No cabe duda que el futuro de nuestro país y sus ciudades se vincula a la enorme y periódicamente riesgosa vecindad con el Océano Pacífico. Desafíos en torno al comercio exportador, al cambio climático o a la calidad de vida están absolutamente vinculados a lo que hagamos y dejemos de hacer a todo lo largo de nuestro territorio, que por condiciones geológicas extraordinarias, se dispone con más de 4.000 kilómetros de costas y variedad climática para diversas aglomeraciones urbanas, que hemos creado en una combinación entre condiciones para la habitabilidad y la producción pesquera, minera o de mercancías.
[cita tipo=»destaque»] Preocupante entonces que luego de casi dos décadas, nuestra institucionalidad y sus liderazgos temporales no hayan evolucionado, incluso se hayan alejado de las experiencias y recomendaciones internacionales que hace más de una década, intentaron ser plasmadas en las reconversiones de puertos urbanos…[/cita]
Luego de la modernización de la Ley de Puertos en 1997, que atomizó a la anquilosada estatal Emporchi, las ciudades portuarias chilenas iniciaron un proceso de inclusión de capitales privados en sus frentes de atraque, bajo lógicas de competitividad y eficiencia. No obstante los resultados macroeconómicos han sido favorables, 18 años después enfrentamos la necesidad de expandir esas infraestructuras, a la vez de puntos pendientes: desde el reconocimiento de los entornos en los procedimientos de diseño de infraestructura, pasando por la creación de los Consejos Regionales de Ciudades Puerto, por los ajustes necesarios en torno a la incorporación de autoridades locales a los Directorios, o por dejar recursos en la comuna donde se emplazan, hasta la pérdida de la tuición técnica de los planes y proyectos portuarios, que estuvieron alguna vez liderados por el Ministerio de Obras Públicas.
Preocupante entonces que luego de casi dos décadas, nuestra institucionalidad y sus liderazgos temporales no hayan evolucionado, incluso se hayan alejado de las experiencias y recomendaciones internacionales que hace más de una década, intentaron ser plasmadas en las reconversiones de puertos urbanos, pero que sorprendentemente y sin una responsabilidad clara, aún no han logrado en nuestras ciudades costeras buenos resultados ni en lo urbano ni en lo portuario. Basta observar las intervenciones que privatizaron los paseos costeros públicos de San Antonio, o la contaminación de Plomo en Antofagasta, o la polémica UNESCO del centro comercial y Terminal 2 de Valparaíso.
Debemos sumar a esto, la tardanza en reconocer sistemas portuarios regionales, donde las condiciones territoriales diversas permiten especializar ciertas áreas para distribuir los impactos de estas mega obras donde sean posibles, permitiendo el cuidado de los contextos más especiales, como es el caso de reservas naturales o de centros poblados, incluso con valor patrimonial universal.
Las claves para ello son conocidas y no pueden desconsiderarse: un emplazamiento adecuado que minimice impactos en la ciudad, un diseño que compatibilice actividades y flujos, diversificación de actividades y multiplicación de empleos. ¿Puede el Estado evadir esa responsabilidad para nuevos proyectos que pueden operar por más de un siglo?
Hoy se están tomando estas decisiones, que merecen toda nuestra atención y cuidado, pues no es posible perder una oportunidad de intervención, que reconociendo ese entorno específico logra diferenciar su procedimiento, diseño y usos de lo que ocurre en la complejidad de la ciudad y no un desierto inhabitado. Ante una ciudadanía contribuyente que exige calidad, la oportunidad requiere la innovación de una autoridad decidida y la coordinación necesaria interservicios, para cubrir un vacío que solo eternizará condiciones mono funcionales propias del subdesarrollo, que paradojalmente aparece en los discursos como lo que pretendemos superar.
