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Justicia de clase, justicia racial

por 20 junio, 2016

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Cuando para referirse al nuevo encierro –prisión preventiva– de la machi Francisca Linconao, el diputado Gabriel Boric usó la expresión “justicia de clase”, se equivocó. Y es que, aun cuando lo haga con la mejor de las intenciones, lo hace desde una lógica marxista, esa que tanto sulfura al columnista de El Mercurio Gonzalo Rojas, mismo que ha manifestado públicamente su admiración por el político Boric y que alerta a las élites por el retorno del discurso sobre “justicia de clase” del olvidado intelectual chileno Eduardo Novoa Monreal.

Si lo que pretendía el diputado era criticar el racismo estructural que caracteriza al Estado chileno y específicamente a la administración de justicia, lo óptimo hubiese sido que hablara de “justicia racial”, pues en el caso de la machi Linconao –y tantos otros mapuche– es una raza la que sufre, no una clase social. Bajo este prisma, el tweet de Boric nos resulta pertinente para plantear dos cuestiones.

La primera, es la necesaria revisión de la paternalista relación que la izquierda chilena pretende sobre nosotros los mapuche. Ciertamente, el indigenismo criollo de izquierda –y derecha, en menor medida– hasta el día de hoy pone al Mapuche y a los pueblos indígenas, en general, en un plano de subordinación. Un claro ejemplo es la actual proliferación de los “expertos en pueblos indígenas” que trabajan en “secciones”, “territorios”, “departamentos”, “comisiones” o “subcomisiones” de partidos políticos o de centros de investigaciones sobre pueblos indígenas, ninguno de los cuales está liderado por un indio o cuenta con un rostro y/o “intelectual” indígena.

La subestimada participación del indio, en estos casos, solo busca dar soporte folclórico y legitimar aquellas propuestas de “multiculturalismo”. Y aunque debemos reconocer que gran parte de la intelectualidad mapuche de fines del siglo XX se construyó con ocasión de su militancia política en la izquierda –parlamentaria y extraparlamentaria–, los nuevos profesionales e investigadores mapuche ya no dependemos del megáfono de esta última para alzar nuestra voz, en especial cuando de exigir autonomía y autodeterminación se trata. Ya habrá oportunidad para discutir sobre esto.

La segunda cuestión que surge, a propósito del comentario de Boric, y sobre la cual avanzaremos en este comentario, es la raza. La raza, es esa que convoca y desborda el “derecho a la autoidentificación”, fundamento al que muchos chilenos recurren para solicitar su certificado de “calidad indígena” ante la Conadi. Aunque de manera oportunista, claro, pues la raza es mucho más que un certificado expedido por el Estado; es esa amalgama de elementos biológicos, antropológicos, culturales, históricos, políticos y sociológicos. La raza, en el caso Mapuche, no se agota en el ejercicio del “derecho a la autoidentificación”, sino que se construye diariamente a través del reconocimiento que la comunidad –mediante el Az Mapu, Az Moguen, Nor Moguen, Nor Feleal, etcétera– realiza al individuo y lo acoge como parte del colectivo, del pueblo, de la nación.

Para el Estado chileno, en cambio, la raza es esa extraña aspiración totalitaria de la nación única, no obstante reconocer y amparar la diversidad racial en su legislación.

A nivel planetario, el reposicionamiento de la raza, el racismo y la discriminación racial como soporte de los gobiernos mundiales parece un retroceso de la humanidad, pero en verdad no lo es, pues jamás existió avance significativo en las políticas de las élites dominantes.

Recordemos que en los años 2002 y 2003 dos publicaciones, aparecidas en la revistas Science y Scientific American, respectivamente, se alzaban como el corolario de una larga lucha brindada por las ciencias duras en contra de las doctrinas supremacistas. En el anecdotario quedaban aquellas tesis que durante siglos trataron de explicar si efectivamente la pureza racial, y su consecuente supremacía, se justificaba por color de la piel –Bernier, Leibnitz, Linneo–, por el tamaño del cráneo –Finsen, Blumenbach, Virrey, De Saint-Vincent, Huxley, De Quatrefages, Gobineau– o, en última instancia, encontraba respuesta en la estructura genética de las poblaciones humanas –Fischer, Muller, Dobzhansky, Wallace–.

Lo que hicieron los investigadores, a principios del siglo XXI, fue confirmar que no existen las “razas puras”; y si alguna vez existieron, ello dejó de ser así, pues en la actualidad casi el 100% de la población humana posee una estructura genética común o muy parecida.

Lamentablemente, el imperialismo/colonialismo nunca ha hecho suyos los argumentos científicos contra la pureza y superioridad racial, pues es bien sabido que las “distinciones raciales sirven a fines políticos y económicos” (Lewontin: 1979).

De hecho, durante esos mismos años se verificaba el rotundo fracaso de la Conferencia de Durbán (Sudáfrica, 2001), donde el esfuerzo mundial por convergir en la conceptualización y erradicación del racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia se frustró por la disputa sostenida por Israel –y patrocinada por Estados Unidos y otras potencias mundiales– en orden a reducir el fenómeno discriminatorio solo al “Holocausto judío” y negar, al mismo tiempo, nuevas formas racismo y neocolonialismo practicados contra el pueblo palestino, por ejemplo.

De esta manera, y teniendo en cuenta esta breve síntesis de antecedentes, no debe sorprender que el racismo esté vuelta, puesto que jamás se fue. A lo más estuvo silenciado, replegado mientras el neoliberalismo avanzaba, pero apenas comenzaron a desmoronarse los fundamentos “éticos” y “racionales” de este, y de la democracia occidental, aparecieron nuevamente el látigo y las cadenas.

El miedo a perder los privilegios –construidos sobre el principio de la igualdad humana– desató nuevamente el odio y el desprecio a todos aquellos que no fueran blancos del primer mundo. El racismo ha vuelto a predicarse abiertamente: se los escupe Trump a los mexicanos, lo reinventan los alemanes y los franceses se enfrascan en disputas sobre si acaso el humor antimusulmán y antisemita debe ser tolerado –Charlie Hebdó y Dieudonné, respectivamente– o si la estrella del Real Madrid Karim Benzema fue excluido de la selección francesa precisamente debido al racismo.

Enseguida, como la mayoría de los mapuche somos pobres y nuestra nacionalidad es chilena es que los proindigenistas –y al parecer Boric en su tweet, habría que consultarle…– asumen que la discriminación que nos afecta es “clasismo” y no derechamente racismo o xenofobia. Precisamente aquí nace el principal reclamo que debemos hacerle a la izquierda chilena, la que, consciente o inconscientemente, termina impidiendo la autodeterminación de los pueblos/naciones a quienes el Estado chileno les ha arrebatado el territorio y les ha impuesto su propia nacionalidad.

¿Y en Chile? Bueno, antes de nada hay que prevenir que, para hablar y discutir sobre raza, racismo y discriminación racial, debemos abandonar el miedo y el prejuicio. Es el propio legislador chileno el que ha incluido la palabra “raza” en la más diversa normativa infraconstitucional desde el Código del Trabajo (art. 2 inc. III), la ley de Prensa (art. 31), la ley Indígena –aunque en su articulado utiliza la expresión “etnia”– y, últimamente, la ley Zamudio (art. 2 inc. I, que habla de “raza o etnia”).

El sentido que el legislador les entrega a los vocablos “raza” y “etnia” no queda claro –lamentablemente son escasos los estudios sobre la materia–, aunque es seguro que no lo hace desde una perspectiva genetista, sino más bien como la constatación del sincretismo de diversos aspectos fenotípicos –color de piel, rasgos faciales, etc.–, sumado a otros aspectos de tipo antropológicos, culturales, históricos, sociológicos y políticos, como la lengua, la religión, el territorio y eventualmente la nacionalidad.

Este último elemento es clave en la comprensión del racismo practicado en Chile, pues históricamente hemos asumido que el fenómeno dice relación solo con la discriminación hacia los negros –color de piel– y los judíos –religión–. Por su parte, la intolerancia practicada hacia el extranjero se llama xenofobia, de lo cual se concluye que toda discriminación u odio fomentado hacia los connacionales, sea lo que sea, por definición no es xenofobia, pero tampoco racismo, pues los chilenos no somos negros y los judíos tienen que ver con la Alemania Nazi.

Enseguida, como la mayoría de los mapuche somos pobres y nuestra nacionalidad es chilena es que los proindigenistas –y al parecer Boric en su tweet, habría que consultarle…– asumen que la discriminación que nos afecta es “clasismo” y no derechamente racismo o xenofobia. Precisamente aquí nace el principal reclamo que debemos hacerle a la izquierda chilena, la que, consciente o inconscientemente, termina impidiendo la autodeterminación de los pueblos/naciones a quienes el Estado chileno les ha arrebatado el territorio y les ha impuesto su propia nacionalidad.

Solo piénsese en las anexiones territoriales que hizo el Estado chileno a Perú y Bolivia a fines del siglo XIX, en cuya virtud la población indígena “peruana” y “boliviana” que habitaba esos territorios, por el solo arte de la guerra, pasaron sin más a ser indígenas “chilenos”. Lo mismo ocurrió con el pueblo Mapuche.

En nuestro caso somos una raza –o “etnia”, según dicen– sin nacionalidad propia desde que somos chilenos –al igual que las otras ocho etnias reconocidas en la ley Indígena–, de modo que, al no ser extranjeros, negros ni judíos, se concluye que en Chile no existe racismo ni xenofobia en contra de los pueblos indígenas. Pero ello no es así, pues la misma aniquilación y la asimilación/integración de estos al Estado-nación chileno constituye una forma de racismo.

En síntesis, el Mapuche es raza, nación y pueblo, y a partir de ahí se enarbola la demanda por autodeterminación; no desde la “clase”, más allá de que en la práctica nuestra precaria condición y aspiraciones coincidan, muchas veces, con las de la clase proletaria chilena.

Es esta confusión la que luego observamos en el Derecho chileno, donde el Estado, reconociendo la posibilidad de diversidad racial –y su debida protección–, niega la posibilidad de diversidad nacional –y su correspondiente autodeterminación– para los pueblos que habitan en él.

Al pueblo Mapuche, pese a ser raza y nación, le es desconocida esta última cualidad aparentemente por el miedo de las élites a una posible secesión. Cuánto peor, porque para las clases dirigentes chilenas el racismo y la xenofobia constituyen fenómenos nuevos en nuestro país, ocurridos recién tras la inmigración peruana y la afrodescendiente del Ecuador, Colombia y otros países caribeños –sumados al antisemitismo mundial de última data–, de modo que la discriminación sufrida y la lucha emprendida por la población Mapuche es negada, menospreciada o, en el “mejor” de los casos, cooptada por el progresismo e izquierda chilena para su lucha nacional de clases, con lo cual soslayan –implícitamente, al menos– la cuestión racial y la demanda por autodeterminación Mapuche. Probablemente esta sea una de las varias explicaciones a aquella tentación de vernos como “clase” y no como raza/pueblo/nación.

Al final, huelga decir que la construcción, análisis y crítica del Derecho y la Justicia desde la perspectiva de las razas, si bien no es nueva, va recobrando vigor a propósito de la coyuntura mundial y la crisis de los Derechos Humanos. Valga la pena tenerla en consideración entonces al momento de investigar la situación de los pueblos indígenas en Chile y especialmente la relación entre el Derecho chileno/occidental y el Mapuche.

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