Se han esperado 25 años para que las elites políticas y las clases dirigentes se dignen a considerar a las mujeres como sujetos de derecho.
Desde el 2010 el aborto terapéutico ingresó a la agenda legislativa, no porque fuera una ocurrencia de los legisladores ni la clase dirigente, sino porque había mujeres, académicos, organizaciones gremiales y sociales, que no se detuvieron en luchar por un derecho derogado por la dictadura y que nunca la Concertación de Partidos Políticos tuvo la voluntad política de ingresarlo en su agenda.
La idea del proyecto de ley no nace de la Nueva Mayoría, y eso es importante decirlo, nació de un grupo de organizaciones y fue apoyado por diputadas y diputados con coraje. Lo que hace la Nueva Mayoría es ingresar esta demanda en su programa, porque no le quedaba otra, dados los cambios que se vislumbraban en la sociedad chilena. En el 2013, se ingresó un proyecto con las tres causales, que tuvo un amplio apoyo ciudadano. Desde esa fecha en adelante, el apoyo que ha tenido por parte de la ciudadanía es impresionante, superando a cualquier reforma: se comenzó con un 65% (Flacso) para terminar con más de un 75% de aprobación promedio (CEP, UDP, Cadem; Chile XXI, etc.)
[cita tipo=»destaque»]El 30 de enero se cumple un año desde que el Gobierno presentó un proyecto de ley que, por supuesto, como ha sido la tónica, nunca compartió, ni consultó con organizaciones ni especialistas de manera pública. El secretismo ha sido parte de este proceso, y la falta de espacios vinculantes por parte del ministerio que está a cargo del proyecto ha sido una aberración.[/cita]
Desde el 2010 a la fecha diversos medios de comunicación comienzan a preocuparse del tema, así como acciones de la sociedad civil que se traducen en debates, foros, seminarios, acciones y campañas. En ese mismo año, se pierde la idea de legislar en el Senado, pero se daba un paso adelante. Algo estaba cambiando, en esta vorágine de transformaciones que han ocurrido en los últimos cinco años en el país, donde los derechos sociales usurpados vuelven a tomar forma de reivindicación social producto de un país cansado de la corrupción y la desigualdad.
El 30 de enero se cumple un año desde que el Gobierno presentó un proyecto de ley que, por supuesto, como ha sido la tónica, nunca compartió, ni consultó con organizaciones ni especialistas de manera pública. El secretismo ha sido parte de este proceso, y la falta de espacios vinculantes por parte del ministerio que está a cargo del proyecto ha sido una aberración.
El debate legislativo comenzó con muchos obstáculos, primero en junio, luego se corrió la fecha, y no había claridad de cuándo empezaba; historia y más historias. Más de 70 organizaciones y expertos de toda índole, presentaron sus puntos de vista, muchas veces religiosos y dogmáticos, muy pocos representantes de la clase política defendieron el estado laico. Pero eso es para otra columna.
Hoy día nos encontramos con un Gobierno con dudas, negociando por ejemplo que la denuncia sea obligatoria en caso de violación, o una consejería de tipo disuasivo, o bajar los plazos para hacerse un aborto, como si el sistema de salud no tuviera problemas de gestión, o aceptar la objeción de conciencia en instituciones donde no se cuenta con recursos humanos de salud que puedan hacerlo.
Estas últimas semanas las versiones del Gobierno han sido diversas, no coincidiendo ni siquiera con los diputados de su pacto programático, nuevamente se observa un problema de gestión, como en las otras reformas. La Democracia Cristiana ha sido uno de los partidos que eternamente han cuestionado la libertad de elegir en el campo de la sexualidad y la reproducción, basta recordar las disputas político-ideológicas sobre educación sexual, anticoncepción de emergencia, tipos de familia, divorcio, entre otras. Sus bases dicen otra cosa, pero la dirigencia de la DC ha hecho oídos sordos a una demanda ciudadana.
El espectáculo de la falta de coherencia del pacto político gobernante cansa a la ciudadanía. Se necesita coraje para salir adelante, cuestión que no se vislumbra. Si la Nueva Mayoría no tiene la voluntad política para llevar adelante esta ley, sí la tendrán las mujeres chilenas y la sociedad civil en su conjunto defendiendo sus derechos a través de la movilización. Si vulneran los derechos humanos de las mujeres, vulneran la justicia, la dignidad y la equidad.
