Señor Director:
En torno al debate constitucional, hay quienes defienden el estado de bienestar como esencia de la solidaridad social, señalando que el principio de subsidiariedad contenido en nuestra Carta Fundamental es la causa de los problemas que vive nuestro país. Para ellos, la pobreza, la desigualdad, las irregularidades y la corrupción incluso, son el resultado de un concepto, que entienden como un obstáculo al desarrollo del Estado, y por tanto, de la solidaridad de la comunidad. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional ha demostrado que la subsidiariedad es una fórmula bastante más exitosa para las personas y el bien común que aquellas que pretenden que todas las actividades -o la mayoría- deban ser proveídas por el Estado.
El principio de subsidiariedad enmarca dentro de sí mismo el concepto de solidaridad, toda vez que se sustenta en el desarrollo social, donde lo público y lo privado trabajan en conjunto y se relacionan a través de la regulación, la complementación o la sustitución, según el área que se trate. De este modo, se promueve que los privados puedan impulsar sus propios proyectos y satisfacer las infinitas necesidades existentes en la comunidad, mientras que el Estado se concentra en aquellas acciones que no pueden, no deben o no quieren ser tratadas por particulares, dando lugar a mayor eficiencia en el gasto público y mejor capacidad de atención a los más vulnerables. También, y no menos importante, es que permite valorar en su justa medida las capacidades de cada actor para el desarrollo individual y colectivo, reconociendo de manera más real y dinámica los aportes que cada uno puede hacer a la vida y desarrollo de la nación. Así, el debate se concentra en los roles público y privado según las necesidades y exigencias nacionales con parámetros claros, y no en base a premisas que determinan a priori que el sector público deberá cumplir tareas aun cuando no tenga la capacidad, o que un área debe quedar fuera del aporte de privados sin mayor razón.
Finalmente, el Estado subsidiario puede responder de mejor manera en la generación de equidad de oportunidades, disminución de desigualdades y respeto a las libertades, ya que se trata esencialmente de un sistema de suplementación, donde el incentivo es que las partes se sumen y complementen con respeto a los intereses particulares y el fin último del bien común.
Aníbal Rodríguez Letelier
Decano Facultad de Derecho
Universidad Santo Tomás
