Opinión
Nos horrorizamos por la muerte prematura de Lisette, pero seguimos ignorando que solo en estos primeros meses del 2016 cerca de cien mil niños, entre recién nacidos y hasta los 18 años de edad, han pasado por las redes de Sename (en 2014, últimas cifras oficiales anuales del organismo, se daba cuenta de 200 mil niños, niñas y jóvenes).
A un año del golpe militar, los exiliados chilenos en México decidieron homenajear al que había sido embajador de ese país en Chile cuando Pinochet inició la dictadura y la persecución de millares de ciudadanos. Martínez Corbalá, el embajador mexicano, había abierto las puertas de su embajada y ayudado a salir del país a muchos perseguidos para evitarles prisión, tortura y muerte.
Eso mismo lo recordó en un atestado teatro localizado en una céntrica calle de ciudad de México, mientras centenares de chilenos que repletaban la platea aplaudían en reconocimiento a su solidaridad. En un momento de su alocución dijo que le enorgullecía haberlo hecho y estar con tanto chileno heroico en su hospitalario México.
A la salida del acto no pude sino decir a mis acompañantes mexicanos que me había avergonzado con la ironía del embajador por tratarnos de heroicos al estar vivos en México, mientras otros compatriotas morían en Chile. Y mis acompañantes mexicanos me contestaron, “pero ¿qué te pasa? Si el embajador está diciendo una gran verdad, si estar vivo es una proeza, porque morir por pendejadas, como ocurre todos los días en México, esa es una vergüenza”.
Descontada la violencia brutal de la dictadura, que pudimos constatar desde el mismo momento que empezó el bombardeo del Palacio de La Moneda, yo no había conocido la violencia como forma de vida cotidiana. No hasta que llegué a ciudad de México y a diario las noticias informaban de muertes y heridos por las situaciones más triviales. Desde el joven que le dio una golpiza a un ciclista que se le cruzó, al iracundo chofer que le disparó a otro porque le tocó la bocina, pasando por niños acuchillados frente a una escuela por una disputa menor. Ni hablar de los asaltos sexuales en el metro que obligaron a segregar vagones por sexo.
He tenido presentes esas imágenes del México de los ochenta en estos días en que la violencia aparece como un gran tema en nuestra sociedad, puesto por los serios incidentes en Valparaíso durante el 21 de mayo y que cobraron la vida de un trabajador municipal. Pero también por el feroz ataque a una mujer en Coyhaique a manos de su pareja, que le ha costado su integridad física y quedar ciega por el resto de su vida. Y por Lisette, la niña de solo 11 años que muere sobremedicada en un centro del Sename. O por la joven de una comuna de nuestra capital que debió ser internada de urgencia, porque su vecino le cercenó la mano con un cuchillo carnicero en medio de una disputa por los ladridos de un perro.
Aquello que nos era remoto y ajeno, parte de la realidad de otros, siempre de otros por referencia a nuestro país tan ordenado y limpio, tan pacífico y amistoso, empieza a aparecer como una rutina. En los medios, en las noticias, en las conversaciones. La violencia de la vida diaria se hace presente en pandillas de barrio y bullying escolar, en asaltos y atracos y, ostentosamente, en encapuchados que durante años han acompañado manifestaciones en las calles destrozando todo lo que encuentran a su alcance.
Violencia en el lenguaje con el que se increpan en la calle dos personas que sin querer han topado sus hombros al caminar, descalificaciones en voz alta entre parejas que intercambian sus rabias mientras recorren los pasillos del supermercado con su carrito de compras, insultos y sacudones a sus pequeños hijos de madres que pierden la paciencia en público, insistentes bocinazos y embestidas de automovilistas que agreden a una cautelosa mujer por andar a baja velocidad.
[cita tipo= «destaque»]El tiempo corre y las vulneraciones de los niños desatendidos hoy no tiene reparación, marcándolos de por vida. De acá a que se instale y comience a prosperar una nueva institucionalidad que garantice el efectivo ejercicio de sus derechos, toda una generación de los actuales menores vulnerados será víctima irreparable de su desprotección, salvo que se comience a actuar desde ya.[/cita]
Parlamentarios que usan lenguaje de alto calibre en el hemiciclo y adquieren estatura de ídolo en las redes sociales, comentaristas en televisión y radios que se agreden entre sí y que tienen licencia para decir barbaridades con un vocabulario que no supera las quince palabras. Y las inconcebibles expresiones de rabia en las redes (tanta rabia, que las emprenden también con el idioma sin respeto alguno por la ortografía) contra cualquiera con opinión propia y distinta. El rating de la televisión se dispara si las agresiones aparecen en los debates, polémicas y realities. Y el avisaje que crece junto con el rating a su vez estimula estas expresiones.
Pareciera ser que hemos normalizado la violencia como modo de relacionarnos, sin ningún proceso de aprendizaje de tratamiento de conflictos. Priman el uso de la fuerza y el ejercicio del poder, de manera sutil y encubierta, pero también abierta. Cada vez más desacreditadas están la razón y la argumentación, la persuasión y la negociación, la cesión y la generosidad, la solidaridad y la empatía.
Y sin duda ello ocurre en un proceso de socialización temprano que reproduce modelos y los consolida, porque por largo tiempo se descuidó la infancia. Y seguimos descuidándola, gravemente. Niños y adolescentes, los de ayer y hoy, crecen y reproducen como adultos sus propios aprendizajes en los nuevos niños y adolescentes. Y así sucesivamente.
A pesar del exitoso recorrido de superación de la pobreza y de la reducción notoria de la pobreza infantil en Chile, esta sigue teniendo mayormente rostro de niñez. No obstante un innovador sistema integral de protección de la infancia –Chile Crece Contigo– que vio su nacimiento casi una década atrás, lo cierto es que la desprotección infantil subsiste en proporciones alarmantes, como lo reflejan la todavía insuficiente cobertura en atención preescolar, el trabajo infantil, la deserción adolescente del sistema educacional, la alta tasa de desocupación juvenil y la no despreciable cifra de más de un quinto de nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan.
Nos horrorizamos por la muerte prematura de Lisette, pero seguimos ignorando que solo en estos primeros meses del 2016 cerca de cien mil niños, entre recién nacidos y hasta los 18 años de edad, han pasado por las redes de Sename (en 2014, últimas cifras oficiales anuales del organismo, se daba cuenta de 200 mil niños, niñas y jóvenes). Están entre los más vulnerables de los vulnerables, porque además de su precariedad socioeconómica de origen, estos niños, niñas y adolescentes son el fruto del maltrato físico y sicológico, del abandono, de la explotación en todas sus formas y del abuso sexual.
Según los datos más actualizados proporcionados públicamente por el Sename, en su radio de acción de protección de derechos, en un año (2014) fueron sobre 12 mil los niños y niñas atendidos por ser víctimas de delitos y explotación sexuales; más de 6 mil por maltratos físicos; y cerca de 20 mil por negligencia, abandono y pobreza. A los que se suman casi 15 mil en centros residenciales permanentes y en residencias para niños susceptibles de adopción.
En todos ellos la prevención falló. Dirán que ese es un problema de sus familias. Puede ser, si bien era previsible, porque seguramente esa fue también su biografía. Precisamente por esa realidad es que se creó hace una década el sistema de protección de la infancia, dadas las debilidades de las redes familiares y privadas. De modo que, en definitiva, ha fallado nuestra institucionalidad pública de protección de infancia que debiese actuar preventivamente.
Pero, más grave aún, aquellas otras instituciones destinadas a proteger a niños y jóvenes después de haber experimentado graves y dolorosas vulneraciones en sus derechos esenciales, son incapaces de asegurarles esa tranquilidad, reproduciendo a su interior, muchas veces, prácticas de las que esos menores fueron víctimas, como lo muestra un lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República en 2015, tras un estudio en una muestra de 89 de los 289 Centros Residenciales de Protección que son administrados por colaboradores del Sename (y unos pocos de directa administración de este Servicio). Informe que posteriormente fue ratificado y complementado por el elaborado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Esa evidencia llevó al anuncio presidencial en el reciente Mensaje del 21 de mayo de reestructurar la actual institucionalidad de la infancia y del largamente postergado cambio del Sename.
Estamos conscientes de que este gobierno ha retomado la prioridad con la creación del Consejo de la Infancia y con un proyecto de ley de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes que actualmente se discute en el Congreso. En este, al igual que en el reciente anuncio, finalmente se propone un cambio sustantivo en la institucionalidad de protección de la infancia.
Pero el tiempo corre y las vulneraciones de los niños desatendidos hoy no tiene reparación, marcándolos de por vida. De acá a que se instale y comience a prosperar una nueva institucionalidad que garantice el efectivo ejercicio de sus derechos, toda una generación de los actuales menores vulnerados será víctima irreparable de su desprotección, salvo que se comience a actuar desde ya.
Sin iniciativas innovadoras y ágiles desde ahora para desinternar a los niños institucionalizados, sin gestión inmediata de programas de intervención para los adolescentes que siguen internados en centros de Sename, sin extensión y fortalecimiento del Chile Crece Contigo, sin prioridad en la atención preescolar en la reforma educacional, sin abordar el complejo problema de los jóvenes que están fuera del sistema educacional y laboral, una generación vulnerada completa seguirá pagando costos personales y, asimismo, seguiremos normalizando la violencia como patrón de convivencia.
