Señor Director:
La impactante develación realizada por la atleta Érika Olivera esconde una realidad que como país no hemos enfrentado con la rigurosidad y firmeza que amerita. Cientos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes son víctimas de agresiones sexuales por parte de algún adulto y, en muchos casos, todo queda en la impunidad por el silencio de la víctima, que no se atreve a denunciar o por la falta de pruebas suficientes que permita llevar los casos a judicialización.
Tan solo con mirar las cifras relacionadas con este delito, vemos que es una realidad alarmante. Anualmente, según datos del Ministerio Público, se reciben más de 20 mil denuncias al año sobre agresiones sexuales y 7 de cada 10 de dichas denuncias corresponde a personas menores de edad. Por otra parte, también vemos que las niñas son las más afectadas, y la historia de Érika está dentro de estas cifras.
Otro aspecto a considerar es que la develación de una agresión sexual no siempre ocurre en forma inmediata, pueden pasar muchos años hasta que la persona lo comunica y rompe este secreto, esto conlleva a que la víctima enfrentar consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades de aprendizaje y relacionamiento con otros.
El caso de Érika nos muestra que es imperativo legislar para que este tipo de delitos no prescriba y permita realizar acciones judiciales que sancionen esta grave vulneración, independiente que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad o los años transcurridos después de sucedido el delito.
Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de la protección de niños y niñas es responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad en su conjunto, es decir, contar con un sistema de protección que garantice el ejercicio de Derechos de niños y niñas, y, en este caso, en particular el Derecho a la Protección contra toda forma de explotación y abuso sexual.
Además, el Estado debe responder en forma efectiva para reparar y restituir este derecho vulnerado. Y, por otra parte, es fundamental desarrollar capacidades en familias y sociedad en general sobre cómo prevenir abusos.
Tenemos que avanzar como país en construir entornos más protectores para niños, niñas y adolescentes de modo que podamos prevenir que la experiencia de Érika se repita, es tarea de todos evitar que esto ocurra.
Pamela Zúñiga, Coordinadora de Protección de la Niñez, World Vision Chile
