EDITORIAL
Existe una marcada ausencia de los argumentos de carácter político y jurídico que, a fin de cuentas, expresan la esencia de lo que es el Estado, esto es, la racionalidad y la lógica del interés común que está no solo en su origen, sino en el desempeño de su gobierno, en cualquier sociedad democrática.
El Estado y su administración, en términos generales, debe expresar razonablemente el interés colectivo de la gente que lo habita, con especial cuidado del respeto de las minorías. Este elemento de razonabilidad y sentido común, expresado de manera jurídica en la Constitución, resulta esencial para la legitimidad de sus instituciones y la eficacia normativa de sus leyes.
Si se recorre las acepciones de Estado, desde Cicerón, pasando por Bodino o San Agustín, hasta Hermann Heller o Carré de Malberg, los elementos distintivos siempre confluyen en la comunidad, la razonabilidad y la juridicidad. Tal como lo expresa Heller y todos reconocen, “el Estado es la conexión de los quehaceres sociales” con una estructura jurídica superior.
El debate sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto por tres causales, una de las cuales es la violación de la mujer con resultado de embarazo, ha causado un enorme “revuelo moral” en algunos sectores, y ha aumentado la crisis de unidad en el oficialismo político. Han abundado argumentos científicos, valóricos, morales y estadísticos. Pero existe una marcada ausencia de los argumentos de carácter político y jurídico que, a fin de cuentas, expresan la esencia de lo que es el Estado, vale decir, la racionalidad y la lógica del interés común que está no solo en su origen, sino en el desempeño de su gobierno, en cualquier sociedad democrática.
[cita tipo= «destaque»]Resulta una obligación moral de la sociedad democrática permitir el aborto de un embarazo originado en una violación, y reconocer a la mujer la plena libertad personal de aceptar o rechazar las consecuencias del acto ilegítimo. Sostener lo contrario, u orientarse a limitar esa libertad, transforma al uso ilegítimo de la fuerza, esto es, la violación, en un hecho positivo al menos en sus consecuencias materiales, y al Estado en cómplice moral del delito.[/cita]
La buena vida institucional del país debiera partir reconociendo el carácter de sociedad plural que tiene Chile, cuyo desenvolvimiento en el espacio normativo público debiera realizarse con justicia social y pleno ejercicio de las libertades esenciales de todo ser humano. Entre esas libertades están los derechos sexuales y reproductivos tanto de la mujer como del hombre, respecto de los cuales la decisión de concebir y procrear es un atributo que compete esencialmente a las mujeres, como habitáculo natural de la vida, que no puede ni debe ser violentado, bajo ninguna circunstancia.
Más aún, desde el punto de vista natural, la libertad de concebir y procrear no pertenece a todas las mujeres por igual, pues por razones biológicas se circunscribe a un período determinado, lo que, para casos específicos, las convierte en una minoría.
A su vez, cuando se habla de libertad se habla de ausencia de coerción o de anulación de la voluntad del otro. En una sociedad civilizada el Estado monopoliza el uso de la fuerza legítima y fija sus estándares de acuerdo a su cultura y voluntad mayoritaria de sus ciudadanos. Todo uso de la fuerza fuera de las reglas fijadas por el Estado como norma pública es ilegal.
Bajo esta perspectiva, resulta una obligación moral de la sociedad democrática permitir el aborto de un embarazo originado en una violación, y reconocer a la mujer la plena libertad personal de aceptar o rechazar las consecuencias del acto ilegítimo. Sostener lo contrario, u orientarse a limitar esa libertad, transforma al uso ilegítimo de la fuerza, esto es, la violación, en un hecho positivo al menos en sus consecuencias materiales, y al Estado en cómplice moral del delito. Más aún si el 70 u 80% de la ciudadanía, según arrojan las mediciones de opinión disponibles, opina positivamente por la despenalización del aborto en las tres causales contempladas en el proyecto de ley del Ejecutivo.
Friedrick Hayek sostiene que “libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la oportunidad como la carga de la elección; también significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son inseparables”.
En el caso de la violación con resultado de embarazo, que es el punto central del cuestionamiento de grupos conservadores al proyecto de ley, la mujer, en este caso también una minoría por la determinación de su edad fértil, con la actual legislación está totalmente anulada en su capacidad de elegir y obligada a soportar las consecuencias de una acción que no quiso, en este caso la procreación. Ello sin considerar la enorme cantidad de daño adicional que muy probablemente experimentará en su vida: temor, culpa, odio, vergüenza, desconfianza, depresión, aislamiento, marginalidad.
En nuestra sociedad, además, al desgarramiento de su intimidad y dignidad –que la marcará con daños psicológicos quizás de por vida– se deben agregar las obligaciones materiales y su cambio de estatus laboral y clínico, que son consecuencia de la obligación de gestar y procrear que le impone el Estado.
La mujer es el habitáculo natural de la gestación y la procreación, y es parte esencial de su sexualidad el ejercicio libre de sus derechos reproductivos. La violación de una mujer y la penalización del aborto a todo evento niegan esa libertad, tanto en cuanto al uso de la sexualidad como también en la obligación de aceptar las consecuencias de algo que no quiso la mujer.
Juan Bautista Alberdi, político y jurista argentino que vivió en nuestro país, sostenía que la libertad no es una mera idea o una linda abstracción, sino el hecho más práctico y elemental de la vida humana. “Tan prosaico y necesario como el pan”, decía. “La libertad es la primera necesidad del hombre, porque consiste en el uso y gobierno de las facultades físicas y morales que ha recibido de la naturaleza para satisfacer las necesidades de su vida civilizada, que es la vida natural del hombre, por excelencia”.
De ahí que no preocupen tanto los quiebres en las políticas oficialistas ni las alianzas transversales que pretenden el atraso en la despenalización, en gran parte generado por el activismo de líderes mujeres argumentando consideraciones de carácter religioso o moral. Lo que más preocupa es que el Estado, garante del bien común y la razonabilidad del gobierno y sus políticas, quede entrampado en una cruzada que es en el fondo una acción política contra las libertades básicas del ser humano.
