Hace unas semanas, se firmó el acuerdo de París en la COP21. Se celebró con gran emoción y optimismo para el futuro y se difundieron las imágenes y testimonios positivos y alegres de los tomadores de decisión y otros actores presentes en la gran sala del Bourget.
Y, sin embargo, el escenario a penas ha cambiado. Buena parte del acuerdo provienen de previas Cumbres y Conferencias de las partes, y finalmente todo descansa en compromisos voluntarios sin obligaciones precisas y vinculantes para los países. Puede ser también esta poca claridad que explica este clima de esperanza que generó el acuerdo.
Podemos leer esta situación desde dos aristas: la primera, como lectura del acuerdo en el contexto de la situación de las negociaciones políticas internacionales sobre el clima; y la segunda, como evaluación del contenido del acuerdo a partir de la necesaria estabilidad climática.
Bajo la primera perspectiva, el texto de París es “el mejor resultado posible” (según lo expresó el presidente de la COP21, Laurent Fabius). Es el resultado de la negociación entre 196 países cuyas trayectorias de desarrollo buscan el crecimiento económico, el incremento de la producción mundial de bienes y del consumo de los mismos. Por consiguiente, el texto es poco preciso en cuanto a las acciones concretas para alcanzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin metas claras y, si se acordó revisar las situaciones y metas a 5 años, se posterga el balance neutral durante la segunda mitad del siglo XXI. Así, no se rompe la senda trazada desde más de veinte años, desde que se firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático en la Cumbre de Río en 1992, y que no ha permitido resultados concretos, al contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron de un 50% en el mismo tiempo.
[cita tipo=»destaque»]Si la mayoría de los países siguieran el enfoque chileno, el calentamiento global excedería 3°-4°. Además, esta propuesta no puede ser alcanzada si Chile mantiene el statu quo en su trayectoria de desarrollo. Al contrario, deberían realizarse esfuerzos importantes en términos de mitigación que implican la implementación de políticas públicas transformadoras y adecuadas para una consecuente descarbonización de las distintas fuentes de emisiones de gases a efecto invernadero en todos los sectores.[/cita]
Así, en esta dimensión política, uno de los principales logros es simplemente haber firmado un documento para no repetir fracasos anteriores. En este sentido los anfitriones lograron su objetivo. Pero el precio de este logro político fue un acuerdo vaciado de compromisos concretos y metas, que no permite augurar que no se supere el calentamiento global de máximo 1,5º en relación con la situación preindustrial.
Bajo la segunda perspectiva, primero recordemos que, según los expertos científicos (reunidos en el IPCC), para evitar impactos catastróficos, no se puede superar un aumento de 1,5º. Para alcanzar este objetivo, bajo el Acuerdo de París, la responsabilidad recae en cada país (a través de las llamadas contribuciones nacionales); y aunque deben ser informadas periódicamente, no son obligatorias. Así que el texto, lejos de ser vinculante, descansa en medidas voluntarias; y si consideramos las contribuciones nacionales actuales, el escenario es de un aumento de la temperatura global superior a 3º.
En relación con estos criterios, el acuerdo contiene elementos muy imprecisos y establece que el mundo deberá alcanzar el pico de sus emisiones “tan pronto como sea posible” y alcanzar una situación de cero emisiones netas en “la segunda mitad de este siglo”. Y, por tanto, el IPCC (respaldado por la propia Convención Marco) en su último informe indica que el pico de emisiones debe alcanzarse antes de 2030 y que las emisiones netas deben llegar a cero a más tardar en 2060.
A pesar de contribuir poco a las emisiones globales (con alrededor de un 0,3%), desde los años 1980, Chile aumenta sostenidamente sus emisiones de gases a efecto invernadero (cuyas principales fuentes son: la producción de electricidad, las industrias y el transporte).
El 29 de septiembre 2015, el gobierno presentó su Contribución Nacional para la COP21, la cual incluye dos objetivos de mitigación de emisiones para 2030: un objetivo incondicional de reducción para 2030 del 30% en la intensidad de las emisiones por unidad del PIB con respecto a 2007, lo cual es equivalente a un incremento de 222% respecto a 1990. Un objetivo condicional (condicionado a apoyo financiero internacional) que corresponde a una reducción para 2030 de 35-45% en la intensidad de las emisiones por unidad del PIB con respecto a 2007, lo cual es equivalente a un incremento de 154-198% respecto a 1990. Se incluye también como parte del compromiso la recuperación y manejo sustentable de 100.000 hectáreas de bosques degradados y la forestación de otras 100.000 hectáreas. Estos compromisos quedan condicionados a la aprobación de modificaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y a la prórroga del Decreto Ley 701 y la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal.
Estas propuestas son consideradas inadecuadas por el CAT (Climate Action Tracker), que compara a todos los países que participan de la CMNUCC. Así, si la mayoría de los países siguieran el enfoque chileno, el calentamiento global excedería 3°-4°. Además, esta propuesta no puede ser alcanzada si Chile mantiene el statu quo en su trayectoria de desarrollo. Al contrario, deberían realizarse esfuerzos importantes en términos de mitigación que implican la implementación de políticas públicas transformadoras y adecuadas para una consecuente descarbonización de las distintas fuentes de emisiones de gases a efecto invernadero en todos los sectores.
Y sin embargo, bajo el marco del recién acuerdo de París, Chile puede perfectamente seguir esta senda insostenible y además experimentar importantes impactos que implican una necesaria política de adaptación. Así, si miramos esto desde la sociedad civil, no hay nada que celebrar, y menos pensando en los que serán más afectados por estos impactos. El necesario acuerdo de París es totalmente insuficiente para responder a la crisis ambiental actual y a su manifestación bajo los cambios climáticos. Y si los gobiernos no toman las responsabilidades adecuadas, la sociedad civil tiene un importante papel para ir más allá de este tipo de espectáculo político y construir alternativas efectivas frente al cambio climático.