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Mapuche: avanzar de lo político a lo jurídico

por 6 octubre, 2015

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En las últimas décadas, las soluciones a la incómoda relación que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche solo se han buscado en la política. En este sentido, el advenimiento de la Concertación auguraba un mejor trato hacia los indígenas, mas no significó un mejoramiento sustancial de nuestras condiciones. En algunos casos hasta ha resultado peor. De hecho, habiéndose limitado la investigación y sanción de la violencia estatal únicamente a los casos ocurridos durante la dictadura de Pinochet, las muertes, torturas y desapariciones ocurridas durante los gobiernos democráticos -Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo, José Huenante, nuestras víctimas más renombradas- han sido soslayadas por la justicia nacional.

Para la comprensión del fenómeno reivindicatorio indígena rara vez se acude al Derecho. Normalmente, las respuestas provienen de la Historia, la Antropología, la Sociología, aunque principalmente de la Política. Así se refleja en los programas presidenciales, en la opinología, en las recomendaciones de los relatores de la ONU y en sentencias de la Corte Interamericana fundadas en Tratados internacionales sobre Derechos Humanos cuyas normas no son más que “promesas bíblicas” para los mapuche. Pero lo que anhelamos no es justicia divina; nosotros queremos justicia terrenal y que el Estado chileno proceda a ajustar su ordenamiento jurídico de la misma manera que lo ha hecho en favor de otros sectores discriminados como, por ejemplo, las minorías sexuales.

De un tiempo a esta parte, el análisis de la situación mapuche se ha transformado en un diagnóstico repetitivo, tautológico, redundante: es problemático porque hay un problema. Sin embargo, mientras esperamos que un nuevo trato se concrete, la justicia chilena sigue operando. Mientras alucinamos con el sueño del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la justicia chilena nos sigue pegando abajo. No quiero decir que el trabajo y la lucha política del mapuche esté errada ni, mucho menos, que haya de abandonarse. Lo que pretendo es, precisamente, marcar la diferencia entre Derecho y Política pues, aunque mortalmente parecidas, se trata de disciplinas y estrategias diferentes. En la práctica esto se demuestra en el amplio apoyo ciudadano a las reivindicaciones mapuche y en el -por qué no decirlo- transversal acuerdo político por mejorar la relación entre Chile y los pueblos indígenas que lo habitan. Sin embargo, esa enorme simpatía política no se ve reflejada en las causas judiciales donde intervienen mapuche. En el plano jurídico, lo “políticamente correcto” es aplicar con rigor la legislación antiterrorista o, derechamente, excusarse de dirimir conflictos entre comunidades indígenas so pretexto de que es competencia de la Conadi -y, luego, la Conadi le tira la pelota a la Contraloría y así ad infinitum-.

El problema es que la justicia chilena no logra comprender que hay un sinnúmero de conductas que para nosotros no son delitos, como sucede con la -el- Tralkán Machi o “Machi del trueno” que va de comunidad en comunidad portando su escopeta para realizar sus ceremonias.

Ciertamente, existe una aversión de parte nuestra hacia el Derecho y salvo excepciones -probablemente, Aucán Huilcamán-, no existe iniciativa en los líderes mapuche para influir en el mundo jurídico chileno. Este avance marcaría, sin duda alguna, una nueva relación entre el indígena y el Estado chileno, abandonando de una buena vez el paternalista trato heredado de Bartolomé de las Casas y continuado por otros simpatizantes contemporáneos de nuestra cultura. La asunción de lo jurídico por parte del mapuche llevará a replantearse cuestiones fundamentales como la supervivencia de nuestro Admapu, o si la reconstrucción de nuestro Derecho ha de hacerse fuera o dentro del ordenamiento jurídico chileno. Decidido que sea dentro de los márgenes estatales habría que determinar el rol de nuestra costumbre indígena, costumbre que ha de servir no sólo para ofrecer nuestra gastronomía en ferias o disfrazarnos para complacer a la élite política el “día de la raza”, sino ante todo para recuperar nuestra lengua, nuestras tierras, nuestro conocimiento ancestral, nuestra libertad.

Si hemos de convivir en paz, esencial resulta el respeto a nuestro Derecho, nuestro Admapu. Y como el Estado no lo ha hecho es nuestra responsabilidad como mapuche avanzar y derrotar la aversión por lo jurídico, desarrollando conocimiento que esté a la mano del juzgador al momento de decidir, por ejemplo, si un mapuche preso puede salir -por un momento- de la cárcel a ejercer su rol de autoridad en una ceremonia religiosa, tal como ocurrió hace unos meses en Cañete. Esta última es señal que el racismo no tiene cooptado a toda la administración de justicia chilena. Y así como ocurrió en Cañete, han de haber muchos otros jueces que, esperando hacer justicia para el indígena, no cuentan con el conocimiento jurídico adecuado para fundamentar sus decisiones.

Como me comentaba un profesor de Derecho Penal, el escaso entendimiento de la costumbre indígena lleva a declarar como “error de prohibición” conductas que son “atípicas”. Quizás el lector lego no comprenda la diferencia que hay entre uno y otro concepto, pero créame que hay un desierto entre ellas. Y créame, también, que los mapuche no somos tontos como para ignorar, por ejemplo, que caminar por la calle con un arma de fuego es un delito ante la legislación chilena. El problema es que la justicia chilena no logra comprender que hay un sinnúmero de conductas que para nosotros no son delitos, como sucede con la -el- Tralkán Machi o “Machi del trueno” que va de comunidad en comunidad portando su escopeta para realizar sus ceremonias.

El destino de nuestro pueblo se juega en las altas esferas políticas chilenas, qué duda cabe. Pero no podemos soslayar que día a día se juega también en los tribunales del país, en cuestiones que causan conmoción pública -como en las denominadas causas “terroristas”- y también en cuestiones más cotidianas como la indicada recién, problemas para los que la política no entregará una pronta y adecuada respuesta. De ahí el deber del mapuche de avanzar y adentrarse en el -hasta ahora- ajeno y desconocido mundo jurídico chileno.

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