El documento del Mineduc que esboza la propuesta del gobierno sobre reforma al sistema nacional de educación superior, presentado el 14 de julio recién pasado, busca hacerse cargo de diversos aspectos necesarios para que el sistema terciario de educación de nuestro país, en su totalidad, alcance los estándares necesarios de calidad e integración social, que hoy la sociedad demanda.
Si bien valoramos como representante estudiantil las medidas que apuntan a fortalecer la calidad, los sistemas de acreditación y la creación de un sistema único de acceso, nos preocupa seriamente una las condiciones propuestas para garantizar el acceso a la gratuidad universal en las universidades.
La condición específica que nos preocupa es la imposición de formas de gobierno universitario, que el texto en cuestión define como democráticas y triestamentales, siendo que el documento parte de la base de respetar la autonomía universitaria, garantía absoluta en el desarrollo de cualquier proyecto educativo y expresión de la pluralidad social. La imposición viene de la mano del financiamiento, las instituciones que no accedan a cambiar sus formas de gobierno no tendrán acceso a los recursos del Estado.
[cita] La imposición estatal de formas de gobierno puede terminar desfigurando los proyectos educativos y atentando gravemente contra la pluralidad de visiones que en educación deben existir para contribuir al carácter diverso de la sociedad. [/cita]
Consideramos que esta es una imposición arbitraria, que no toma en cuenta que la forma de gobierno de cada casa de estudio es expresión y garante de su proyecto educativo. Si bien somos partidarios de aumentar la participación de todos los miembros de nuestra comunidad en las decisiones de nuestra casa de estudio, nos parece fundamental que esta tenga autonomía para ver el mejor medio a implementar.
Hoy nuestra universidad se encuentra en medio de un proceso de reflexión que apunta a ampliar los espacios de participación, para estudiantes y trabajadores, en la organización y toma de decisiones de la universidad, porque ciertamente todos los miembros de la institución son responsables del bien de la misma. En este sentido la triestamentalidad no asegura de por sí la participación y, por tanto, el foco de la reforma debiese estar en garantizar espacios de deliberación, diálogo e intercambio de perspectivas, evitando la generación de un campo de lucha por el poder donde primen los intereses particulares de cada sector.
El fin de la reforma en lo referido al gobierno de cada institución debe apuntar a fomentar y garantizar la participación, de los diversos actores, en cada universidad, pero respetando las formas de gobierno que de acuerdo al proyecto educativo en cuestión se presenten como más adecuadas para alcanzar el fin que cada institución se ha propuesto. En este ámbito no existe una receta única y la imposición estatal de formas de gobierno puede terminar desfigurando los proyectos educativos y atentando gravemente contra la pluralidad de visiones que en educación deben existir para contribuir al carácter diverso de la sociedad.
Por esperamos que el gobierno reflexione seriamente sobre las consecuencias que este de imposiciones traería sobre el sistema educativo.
