La Ley del Lobby cumple su primer año de entrada en vigencia este 28 de noviembre. Esta ha permitido establecer un estándar mínimo para transparentar las interacciones entre los grupos de interés y quienes toman las decisiones en los diferentes poderes del Estado, considerando un modelo de registro público de las audiencias, viajes y donativos o regalos relacionados con miles de funcionarios públicos y autoridades, desde ministros de Estado a directores de obras municipales. Esta norma también entrega la posibilidad a todas las personas de solicitar reuniones a autoridades y funcionarios a través de una plataforma web o de un formulario en papel sin que medie –por ende– el privilegio ni la insistencia, como ocurría con anterioridad.
Durante las etapas de implementación de esta regulación se ha logrado una intensa cobertura en todo el territorio nacional. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con el órgano autónomo especialista en acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia, comenzó a trabajar hace bastante más de un año en capacitar a quienes serían los sujetos pasivos obligados al cumplimento de la ley. A estas alturas, se han realizado más de 260 inducciones a lo largo del país, capacitando a más de 6.000 personas que ocupan desde cargos técnico-administrativos hasta jefaturas y directivos. Además, se generó material de divulgación y cursos en línea para la sociedad civil y en general a los grupos que podrían verse afectos al uso de la normativa.
[cita tipo=»destaque»]La voluntad y decisión política del centro de gobierno y el trabajo colaborativo entre los diferentes órganos de la administración han hecho del proceso una política pública concreta y eficiente para mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado.[/cita]
Por su parte, habilitar en el cumplimiento de la ley a los actores de las municipalidades y a los consejeros regionales consideró otra vuelta al país en conjunto con el mismo Consejo con el apoyo de la Subdere. A partir de esa colaboración, hemos logrado que el 95% de las municipalidades opten por utilizar el software ofrecido por el gobierno, el cual viene junto a un soporte técnico y legal del cual son beneficiados sin costo alguno para ellos. De esta forma, la entrada a la nueva normativa ha sido rápida y sin rezagos de los gobiernos comunales, como sí ocurrió en la experiencia pasada a causa de sus disímiles capacidades y recursos.
A este proceso se le sumó, además, la sistematización de todos los registros en una web especialmente creada por el Consejo para la Transparencia, infolobby.cl, que en la actualidad registra más de 21.000 audiencias, 29.000 viajes y 4.500 donativos en línea.
La voluntad y decisión política del centro de gobierno y el trabajo colaborativo entre los diferentes órganos de la administración han hecho del proceso una política pública concreta y eficiente para mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado. A partir de esto, ahora resulta natural comenzar a evaluar la pertinencia de muchos de los datos que hoy se están recogiendo en el sistema, como paso lógico de este tipo de ley y también como una forma responsable de iniciar espacios de conversación que apunten a perfeccionarla.
