No hay duda que existe hoy una gran preocupación regional por la polarización política y la caótica situación económica que se vive en Venezuela. La imagen del “Caracazo de 1989”, donde hubo cientos de muertos después de masivas revueltas populares, está muy presente en diversos líderes regionales que buscan apoyar una solución negociada a la crisis en este país.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela y Human Rights Watch han pedido que se invoque la Carta Democrática Interamericana (CDI) y el Secretario General de la OEA, en un durísimo intercambio con el Presidente Maduro, ha sugerido que podría convocar a una reunión del Consejo Permanente para analizar la situación allí vivida.
Este llamado ha sido apoyado, además, por algunas corrientes políticas en la región, pero todavía no se sabe de algún gobierno que haya manifestado una disposición explícita en este sentido.
En una sesión especial de la OEA hace pocos días, ninguno de los países representados apoyó esta medida, y más bien se inclinaron por respaldar una opción alternativa de hacer un nuevo esfuerzo colectivo para ayudar a una salida negociada a la crisis.
Quienes quieren invocar la CDI, apelan al art.20 de dicha Carta, que señala que se puede recurrir a ella en caso de una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” en un país. El problema, es que en Venezuela lo que hay es una contienda de poderes, el Ejecutivo y el Judicial, por un lado, y el legislativo, por otro. Es decir, mientras el gobierno y el máximo tribunal de ese país señalan que se está actuando de acuerdo a las prerrogativas constitucionales, la mayoría parlamentaria opositora señala que el gobierno viola con regularidad la legislación vigente, ahora para impedir la convocatoria al referéndum revocatorio.
Pero el hecho cierto es que, más allá de los alineamientos ideológicos en la región, una mayoría de países no quiere una salida rupturista en Venezuela (cualquiera ella sea) y tampoco un resultado que mantenga a ese país con la misma polarización de ahora, lo que además abriría una grieta a nivel regional que hoy ya preocupa a muchos, vistos los recientes eventos acontecidos en Brasil hace pocos días.
En tal sentido, diversos gobiernos estiman que no es oportuno todavía invocar la CDI en este caso. La canciller de Argentina (gobierno de centroderecha), Susana Malcorra, señaló al respecto que “es apresurado pedir la invocación a la CDI, primero hay que hacer un nuevo esfuerzo de mediación y diálogo”. En esta misma dirección, las cancillerías de Argentina, Chile y Uruguay hicieron un importante llamado a un nuevo esfuerzo de diálogo y negociación en este país, así como al irrestricto apego a la “no injerencia en los asuntos internos” y al respeto a las normas constitucionales y los derechos humanos en Venezuela.
Respaldados por la Unasur, en estos momentos hay una comisión de los ex presidentes Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (R. Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), intentando nuevamente establecer puentes entre el gobierno y la oposición de ese país. Esta misión es respaldada también por Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas. Este esfuerzo de mediación regional, así como otros anteriores que ya hizo la Unasur, muestran la preocupación respecto a la caótica situación que allí existe, y el éxito de esta misión dependerá de que ambas partes logren algún mínimo punto de convergencia respecto a cómo salir de la crisis, lo que no se ve hasta ahora.
[cita tipo=»destaque»]Y es que la comunidad interamericana puede contribuir, pero no resolver un problema que en última instancia les compete a los propios venezolanos. Y aunque es legítimo que diversas corrientes de pensamiento en la región se manifiesten y solidaricen frente a un grave cuadro de deterioro institucional, una mayoría de gobiernos tampoco quiere contribuir a polarizar más una situación ya de por sí compleja, donde además una intervención “precipitada” podría sentar un precedente futuro para otros casos[/cita]
Y es que la comunidad interamericana puede contribuir, pero no resolver un problema que en última instancia les compete a los propios venezolanos. Y aunque es legítimo que diversas corrientes de pensamiento en la región se manifiesten y solidaricen frente a un grave cuadro de deterioro institucional, una mayoría de gobiernos tampoco quiere contribuir a polarizar más una situación ya de por sí compleja, donde además una intervención “precipitada” podría sentar un precedente futuro para otros casos, y ahí, más allá de la postura política de los países, son muy pocos los que quieren abrir “una caja de Pandora” en este tema.
Ahora, es cierto que la crisis venezolana plantea dilemas nuevos a lo que se ha llamado “defensa colectiva de la democracia”, inicialmente concebida para “proteger” a gobiernos de posibles golpes de Estado, pero, al mismo tiempo, una comunidad regional responsable debe calibrar bien, primero, las posibles consecuencias de acciones colectivas en crisis como las que hoy vive Venezuela.
Y la adopción de medidas más “coercitivas” (que implicaría tomar partido, lo que debilita cualquier mediación) parece no tener “piso político” por el momento. Ahora, si el escenario se deteriora más y el gobierno comienza a perder el control de los eventos, es posible que se activen acciones adicionales no contempladas hoy.
Es que esto es, en definitiva, lo que se llama “realismo” en las relaciones internacionales. Se hace lo que se puede, con los recursos que se tiene, y si sirve a mis intereses. Puede parecer poco, pero así funciona el mundo.
