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¿Hay una nueva forma de “golpismo” en América Latina?

por 4 mayo, 2016

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La gravísima crisis política en Brasil, y otros eventos sucedidos en la región en los últimos años (el golpe en Honduras el 2009, la remoción del entonces presidente Lugo en Paraguay en el 2012, el alzamiento policial contra el presidente Correa el 2011, etc.), han llevado a algunos a hablar de una nueva forma de golpismo en la región. En todos estos casos, lo que se ha buscado es poner término anticipado a gobiernos que tenían o tienen todavía varios años de gestión por delante. Ahora, en el pasado hay precedentes funestos al respecto, por ejemplo, la declaración que en 1973 hizo una mayoría del Parlamento en Chile declarando “inconstitucional” al gobierno del Presidente Allende, y que sirvió de justificación para el golpe que vino pocos meses después.

En la actualidad, quienes buscan poner fin de manera anticipada a gobiernos electos, saben que un golpe militar clásico hoy es políticamente inviable en la región, y es válido preguntarse, entonces, si lo que está sucediendo en diversos lugares es buscar un resultado similar a través de otras vías que parecen más “inocuas” y que se amparan en alguna forma de legalidad “procedimental” que, sin embargo, hay que mirar con detención en cada caso. En Brasil en estos momentos, por ejemplo, hay muchos que sostienen que no hay “delito de responsabilidad” en el accionar de la Presidenta Rousseff, sino, a lo más, faltas administrativas (que además, todos los anteriores gobiernos también cometieron) que no ameritan en caso alguno una destitución como la que ahora se busca.

Adicionalmente, al no existir en nuestra región sistemas parlamentarios que facilitarían los cambios de gobierno cuando se pierden las mayorías, lo que hoy estamos viendo son escenarios de paralización y crisis política con graves consecuencias para países en esta situación.

Una de las figuras más prestigiadas de Brasil, y ex presidente del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), Joaquim Barbosa, ha cuestionado abiertamente, por ejemplo, la base jurídica del “impeachment", señalando que “la alegación es débil, y siento un profundo malestar con su fundamento”. Ahora, ¿qué ha posibilitado que se llegue a este estado en algunos países? Bueno, un factor clave es la situación económica, que hace mucho más vulnerables a los gobiernos frente a maniobras como las que hoy se ven en Brasil. Un creciente desempleo y deterioro en las condiciones de vida predispone a las vastas “clases medias” contra gobiernos que enfrentan este tipo de situaciones y, en casos de aguda polarización, las oposiciones políticas y/o ciertos poderes fácticos  encuentran un espacio que antes no tenían para buscar un término anticipado de estos gobiernos (u obligarlos a cambiar sus agendas programáticas).

Por cierto, también el desgaste de coaliciones que llevan muchos años en el gobierno y situaciones de abuso y actos de corrupción gubernamentales, adquieren una dimensión mucho mayor en un cuadro de deterioro económico como el ya descrito. Adicionalmente, al no existir en nuestra región sistemas parlamentarios que facilitarían los cambios de gobierno cuando se pierden las mayorías, lo que hoy estamos viendo  son escenarios de paralización y crisis política con graves consecuencias para países en esta situación.

Ahora, si bien cualquier sistema democrático puede contemplar como parte de su institucionalidad la posibilidad de poner término a un gobierno antes que expire su plazo legal, es muy importante (especialmente en sistemas presidenciales donde deponer a un presidente es una anomalía) que los fundamentos jurídicos sean contundentes e irrefutables, y aplicables solo en casos muy excepcionales, resguardando además que en un caso de esta naturaleza no se materialice una polarización aun mayor a la ya existente, con la consecuente inestabilidad que por largos años esto conlleva.

La democracia puede ser debilitada por gobiernos abusivos, pero también por oposiciones irresponsables que no miden las consecuencias de sus actos, en escenarios que estiman coyunturalmente favorables. El contexto regional que se viene para los próximos años se ve complejo, y a pesar de las críticas, hacen bien instituciones como Unasur, que buscan promover y acompañar diálogos nacionales que faciliten una convivencia básica en países en crisis, porque es a través de elecciones regulares (y no vía encuestas, fallos judiciales o mayorías circunstanciales) como deben cambiarse los gobiernos, y lo que se ve ahora, al menos en algunos casos, deja una interrogante importante respecto a la legitimidad de quienes actúan aprovechando “climas de opinión pública” que son muy cambiantes, y donde los éxitos políticos de corto plazo pueden, sin embargo, dañar aún más a una institucionalidad democrática ya de por sí frágil en nuestra región.

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