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Ley de sociedades anónimas deportivas profesionales: una mirada 10 años después

por 2 septiembre, 2016

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El 5 de mayo de 2005 se promulga en el congreso la ley N° 20.019, que “regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales”. El proyecto de ley se inicia el 23 de julio de 2002, inspirada en la moción parlamentaria presentada por el ex Presidente Sebastián Piñera (en ese momento RN) y la indicación sustitutiva a dicha iniciativa presentada por Carlos Ominami (en ese momento PS), Jorge Pizarro (DC) e Ignacio Pérez (RN). Como se puede apreciar, el proyecto contaba con un apoyo transversal de la clase política.

De los fundamentos de la iniciativa, los cuales se pueden encontrar en la historia de la ley elaborada por la Biblioteca del Congreso, se desprenden algunas promesas que debía cumplir. Se hablaba que el nuevo modelo aseguraría una administración eficiente, mayor control interno y fiscalización externa y responsabilidad jurídica y financiera de los clubes deportivos. Además, debía asegurar más recursos a las alicaídas arcas de los clubes. Hoy, transcurridos más de diez años desde la promulgación de la ley, estamos en condiciones de analizar si se han cumplido o no dichas promesas.

Si se analiza la administración de las concesionarias que se hicieron cargo de los clubes deportivos, vemos que esta deja bastante que desear. Durante el año 2015, 23 de los 26 equipos profesionales que han presentado memoria anual a la SVS presentaron pérdidas en sus estados financieros. La deuda acumulada de estos 26 clubes para dicho año supera los 17.500 millones de pesos (unos 26 millones de dólares). Incluso, las empresas administradoras de los dos clubes más populares del país, Azul Azul S.A. (a cargo del Club Universidad de Chile) y Blanco y Negro S.A. (a cargo de Colo Colo) presentaron pérdidas por sobre los 2.000 millones durante el mismo período.

Para hablar del mayor control interno y fiscalización externa, basta con analizar el caso de Deportes Concepción. Dicho equipo no presentaba resultados financieros auditados desde 2011. Incluso, según información de la SVS, solo 9 de los 31 equipos profesionales enviaron sus estados financieros para el período 2015 dentro del plazo determinado, habiendo 5 que aún no lo hacen. Con respecto al control interno, resulta incomprensible que Deportes Concepción, receptor de préstamos (irregulares) durante la era Jadue por 2.170 millones de pesos, haya sido desafiliado del fútbol profesional por tener deudas de 1.800 millones de pesos. Evidentemente hubo un manejo interno que deja lugar a dudas. Santiago Morning, Deportes la Serena y Unión La Calera recibieron, de la misma fuente, cerca 4.600 millones de pesos entre los tres. Los primeros dos clubes están dentro de los 5 que no presentaron estados financieros el 2015, mientras que Unión La Calera presentó pérdidas por sobre los 700 millones.

La inversión en infraestructura llevada a cabo durante los últimos 10 años también habla del mismo fenómeno: la gran mayoría fue realizada con platas fiscales, habiendo contadas excepciones provenientes de las concesionarias (como el Centro Deportivo Azul o el Monasterio Celeste).

El caso de Deportes Concepción nos lleva al siguiente punto: responsabilidad jurídica y financiera de los clubes deportivos. Evidentemente, la desafiliación fue producto de un mal manejo dirigencial. Sin embargo, la sanción no fue impuesta ni a la concesionaria administradora del club ni a sus dirigentes; la sanción fue al club deportivo, castigando directamente al hincha y dejando sin sanción a las personas responsables. Es difícil entender la lógica utilizada por las autoridades. Cuando un club, manejando por su gente, tiene un mal manejo, se le quita la administración para entregársela a una concesionaria. Cuando los nuevos administradores tienen un mal manejo, se castiga al club deportivo y se deja a los responsables sin castigo alguno.

Tampoco se puede afirmar que el modelo de la sociedad anónima haya asegurado más recursos. Gran parte de los ingresos de los clubes no responden a una buena gestión administrativa, sino que provienen de la repartición de las utilidades del CDF. El Mercurio informó que, para 2014, este ingreso representaba el 32% de los ingresos totales del club chileno promedio. Si uno hace un análisis más desagregado, podemos ver que en la mitad de los equipos que presentaron estados financieros ese año, esta cifra superaba el 50%. Además, el diario Atacama, citando a un informe de la ANFP, afirma que nueve clubes del fútbol chileno (entre ellos dos de Segunda División) debían, a fines de 2015, 3.700 millones a prestamistas y factoring. Dentro de este listado figuran Unión La Calera y Deportes Concepción. La inversión en infraestructura llevada a cabo durante los últimos 10 años también habla del mismo fenómeno: la gran mayoría fue realizada con platas fiscales, habiendo contadas excepciones provenientes de las concesionarias (como el Centro Deportivo Azul o el Monasterio Celeste).

Finalmente, llama la atención la ausencia de un elemento dentro de los objetivos de la ley: la participación del hincha. Hoy en el Congreso se está discutiendo una reforma a la ley N° 20.019. Esta discusión se está llevando, como es costumbre en este país, entre cuatro paredes, a espaldas de la ciudadanía. El llamado, a todos los hinchas del fútbol, es a organizarse, a crear redes, a no dejar que la clase político-empresarial siga haciendo lo que le plazca con nuestra pasión. Tenemos la responsabilidad y el deber de proteger el futuro de nuestros clubes.

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