Desde hace meses, la opinión pública ha podido observar un debate entre el interés económico y el interés de vecinos y vecinas de Bellavista en torno a la construcción de un proyecto inmobiliario gastronómico ubicado en Constitución 241, al que se han opuesto los vecinos de este barrio con historia, tradición y valor patrimonial.
Como alcaldesa me interesa sobremanera recalcar un punto: me parece inconcebible que, por una ley de los años 80, cuya finalidad fuera fomentar el desarrollo inmobiliario, las atribuciones de los directores de obras puedan superar las de un servidor público elegido por los vecinos y las vecinas de una comuna.
La independencia en el ejercicio de las funciones no puede implicar una discrecionalidad absoluta. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben contemplar la eventualidad en la cual una autoridad elegida por la ciudadanía se encuentre prácticamente atada de manos frente a una decisión técnica administrativa.
Adicionalmente esto ocurre en el contexto de un país donde ha quedado claro que deben existir los contrapesos necesarios para evitar que la construcción de la ciudad se supedite solo a los intereses de un sector.
Esta alcaldesa ha propugnado, tanto en su programa de gobierno como durante el ejercicio de sus funciones, la defensa y puesta en valor de la identidad y el desarrollo de los barrios de Providencia, y es por esto que apoyamos la lucha que han dado vecinos y vecinas de Bellavista con el objetivo de proteger su barrio de los excesos de las grandes inmobiliarias.
No somos los únicos: la Seremi de Vivienda y Urbanismo acogió las denuncias de la comunidad organizada y, tras una investigación ardua y concienzuda, detectó vulneraciones a la regulación urbanística y al plan regulador de Providencia, las que fueron ratificadas por la autoridad ministerial.
En palabras de la Seremi, el permiso no se ajusta a la normativa actual y contraviene el plan regulador comunal, pues, entre otras observaciones hechas por la autoridad, en una vía local no se permite equipamiento mediano, sino solo equipamiento básico.
[cita tipo=»destaque»] Me parece inconcebible que, por una ley de los años 80, cuya finalidad fuera fomentar el desarrollo inmobiliario, las atribuciones de los directores de obras puedan superar las de un servidor público elegido por los vecinos y las vecinas de una comuna.[/cita]
Reitero que, para esta alcaldesa, el proyecto de Constitución 241 transgrede las normas urbanísticas actualmente vigentes en el municipio. Así, como gobierno local que ha implementado tres modificaciones al plan regulador vigente y que analiza una cuarta para los próximos meses, deseamos manifestar claramente que nuestros aplausos son para los vecinos, quienes fueron capaces de organizarse, investigar y defender sus derechos, cuestión que por nuestra parte, nos demuestra una vez más que Providencia sí ha cambiado.
Como alcaldesa de Providencia entiendo que existen procedimientos legales y administrativos que se deben respetar. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es dejar a un lado nuestras posturas sobre la visión que un determinado gobierno comunal, como el nuestro, tiene y sostiene en el ámbito urbanístico, sobre la ciudad y sobre los barrios. En este caso, esta alcaldesa está convencida de la pertinencia de paralizar una obra que contraviene el plan regulador comunal.
