La gratuidad en educación superior terminó excluyendo a los estudiantes más vulnerables del país que asisten a instituciones de educación técnico profesional, aunque algunas de estas tuvieran mejor acreditación que universidades que resultaron elegibles. La razón fue el choque de dos posiciones: una, la del gobierno, al que le resulta intransable considerar para la gratuidad a instituciones con fines de lucro; la otra, que hay instituciones que en la práctica no tienen propósitos de lucrar, pero que legalmente no están constituidas como sociedades sin fines de lucro.
La solución que plantearon tanto algunas instituciones como un conjunto de senadores fue una ley corta de transformación que, en lo esencial, permitiría a las instituciones que en la práctica no tienen fines de lucro, traspasar sus activos a una fundación. Así, existiendo la posibilidad de transformación para cualquier institución que lo deseara, la cuestión de constitucionalidad que impidió diferenciar entre instituciones con y sin fines de lucro para la gratuidad 2016 estaría superada y terminaríamos el 2017 con la discriminación en contra de los alumnos del sector TP, respecto de los estudiantes de universidades, dando a todos igual trato.
El gobierno ha puesto suma urgencia al proyecto de Transformación y que resuelve la cuestión central señalada. Hay elementos menores del proyecto que requieren de trabajo propio de la discusión legislativa. Hay otro, sin embargo, más profundo y que responde a una inquietud legítima pero diferente a aquella en que centró la discusión el año 2015 y que puede trabar el término de la discriminación. Este dice relación con instituciones que en efecto tienen fines de lucro, que acumularon activos, y que no desean traspasarlos (regalarlos) a una fundación. Esas instituciones reclaman una compensación por sus activos, lo que resultaría entendible si es que efectivamente el Estado en un plazo breve las obligara a transformarse para operar.
[cita tipo=»destaque»]Entendiendo que hay una discusión legítima sobre el lucro en educación, ella no debiera, como puede ocurrir, trabar el despacho de la Ley de Transformación, que permitirá a los alumnos de todas las instituciones que en su esencia no tengan fines de lucro, acceder en el 2017 a un financiamiento no discriminatorio con las universidades. Esa ley no debiera significar la desaparición de instituciones que no deseen transformarse o que requieran de un tiempo.[/cita]
Entendiendo que hay una discusión legítima sobre el lucro en educación, ella no debiera, como puede ocurrir, trabar el despacho de la Ley de Transformación, que permitirá a los alumnos de todas las instituciones que en su esencia no tengan fines de lucro, acceder en el 2017 a un financiamiento no discriminatorio con las universidades. Esa ley no debiera significar la desaparición de instituciones que no deseen transformarse o que requieran de un tiempo. Por razones prácticas, el financiamiento estudiantil a los alumnos de instituciones a las que no les acomode la Ley de Transformación, debe seguir entregándose, en las condiciones vigentes, con la Beca Milenio y con el Crédito con Aval del Estado, al menos por un tiempo.
Es que no solo la sostenibilidad de dichas instituciones depende de ese financiamiento, sino que, sin la existencia de aquellas con alta acreditación, se estancaría la cobertura de educación superior, lo que golpea fuertemente en la clase media. El nivel de cobertura y la evolución que hoy demandan cientos de miles de estudiantes que terminan la educación media ha sido posible por la participación de esas instituciones y, sin ellas, no hay un medio de remplazarlas efectivamente en el corto plazo. Las trabas a la Ley de Transformación pueden ser también una cara negativa, que solo esconde un propósito de sectores que finalmente no entienden que la discriminación en contra de los alumnos del sector técnico profesional es una vergüenza que no debe prolongarse por otro año.
