Durante las últimas semanas y a raíz de los fallecimientos de menores en dependencias del Sename se ha hecho un gran revuelo con respecto a esta institución y al ministerio del que depende, llegando a existir una interpelación en contra de la ministra de Justicia al respecto (la que no tuvo más propósito que obtener mezquinos créditos políticos de parte de los interpelantes, sin ningún argumento o moción a favor de los menores).
A propósito de los jóvenes del Sename escribo esta columna. Soy médico general de zona con desempeño en el hospital de Limache y durante un año y medio asistí a atender pacientes de salud mental de forma voluntaria en el recinto de régimen cerrado Limache (más conocido como Lihuen [ “luz” en mapudungun]).
Durante este tiempo, pude constatar la dura realidad que se vive en el funcionamiento interno de dicha institución, hoy fuertemente cuestionada por su efectividad en la rehabilitación y reinserción de menores en la trama social.
Para contextualizar, los menores en centros de régimen cerrado (CRC) son infractores a la ley, en su mayoría por delitos de robo con sorpresa o robo con intimidación en la vía pública y la menor cantidad por delitos de alta connotación social, como homicidios o delitos sexuales. Se puede estudiar con detalle las causas y delitos que copan nuestros centros de régimen cerrado e internación provisoria con los datos oficiales de Sename, pero lo que se extraña mucho en este debate es la discusión sobre el círculo de la delincuencia, que se inicia cuando estos niños, que no tienen madurez ni racionalidad, comienzan a vivir la mayor parte del tiempo en la calle.
Es en este círculo y proceso donde no solo falla el Sename, sino donde falla todo el sistema de protección social chileno y donde fallamos todos como ciudadanos también. Es fácil ser un ciudadano pasivo y con la crítica a flor de boca, sin asumir nunca que la misma condición de ciudadanos nos hace responsables del bienestar de nuestros compatriotas, incluidos estos niños del CRC Limache que crecieron en la calle y aprendieron a defenderse y a destacar en ella con “choreza”.
La mayoría de los que atendí como pacientes se iniciaban en la vida de la calle tempranamente, significando la calle un ciclo de robo con sorpresa –reducción de especies con el delincuente profesional de turno– y gasto del dinero en lujos, consumo de alcohol y drogas (pasta base principalmente) junto a otras “diversiones” asociadas, como fiestas y prostitución.
La gran mayoría de las veces el tiempo de ocio de un niño en la calle proviene de una familia disfuncional, ya sea de padres con historia delincuencial o consumo de drogas, o simplemente padres negligentes que no dedican tiempo a la crianza respetuosa.
En ese momento, cuando el niño está empezando a conocer la vida en la calle, es donde creo que tendría más impacto una política de rescate de niños vulnerables, ya que aún no han adquirido la cultura de la delincuencia que implica dinero fácil y ausencia de empatía, que definitivamente se pierde con el tiempo en contexto de calle. Sin duda hay antisociales reales, que carecen de la capacidad de percibir al otro como un ser sintiente, pero mi impresión es que ese trastorno de la personalidad corresponde a una mínima cantidad dentro de los jóvenes del CRC Limache que atendí. La mayoría fueron niños sanos e inocentes, donde falló nuestro sistema de rescate y protección social.
En ese sentido, es evidente que se requiere de mayor capacidad de acoger a niños en riesgo social en las etapas más tempranas, pero además generar un trabajo personalizado con ellos y con terapias que puedan devolver lo más básico de que estos niños carecen: el sentimiento de acogida, amor y respeto con figuras de apego relevantes. Dicho objetivo es imposible con centros hacinados de niños, donde solo se replica la estratificación social mediante violencia que se vive en la calle.
Esta es la dura realidad de los centros de acogida Sename, y que se evidencia aún más en los centros de reclusión cerrados, que funcionan con la misma dinámica que las cárceles de adultos.
Una vez vividos algunos años de delincuencia en la calle, los jóvenes “caen” repetitivamente a centros de reclusión por los delitos cometidos, aumentando sus condenas por penas y por reincidencias, y eran esos jóvenes, entre 14-17 años, los que debíamos atender en el CRC Limache, con un equipo de psicólogos dedicados, enfermera, técnicos paramédicos y 2 médicos generales sin especialidad en psiquiatría.
Como podrá intuir el lector, los trastornos psiquiátricos de estos jóvenes son de la más seria gravedad, ya que han estado muchos años en contexto de violencia, presenciado homicidios, perpetrando homicidios en ocasiones y la gran mayoría de ellos (cerca del 95%, según una serie personal de 100 pacientes atendidos en dicha unidad) ingresan a los CRC con un alto consumo de pasta base o cocaína, sufriendo el síndrome de abstinencia a dicha droga, que incluye alucinaciones, autoagresiones, agresiones a terceros, suicidios, insomnio, irritabilidad, y otros síntomas que los hacen vivir un calvario.
[cita tipo= «destaque»]Lo que hoy tenemos es un Estado negligente, que subsidia centros colaboradores privados y que no potencia las instituciones estatales implicadas en el problema como el Sename o los servicios de salud, y es una política nefasta que ha trascendido a todos los gobiernos postdictadura y que explota hoy por el fallecimiento de algunos niños en dependencias Sename. Hubo fallecimientos en todos los gobiernos previos también, muchos de los cuales no pasaron de ser noticia para las familias de los niños.[/cita]
Estos pacientes requieren tratamientos farmacológicos complejos para evitar episodios disruptivos, como suicidios o peleas con puñal en el centro de reclusión, o agresiones a los encargados de casas de internos, funcionarios del Sename que cuidan de dichos jóvenes con los pocos recursos que tienen ( recientemente apuñalaron a un encargado aquí en el CRC Limache).
El problema es que el Sename no ha dispuesto de equipos de salud mental que puedan tratar de forma óptima estas patología, ya que se requieren muchos recursos, como camas psiquiátricas para los casos más complejos, especialistas en psiquiatría, enfermeros, técnicos paramédicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, talleristas, médicos generales, y apoyo religioso u otros similares para tratar los primeros meses del síndrome de abstinencia. Otra fase de la rehabilitación (y quizá la más importante) es capacitar a los jóvenes para que tengan algún oficio al salir en libertad, con el que puedan solventar su existencia.
Está de más decir que ninguna de estas cosas se cumple, y la triste realidad es que el apoyo psiquiátrico se hace mediante privados que cobran sobreprecios por no existir competencia posible en un mercado tan pequeño, y los talleres que se hacen no cumplen con dotar a los jóvenes de una forma honesta de ganarse la vida.
En este contexto, solicitamos a nuestro CRC Limache la contratación de horas de psiquiatra a principios de este 2016, y al ser la respuesta oficial “es imposible conseguir un psiquiatra ” y ver que se nos utilizaba como un recurso parche, decidimos con tristeza, mis colegas y yo, dejar de realizar las atenciones de salud mental a los jóvenes en el centro, continuando las mismas en el hospital de Limache, como el resto de nuestros pacientes del programa de salud mental.
Algo que llamó mi atención desde el principio del trabajo en el CRC Limache fue que la prevalencia de consumo de altas dosis diarias de pasta base de cocaína era muy importante en los reclusos, los que ejercían sus robos con sorpresa o violencia bajo los efectos de esta terrible droga, cuyo síndrome de abstinencia los obliga a seguir robando para consumir más, o a usar otras drogas como ansiolíticos típicos, clonazepam principalmente, para disminuir los síntomas previamente descritos.
Los traficantes de dicha droga hacen un daño irreparable a nuestros niños y merecen penas acordes al flagelo que implica el consumo de ella, que a mi parecer es un gran factor en la entrada de jóvenes al mundo delictual, y en menor grado la cocaína. La carga de enfermedad por la pasta base es algo que debe estudiarse urgentemente y ojalá en el futuro se persiga con toda la fuerza a los productores y traficantes de esta peligrosa y adictiva droga.
No aparecía, por lo demás, un consumo muy elevado de marihuana u otras drogas de circulación en Chile.
(Cabe mencionar que el clonazepam, fármaco vigilado por los organismos pertinentes, es de muy fácil acceso en la calle y ferias libres, donde existe cero fiscalización, y se usa como droga de recreación también).
En un problema multifactorial y de compleja solución o paliación, como la delincuencia juvenil, debiese haber iniciativas estatales de larga proyección, enfocando los recursos en los momentos más importantes de intervención temprana para los niños vulnerables.
Lo que hoy tenemos es un Estado negligente, que subsidia centros colaboradores privados y que no potencia a las instituciones estatales implicadas en el problema, como el Sename o los servicios de salud, y es una política nefasta que ha trascendido a todos los gobiernos postdictadura y que explota hoy por el fallecimiento de algunos niños en dependencias Sename. Hubo fallecimientos en todos los gobiernos previos también, muchos de los cuales no pasaron de ser noticia para las familias de los niños.
Tal como en el otorgamiento de otros derechos básicos, como salud y educación, nuestro ordenamiento neoliberal ha fallado miserablemente en el intento de rescatar o rehabilitar a nuestros niños vulnerados de derechos, tan hijos de nuestra patria como nosotros mismos, y que hoy le roban a usted el celular para comprar pasta base, o afilan estoques y punzones en sus celdas pensando en la próxima demostración de “choreza” en la cárcel de menores.
