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Las inhabilitaciones pendientes en la elección del Fiscal Nacional

por 13 octubre, 2015

Las inhabilitaciones pendientes en la elección del Fiscal Nacional
Si bien aún no ha habido una resolución judicial respecto de las imputaciones hacia ninguno de ellos, existe un evidente conflicto de interés en su posición de investigados para elegir a quien tendrá tanta potestad sobre dichas investigaciones.
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Durante esta semana la Presidenta Bachelet enviará al Congreso una propuesta para elegir al próximo Fiscal Nacional, nombre que tiene que ser ratificado por dos tercios de los senadores en ejercicio.

En el actual contexto de desconfianza y reforma de nuestras instituciones, este proceso es de la mayor relevancia para la ciudadanía, porque va a determinar la persona que va a liderar y coordinar todas las investigaciones de corrupción actualmente en curso. Es decir, será el encargado de liderar la investigación del caso Penta y SQM, de designar o remover a quien lleva el caso Corpesca o Caval y de decidir si se abrirán investigaciones respecto a nuevas aristas o no.

Según lo establece la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, le corresponde al Fiscal Nacional “fijar, oyendo previamente al Consejo General, los criterios de actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y en las leyes. Tratándose de los delitos que generan mayor conmoción social, dichos criterios deberán referirse, especialmente, a la aplicación de las salidas alternativas y a las instrucciones generales relativas a las diligencias inmediatas para la investigación de los mismos, pudiendo establecerse orientaciones diferenciadas para su persecución en las diversas Regiones del país, atendiendo a la naturaleza de los distintos delitos”. Es decir, contará con amplia discreción para manejar las investigaciones según como le parezca conveniente.

Entre aquellos investigados, los senadores Rossi (PS) y Moreira (UDI) han dado una señal positiva, planteando que no participarán de la votación en cuestión. El resto, Jorge Pizarro (presidente de la DC), Ena Von Baer (UDI), Eugenio Tuma (PPD) y Jaime Orpis (UDI), han descartado inhabilitarse o no han emitido opinión. Desde nuestra perspectiva, esta posición es éticamente reprochable y, si desean contribuir a restablecer confianzas entre la ciudadanía y sus instituciones, deben reconsiderarla.

Por lo mismo, es del más alto interés ciudadano conocer cuál de los cinco candidatos presentados por la Corte Suprema se convertirá en Fiscal Nacional por los próximos ocho años. ¿Queremos que Luis Toledo, quien asumió como fiscal del Caso Caval, ejerza este rol? ¿Preferimos a Juan Enrique Vargas, quien ha aportado solo desde el mundo de la academia, siendo el actual Decano de la Facultad de Derecho de la UDP? ¿Confiamos en José Morales, quien, en su momento, fue removido como fiscal del Caso Cascadas después de que los querellantes denunciaran que fue negligente en la investigación? Todas estas preguntas son del más alto interés público y deben estar sobre la mesa en el debate también público, en los medios y entre la ciudadanía, y en el debate político, que se está desarrollando entre La Moneda y el Senado.

En esta decisión política, que se está fraguando en La Moneda, los senadores son actores fundamentales, ya que la nominación de la Presidenta debe recibir la aprobación de al menos 25 senadores actualmente en ejercicio. Ante esta situación, la pregunta inmediata es qué rol están jugando los senadores que actualmente son investigados por la Fiscalía. Si bien aún no ha habido una resolución judicial respecto de las imputaciones hacia ninguno de ellos, existe un evidente conflicto de interés en su posición de investigados para elegir a quien tendrá tanta potestad sobre dichas investigaciones. Entre aquellos investigados, los senadores Rossi (PS) y Moreira (UDI) han dado una señal positiva, planteando que no participarán de la votación en cuestión. El resto, Jorge Pizarro (presidente de la DC), Ena Von Baer (UDI), Eugenio Tuma (PPD) y Jaime Orpis (UDI), han descartado inhabilitarse o no han emitido opinión. Desde nuestra perspectiva, esta posición es éticamente reprochable y, si desean contribuir a restablecer confianzas entre la ciudadanía y sus instituciones, deben reconsiderarla.

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