Chile tiene un trauma histórico evidente en relación con las figuras de autoridad, especialmente cuando estas visten uniforme. También, creo, lo tienen esas mismas figuras de autoridad con el resto de la sociedad civil. Ese trauma nos lleva a que aún se toquen con cierto recelo, incluso temor, los temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente cuando se trata de atribuciones. Lentamente se han ido cuestionando los sistemas de previsión especiales, las normativas jurídicas particulares o la relación de subordinación y sus consecuencias, pero casi de manera exploratoria, como tanteando si la convulsión no se vuelve ataque.
Pero nos guste o no, los uniformes son parte de nuestra estructura y sociedad y no podemos prescindir de ellos. Tanto es así, que a pesar del trauma y las incomodidades, cada cierto tiempo volvemos a ellos, pidiendo se hagan cargo de las cosas que al resto nos incomodan. Y qué cosa más incómoda que la delincuencia o, mejor dicho, los delincuentes.
No sin revuelo, se ha dotado hoy a las fuerzas de seguridad con la herramienta de poder solicitarle a usted, en cualquier momento y lugar, su identificación, y la facultad de detenerlo por un breve tiempo, en caso de que su identidad no pueda se verificada en el acto. Esta herramienta, más defendida por los políticos de derecha, pero no tan mal mirada por los de izquierda, permite apoyar la labor de Carabineros, en relación con eficiencia en la respuesta frente a un ilícito. Es razonable, lógica, pues permite que Carabineros empadrone a todos los seres humanos que pudiesen haber estado presentes o circundantes al lugar en que se cometió el ilícito, mejorando la respuesta y las posibilidades de aprehender al malhechor. Pero también tiene un rol preventivo, pues permitirá identificar a posibles sospechosos, y detenerlos antes de que el ilícito sea cometido.
La medida en términos de control social, de prevención de ciertos delitos y de seguridad, resulta práctica y conveniente. En relación con dotar a las fuerzas de seguridad de una herramienta que les dé cierta autonomía para ejercer su labor, también. Pero a pesar de lo práctico de la medida, se generan ciertas discordancias y dudas, dependiendo del actor en el cual nos fijemos.
Hoy las fuerzas de seguridad, llámese Carabineros, como ejemplo paradigmático, se constituyen por una gran masa de ciudadanos, que forman parte de un sistema jerarquizado, bastante hermético aún. En general, producto de temas ideológicos, y desde una perspectiva histórica, tanto la izquierda como la derecha abandonaron esta actividad, por lo que no propendieron a que sus hijos formaran parte de ella.
Así es que la ‘izquierda’ quería a sus hijos en la universidad estudiando Letras y Derecho, y la ‘derecha’ quería lo mismo, pero estudiando negocios. En el mejor de los casos se apoyaba la ‘carrera militar’ desde la oficialidad, a través de la escuela de oficiales. Siendo así, se afectó masa crítica de funcionarios de las fuerzas de seguridad, y esta se constituyó, en su gran mayoría, por personas no políticas, de baja extracción social y con requisitos de educación mínimos. Debe entenderse ‘no política’ no como no militante, sino ignorante de la ciencia política y su relación con la sociedad. A su vez, estos funcionarios se hicieron parte de un sistema altamente estructurado y que consecuentemente, si bien les brindaba relativa seguridad, remunera poco y no tiene dentro de sus objetivos centrales el desarrollo personal de sus miembros.
En términos simples, nuestras actuales fuerzas de seguridad se pueden caracterizar por personas de procedencia socioeconómica baja o media, con estudios medios, con remuneraciones bajas y con un sistema de trabajo de explotación (el sistema de turnos de un carabinero, promedio, hace que pueda pasar 6 meses sin un día libre).
Nuestra ‘clase’ política, por el contrario, hoy está constituida por ciudadanos de clase media o alta, en general emparentados –al menos en la alta política– y que han trasformado la actividad en una profesión, saltando de un cargo a otro, sin mayor dificultad.
Son personas acomodadas, con buenos apellidos, que sienten como suyo el Contrato Social. Si bien cada uno ostenta posiciones ideológicas propias, en general la labor de esta clase es propender hacia el statu quo, con pequeñas variaciones y matices, apenas lo suficiente como para permitir distinguirlos unos de otros. Esto también es práctico y tiene como objetivo mantener a nuestra sociedad equilibrada y viva. Los sistemas tienden al equilibrio y es el equilibrio el que le permite crecer y sobrevivir.
La clase política entiende eso y busca, desde su rol de administradora, generar y mantener las condiciones para que el equilibrio dinámico se mantenga, esto es, que el sistema pueda adaptarse a las condiciones del medio, pero que siga siendo el mismo.
El pueblo, sin embargo, es esa gama un tanto amorfa, de personas que quieren vivir sus vidas, con la mayor calma posible, infringiendo juguetonamente una que otra ley o normativa y en general fluyendo. En el pueblo tenemos de todo, los que se reconocen como pueblo, los que no quieren ser pueblo y aspiran a ser otra cosa, pero no saben qué, los que quieren ser pueblo, pero de un pueblo que solo está en su mente. Esta es la gente que vota, que apoya alguna manifestación, siempre que no pase fuera de su casa, que se queja contra el gobierno, que siente miedo frente a los noticieros informando delitos sobre delitos. Y también es la gente que delinque, aunque, claro, no exclusivamente.
Cuál es el problema aquí, y no solo en relación con esta nueva normativa. Existen ciertos elementos que atentan contra la eficiencia de la medida, primero que nada, el hecho de que en su génesis nace como una acción electoral, que apunta a captar el apoyo del votante temeroso por la arremetida de los medios de comunicación en relación con la situación de inseguridad que estaríamos viviendo. Este es un mensaje que apunta a un segmento muy específico de la población, la ‘población decente’, que comparte el discurso pro social y que ve con confianza el orden. El problema de que el Poder Legislativo actúe bajo esta lógica, es que se generan leyes basadas en el contexto casuístico, más que en una visión de Estado, y que escasamente se nutre de estudios acabados sobre la materia. La discusión se vuelve política, dejando a un lado elementos técnicos obvios –los convenios internacionales, por ejemplo– y se rinde a las conveniencias concretas de quienes legislan.
El segundo punto es su aplicación. Estas normativas son apoyadas por personas que parten de la premisa tan simple de que ‘a mí no me afecta (negativamente)’. O sea, yo soy decente, honrado y un buen ciudadano, por lo que a mí jamás me harán un control de identidad en la calle, yo jamás seré conducido a una comisaria en el caso de no poder corroborar mi identidad y, por ende, yo jamás sería confundido con un delincuente. Los delincuentes son los otros. Y este es el elemento más delicado, y que nos lleva al tercer punto.
Como ya dije, nuestras fuerzas de seguridad están constituidas por personas con características bastante definidas. El sistema del que son parte también es definido y concreto. Siendo así, con una herramienta que permite un comportamiento autónomo, basado en el criterio personal, respecto a determinar quién es un posible ‘sospechoso’ y quién no, ¿alguien puede dudar en que su aplicación se basará en reiterar ciertos estereotipos ligados a determinadas procedencias sociales, culturales o étnicas?
Podemos pensar en que con el poder que brinda esta herramienta, los carabineros serán capaces de abstraerse de su contexto cultural y de los estereotipos que están en la base de nuestra sociedad, y que han posibilitado que hoy presentemos niveles de segregación cultural, social y educacional impensables en un país de la OCDE, para ejercer su labor de manera inequívocamente ecuánime?
[cita tipo=»destaque»]Cómo podemos pedirle a un carabinero que tenga criterio, si está sujeto a turnos de 12 horas, 7 veces por semana, si tiene un sueldo apenas superior al mínimo y si además se ve presionado por toda una línea de mando, que le pide resultados lo suficientemente concretos, como para aparecer en la televisión. ¿Podemos pedirle criterio frente al trato con adolescentes de estratos bajos, abiertamente confrontacionales, no solo por su contexto cultural, sino por la etapa del desarrollo que están viviendo? ¿Podemos pedirles criterio con el trato a personas ‘bien’, abiertamente arrogantes por su estatus social o económico?[/cita]
Es un hecho que aun hoy el color de la piel, el atuendo, el apellido y el modo de hablar, generan inmediatamente preconcepciones respecto a quién se es y qué se hace. Nuestro país se ha subsumido en dinámicas de imagen, en donde la relevancia de la apariencia condiciona el actuar. Y según eso, generamos zonas de habitación, establecimientos educacionales segregados, expectativas de desempeño laboral determinadas y relaciones sociales y de poder acotadas. No es lo mismo en Chile tener apellido indígena, que germano, o ser rubio y alto, que moreno y pelo tieso. No lo es para el común de las personas y menos para Carabineros.
Una medida de este tipo, y entendiendo que resulta necesaria desde cierta perspectiva, debe partir por desarrollar un trabajo intenso con quienes serán los encargados de aplicarla. No puede ser tratada como si fuese una nueva reglamentación de tránsito, aquí se requiere un trabajo específico en relación con derechos ciudadanos y relación con el otro, un cambio en la estructura de las fuerzas de orden.
Cómo podemos pedirle a un carabinero que tenga criterio, si está sujeto a turnos de 12 horas, 7 veces por semana, si tiene un sueldo apenas superior al mínimo y si además se ve presionado por toda una línea de mando, que le pide resultados lo suficientemente concretos, como para aparecer en la televisión. ¿Podemos pedirle criterio frente al trato con adolescentes de estratos bajos, abiertamente confrontacionales, no solo por su contexto cultural, sino por la etapa del desarrollo que están viviendo? ¿Podemos pedirles criterio con el trato a personas ‘bien’, abiertamente arrogantes por su estatus social o económico?
Así, también, debe realizarse un trabajo de educación cívica con la sociedad civil, en donde se entienda que la herramienta tiene un rol preventivo y no acusador. ¿O acaso usted cree que un profesional bien vestido va a reaccionar adecuadamente si le piden sus papeles en plena calle?
La lucha contra el fenómeno de la delincuencia no pasa por buscar culpables ni delincuentes, pasa por entender justamente que es un fenómeno complejo que debe ser abordado desde diferentes frentes, de manera sistemática y confluyente. Es un esfuerzo social, que implica precisamente trabajar con la sociedad y sus actores, educarla y prepararla y acordar en conjunto las medidas necesarias.
El riesgo de este tipo de medidas, es ahondar en la segregación y estereotipación de ciertos sectores sociales y justificar la implantación de un Estado policial, que se rinde a las presiones del contexto específico, por sobre las premisas de un Estado de derecho. Poner el acento en el control por el control, es solo agregar complejidad y alejarse de la solución.
