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El nuevo intendente de O’Higgins y el fin de la promesa descentralizadora

por 25 mayo, 2016

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Después de dos meses y medio sin titular, La Moneda nominó a Pablo Silva como el 14° intendente de la Región de O’Higgins en apenas 15 años, considerando el breve mandato de Teresa Núñez. Junto al duro epíteto de capital de la corrupción y ahora del delito –según las cifras de Paz Ciudadana–, tenemos un récord difícil de superar: desde 2000 se cambió de intendente prácticamente cada año.

Para aquellos que teníamos dudas sobre las reales intenciones de esta administración en torno a implementar las medidas descentralizadoras que se reiteran cada 21 de mayo (sinónimo de que nunca se cumplen) la nominación con fórceps de Pablo Silva, el favorito del principal parlamentario broker de la zona, resultó ser un verdadero presagio de lo que ocurriría el sábado pasado en el Congreso Pleno: buenos discursos e intenciones pero con las mismas prácticas de antaño y sin fechas concretas de puesta en marcha de las medidas.

El hecho de que el acuerdo Burgos-Letelier realizado a espaldas de la Presidenta y del secretario general del PS, terminase por imponer al candidato favorito del senador (y el más cuestionado por lo mismo), da cuenta de un Ejecutivo que en este caso particular, así como en la puesta en escena de las medidas descentralizadoras –entre ellas la elección de los intendentes–, terminó definitivamente preso de un grupo de parlamentarios oficialistas que entienden el gobierno regional como una extensión de su oficina parlamentaria. Un coto de caza sobre el cual creen tener derechos adquiridos, práctica inconstitucional que, lamentablemente, se agravó con los mandatos “progresistas” de Lagos y Bachelet.

El que la primera declaración del intendente recién designado haya sido “espero ser el último”, así como que la de su padrino político fuese “espero verlo terminar el periodo”, dan cuenta no solo de lo complejo de tal nominación sino que también del nivel de deterioro tanto de la figura de la primera autoridad regional como de la actual administración, que no pudo con la impronta feudal de un grupo de parlamentarios que de verdad creen que las regiones son suyas y a las cuales solo queda succionar, poniendo en el Estado a cuanto brigadista o repartidor de volantes se pueda o sacándole una tajada al presupuesto regional en beneficio propio.

La imposición casi a la fuerza de Pablo Silva por parte de Juan Pablo Letelier –tal como lo hizo el 2009 con la candidatura de Juan Luis Castro–, pese a los llamados al sentido común y el clamor no solo de los diputados oficialistas sino también de oposición en torno a la necesidad de buscar una figura que ofreciera garantías y que tuviese la estatura para enfrentar los desafíos de una región asolada desde hace años por las guerras de pandilla, evidencia bastante bien la crisis profunda de gobernabilidad en O’Higgins.

A ella se llegó por la responsabilidad protagónica de los dos principales legisladores oficialistas y que también encuentra eco en un gobierno nacional que va de tumbo en tumbo con Aleuy y Burgos, personeros que en una administración más o menos normal debían haber salido hace ya rato de su cargo, por la larga lista de desaguisados y declaraciones que, algún día, serán piezas de antología para explicar el más corto gobierno de toda la transición.

No puede ser que los chilenos tengamos que cargar por casi dos años más con un gobierno que en los hechos ya acabó, quedando este ahora, a falta de ejes programáticos, sometido, como suele suceder en O’Higgins, al capricho personal del parlamentario más influyente de la coalición. Ya sabemos que al dúo Burgos-Aleuy lo que pase en regiones no les interesa en lo más mínimo. A menos que el asunto les reviente de vuelta en su propia cara.

Aquel lunes en que se confirmó a Silva como el nuevo intendente le comenté a un personero de Palacio las repercusiones políticas que tendría tal designación: los titulares que traería El Tipógrafo el día martes, el cuestionamiento furibundo de Castro a tal nombramiento –no solo dijo que era el menos adecuado para el momento político por el que atravesaba la región sino, además, puso en duda la militancia socialista de Silva– y el festín de los parlamentarios UDI de la región, Javier Macaya e Isa Kort, con el escenario de crisis de la Nueva Mayoría y la ingobernabilidad de la coalición que la designación profundizó aún más.

Con la delirante situación por la que atraviesa la actual administración a todo nivel, es difícil saber cuál será el futuro de Pablo Silva como primera autoridad regional y si podrá llegar hasta el final del mandato acompañando a la presidenta Bachelet, como es su deseo personal y el de su padrino político, prueba de que no hay ninguna certeza sobre la viabilidad de su designación en el mediano plazo. Y es que el modelo político, donde el intendente es en realidad el activista político mejor pagado del parlamentario de turno más influyente del bloque gobernante, hace agua por todos lados.

Es por ello que, a propósito de la puesta en escena de la discusión por una nueva Constitución, se hace impostergable un nuevo texto constitucional que no solo permita la elección de la primera autoridad regional sino que también viabilice soluciones institucionales en contextos de crisis profundas de las elites políticas, como sucede hoy en día, y tal como ocurre en las democracias modernas, donde se puede finalizar anticipadamente un mandato cuando hay pérdida absoluta de la confianza ciudadana o cambios repentinos en las mayorías parlamentarias.

No puede ser que los chilenos tengamos que cargar por casi dos años más con un gobierno que en los hechos ya acabó, quedando este ahora, a falta de ejes programáticos, sometido, como suele suceder en O’Higgins, al capricho personal del parlamentario más influyente de la coalición. Ya sabemos que al dúo Burgos-Aleuy lo que pase en regiones no les interesa en lo más mínimo. A menos que el asunto les reviente de vuelta en su propia cara.

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