Señor Director:
A 27 años de la ratificación por el Estado Chileno del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a casi 26 años de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica) aún existen personas que no reconocen, e incluso rechazan, la implementación de la gratuidad en la educación universitaria impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Dichos textos reconocen normativamente los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y entre ellos expresamente el derecho a la educación. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala, además, que los Estados partes reconocen como objetivo la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, desde la primaria hasta la enseñanza superior.
Sólo queda una interpretación posible: Muchos estimaron, durante décadas, que los tratados internacionales de derechos humanos no tienen fuerza normativa y resultan una mera declaración de principios, no vinculante para el Estado.
Hoy, los tribunales nacionales e internacionales ya no dudan de ejercer un control de convencionalidad y aplicar el bloque de derechos, reconociendo, a lo menos el valor de ley, a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, limitando la soberanía del Estado y exigiendo la prestación de servicios comprometidos por parte de estos. Esta tendencia parece ser irreversible, y se encuentra amparada, además, por el carácter progresivo que, estos mismos instrumentos, y otros del mismo valor, reconocen a estos derechos fundamentales.
A mi parecer, quienes creen que el Estado no es capaz de cumplir con sus compromisos internacionales, y aplicarlos a la legislación interna, debiesen ser más prudentes en suscribir tratados con otros Estados. Parece más sensato negociar pocos instrumentos internacionales que se cumplan a cabalidad, que muchos tratados que el Estado es incapaz de ejecutar.
Francisco Muñoz Ruz
Abogado
