Opinión
Tras lo ocurrido en el Liceo de Aplicación, el mando de Carabineros pidió que se estableciera un protocolo de desalojo. Tras largas conversaciones con la Subsecretaría del Interior, se instauró una nueva burocracia: desde ahora la municipalidad deberá solicitar la acción policial a la Intendencia, esta oficiará a Carabineros, que a su vez notificará a los directores y estudiantes de los liceos en toma para, finalmente, proceder al desalojo. La elaboración de este “protocolo” demoró tres semanas. El tiempo suficiente para que el INBA quedara destruido.
La destrucción del INBA resulta desoladora. Allí no se han denunciado delincuentes ni encapuchados, sino jóvenes cuya rabia se desató contra todo lo que encontró a su paso. Fueron estudiantes que destruyeron –o dejaron que se destruyera– su propia casa. Jóvenes que no reconocieron el valor educacional y patrimonial del espacio que los cobijaba. Son estudiantes que se supone quieren cambiar la educación y construir un Chile mejor. Detrás de estos jóvenes no solo hay rabia, también hay una ideología. Quizás la vieja idea de “agudizar las contradicciones” para que todo estalle de una vez por todas.
Si fueran muchos quienes comparten este propósito estaríamos al borde de un proceso revolucionario, pero son solo una minoría. En el INBA hay 1.200 alumnos, y solo algunas decenas fueron protagonistas de la toma y sus consecuencias.
¿Son estos jóvenes responsables de lo ocurrido? Sí, no son niños malcriados sino estudiantes de un buen liceo que saben perfectamente lo que hacen, o dejan hacer.
Pero no son los únicos responsables. Lo sucedido era absolutamente previsible, ya lo hemos visto una y otra vez, con mayor o menor daño, con más o menos violencia. Después de ocurrido el desastre, son muchos los que se escandalizan, critican, lamentan, pero lo cierto es que muy pocos asumieron sus obligaciones y actuaron a tiempo.
La Municipalidad de Santiago, responsable del INBA y otros 12 liceos que se encontraban en toma, advirtió del peligro a toda la comunidad escolar. Escribió cartas a los apoderados y pidió a los maestros realizar clases en otros colegios. Más aún, emitió una declaración pública subrayando “la violencia y destrucción” que se estaba incubando al interior de los establecimientos. Detalló situaciones graves como la pedrada que le fracturó la nariz a una funcionaria de la empresa del alimentación del liceo Confederación Suiza, el ataque a personas que circulan en la cercanía de las tomas, el robo de muebles que se venden en la vía pública, la rotura de una cañería de gas en el Darío Salas.
El INBA estuvo tomado durante tres semanas. ¿Qué hicieron los padres y los profesores frente a la toma? ¿Cuántos intentaron dialogar, cuántos se instalaron a cuidar a sus hijos y se preocuparon de proteger las instalaciones?
Todo indica que nadie quiso escuchar las advertencias municipales. A cada uno en su metro cuadrado le resultó más cómodo mantenerse al margen y no interferir con “el movimiento estudiantil”.
También a Carabineros. Tal como ocurrió en Valparaíso el pasado 21 de mayo, la policía parece haber estado nuevamente “inhibida”.
En esta ocasión, el retraimiento pudo deberse a las críticas que recibió Carabineros hace un mes, cuando al desalojar el Liceo de Aplicación destruyó su puerta centenaria. La alcaldesa Carolina Tohá pidió una investigación en torno al procedimiento que afectó a un edificio patrimonial, en circunstancias que los alumnos no estaban en una actitud violenta.
[cita tipo= «destaque»]Lo que resulta intolerable es una policía que se taima frente a las críticas y el escrutinio público, permitiendo que los actos violentos de unos pocos sigan dañando a la comunidad en su conjunto. También resulta inaceptable que las autoridades de gobierno no sean capaces de dirigir adecuadamente a Carabineros, y exigir que cumpla su deber con la prontitud y la eficiencia que demanda la democracia. Cada uno debe asumir su responsabilidad. No solo los estudiantes.[/cita]
Hasta ese momento, bastaba una petición firmada de la municipalidad a Carabineros para que se coordinara el desalojo de una toma. Así se hizo en una veintena de oportunidades durante los últimos dos años, sin siquiera convertir el hecho en noticia.
Sin embargo, tras lo ocurrido en el Liceo de Aplicación, el mando de Carabineros pidió que se estableciera un protocolo de desalojo. Tras largas conversaciones con la Subsecretaría del Interior, se instauró una nueva burocracia: desde ahora la municipalidad deberá solicitar la acción policial a la Intendencia, esta oficiará a Carabineros, que a su vez notificará a los directores y estudiantes de los liceos en toma para, finalmente, proceder al desalojo.
La elaboración de este “protocolo” demoró tres semanas. El tiempo suficiente para que el INBA quedara destruido.
Carabineros también debe asumir su responsabilidad frente a lo ocurrido. El alto mando haría bien en informar para qué requería de tal protocolo. Algunos sostienen que la policía está cansada de ser blanco de objeciones permanentes, ya sea porque actúa débilmente o porque lo hace con demasiada fuerza.
La acción policial no es fácil, y siempre estará sujeta a cuestionamientos. Más allá de la sensibilidad de su epidermis, el alto mando no puede guiarse por la molestia que provocan las críticas sino por la eficiencia de la acción policial dentro de las normas legales vigentes. Es decir, por la obligación de proteger a la población y mantener el orden público, respetando los derechos de las personas y utilizando proporcionalmente la fuerza frente a las agresiones.
Lo que resulta intolerable es una policía que se taima frente a las críticas y el escrutinio público, permitiendo que los actos violentos de unos pocos sigan dañando a la comunidad en su conjunto. También resulta inaceptable que las autoridades de gobierno no sean capaces de dirigir adecuadamente a Carabineros, y exigir que cumpla su deber con la prontitud y la eficiencia que demanda la democracia.
Cada uno debe asumir su responsabilidad. No solo los estudiantes.
