimiento de dos clases excesivamente diferenciadas.
Aunque la investigación no está ligada necesariamente a la docencia, sí está vinculada a una docencia de calidad. Es distinta la docencia que puede realizar un profesor familiarizado con la actividad investigativa, con las preguntas y las discusiones o avances en su respectiva disciplina, la prestancia con la que se plantea ante sus alumnos y la riqueza vital de sus explicaciones, que la de un docente completamente ajeno a las labores de investigación, forzado a repetir lo que otros le han comunicado. Habida cuenta de que la investigación es muy cara en comparación al costo de la mera docencia (dotar plazas de investigadores y proveer laboratorios y bibliotecas es muchísimo más caro que pagar simplemente las horas de docencia), requiere de un apoyo especial para su financiamiento.
La investigación debe ser financiada por el fisco, más allá de su vinculación con la docencia, porque ella es relevante para la cultura y la economía del país. Especialmente significativo es aquí el apoyo a la investigación que no se deja expresar en patentes o proveer de beneficios económicos apropiables fácilmente por los privados. En Chile, la ciencia es muy incipiente. Sin embargo, aun así, ella ha sido relevante. Ha contribuido a la formación de las élites, al desarrollo de importantes áreas productivas, a la maduración de los cuerpos académicos y de la capacidad reflexiva de las propias universidades, a la integración del país a redes investigativas internacionales, a la difusión de la más alta cultura.
La contribución del Estado al financiamiento universitario, sin embargo, ha de estar limitada. Debe tenerse en cuenta, a la hora de financiar la universidad, la exigencia de la división del poder (cf. la columna pasada en El Mostrador: «División del poder universitario»). El financiamiento también es un poder. La pregunta por el financiamiento universitario es, en consecuencia, inescindible del problema de la división del poder universitario. Quien financia es, en último término, quien maneja las condiciones de sustento material de los académicos. Para que la división del poder científico y educativo sea real y no meramente nominal, es necesario que las universidades, independientemente de quien sea su titular, cuenten con un financiamiento adecuado a sus necesidades, y que el control de ese financiamiento no esté en manos de un solo centro de poder.
[cita] En Chile esta dependencia resulta especialmente inconveniente. Debido a una inveterada costumbre, el Estado integra a una gran cantidad de funcionarios partidistas. La ausencia de una burocracia profesional en los niveles de mando medio y alto de los ministerios importa que depender del poder de financiamiento del Estado no sea, en estricto rigor, depender del Estado, sino, más específicamente, del Gobierno en ejercicio y de su peculiar agenda política. [/cita]
Estoy suponiendo aquí la exclusión de aquellas instituciones que retiran excedentes, pues el retiro importaría volver inútil la participación de fondos fiscales y filantrópicos en la educación superior (algo parecido a un saco roto donde el Estado aporta por un lado y por el otro el privado recoge el dinero), además de ser incompatible con el desarrollo exitoso de tareas que –ya lo he dicho– son muy costosas, a saber, la investigación como generación de conocimiento y la enseñanza ligada a la investigación.
Esta división del control del poder de financiamiento solo puede lograrse si se descansa en instancias en las que efectivamente se maneja poder y no solo en resguardos puramente normativos. Un primer mecanismo de división es el que se logra en los Estados federales o con una intensa descentralización política, donde el control del poder de financiación se reparte, cuanto menos, entre dos centros de impulsión eficaces: el Estado central y el Estado miembro o la región políticamente descentralizada. Aquí hay una buena razón (más) para avanzar, al menos, hacia la descentralización política en nuestro país.
Un segundo mecanismo de división del poder de financiamiento es el que depende de la existencia de un régimen de aportes mixto, que incluya al fisco y a los privados, a través del pago de aranceles y matrículas por parte de las familias comparativamente más ricas, así como de un sistema transparente y regulado de donaciones y dotaciones financieras (endowments) a las instituciones. Cabe pensar incluso en sistemas de dotación financiera de aporte mixto: fiscal y privado, que garanticen a largo plazo la independencia económica de las universidades.
La justificación de la inclusión de los privados en el financiamiento de la educación superior y, en definitiva, del carácter mixto de ese financiamiento, es política y no de mero interés económico o particular: la división del poder (de financiamiento) es condición de la correlativa libertad universitaria, que es condición, a su vez –recordémoslo–, del uso público de la razón.
Universidades que gocen de una autonomía garantizada de manera puramente jurídica, pero donde esa garantía no esté asentada todavía sobre una efectiva separación del poder de financiamiento –entre Estado y privados, de un lado, entre poder central del Estado y poder local, del otro– terminarán quedando a disposición del poder central y las lógicas de instancias extrauniversitarias. Conocemos los riesgos de la irrupción de una lógica mercantil en las universidades. Pero tan dañina para la libertad de la razón como ellos, es la dependencia exclusiva de las universidades de un poder estatal centralizado, que pueda negociar con ellas los términos y condiciones del financiamiento.
En Chile esta dependencia resulta especialmente inconveniente. Debido a una inveterada costumbre, el Estado integra a una gran cantidad de funcionarios partidistas. La ausencia de una burocracia profesional en los niveles de mando medio y alto de los ministerios importa que depender del poder de financiamiento del Estado no sea, en estricto rigor, depender del Estado, sino, más específicamente, del gobierno en ejercicio y de su peculiar agenda política. Un sistema de educación superior, en cambio, solo puede conformarse y desplegarse adecuadamente si se le establecen caminos y criterios de largo plazo, y se lo deja menos expuesto a las visiones y decisiones de los funcionarios políticos.
