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Adulto Mayor: la urgencia de políticas públicas con visión Estado

por 26 septiembre, 2016

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En junio pasado la Presidenta Bachelet firmó el Proyecto de Acuerdo para ratificar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin tardar, el Congreso inició el trámite de aprobación, en momentos en que la sociedad civil se volcó a las calles demandando al Estado y al mundo político garantizar una vejez con dignidad, exigencias gatilladas por el sistema de pensiones que no ha respondido a las expectativas ciudadanas.

El Convenio aludido (aun tramitándose en el Congreso) representa un auspicioso marco que nos posiciona con cierta urgencia, y sin demagogias, para diseñar soluciones concretas a problemas endémicos que afligen a este sector. Se trata de un segmento cercano a 3 millones de connacionales que con su esfuerzo coadyuvaron a construir el país que heredarán nuestros hijos y nietos. De allí que, previo a su ratificación, se debe avanzar con rapidez y eficiencia en la creación de políticas públicas capaces de responder a su letra y espíritu.

Hoy resulta indispensable revisar las condiciones de casi 500 mil personas cuya pensión no supera los 90 mil pesos, obligándolos, en muchos casos, a mendigar alimentos en ferias y mercados. Agrava lo anterior un informe de la OCDE (2015) donde Chile figura con el sistema de financiación de salud más ineficiente e inequitativo comparativamente con los demás países miembros. Añade que los tiempos de espera para operarse de cataratas o de prótesis de cadera fluctúan entre 200 y 250 días, intervenciones frecuentemente solicitadas por los adultos mayores.

Lo anterior también es válido para los insuficientes aportes que el SENAMA otorga a las entidades que acogen a aquellos provenientes de familias sin medios económicos y/o abandonados. Valga solo mencionar la Fundación las Rosas, institución que alberga a más de 20 mil adultos, de los cuales el 22% sería autovalente, recibe un aporte estatal que alcanza al 13% necesario por persona. El resto proviene de la caridad de nuestra población e incluso de ONGs extranjeras, realidad que enfrentan otras instituciones de similar perfil.

Hoy resulta indispensable revisar las condiciones de casi 500 mil personas cuya pensión no supera los 90 mil pesos, obligándolos, en muchos casos, a mendigar alimentos en ferias y mercados. Agrava lo anterior un informe de la OCDE (2015) donde Chile figura con el sistema de financiación de salud más ineficiente e inequitativo comparativamente con los demás países miembros.

Aun cuando el escenario descrito es responsabilidad de todos, su liderazgo corresponde a las instancias públicas competentes, brindando respuestas adecuadas. Cifras actuales muestran que la población adulta mayor representa al 16,7% del total de los chilenos (2.885.157 según CASEN 2013 ) y se proyecta que para el 2050 uno de cada 3 tendrá más de 60 años. Mientras el número de personas con problemas de salud aumentó un 73% en la última década, el 2025 existirán más personas sobre 60 años que menores de 15. Toca, en consecuencia, agilizar la definición de nuevas políticas nacionales que garanticen una vejez digna a la brevedad.

En este contexto, resulta imprescindible al menos duplicar el porcentaje de cobertura que el Estado entrega a los más vulnerables institucionalizados o alejados de las redes de apoyo. Asimismo, incrementar los especialistas en geriatría cuyo número no supera los 90 en todo el país; facilitar la formación de profesionales capacitados para su cuidado; aumentar la calidad y cobertura en salud; fortalecer la institucionalidad del SENAMA; y desarrollar ciudades amigables que promuevan la integración y plena participación de las personas mayores, así como la solidaridad entre las distintas generaciones.

El envejecimiento poblacional llegó para quedarse y eso envuelve un cambio cultural en la manera de asumir una realidad insoslayable, que se traduzca en políticas integrales y de fondo, con una mirada de futuro. Estas deben establecer condiciones que aseguren los derechos de los mayores, las que, de paso, permitirán garantizar el bienestar de las generaciones futuras. No cabe, en consecuencia, permitir que ocurra lo acontecido con la Convención sobre el Niño ratificada hace más de un cuarto de siglo por nuestro país, y que aún está en deuda con el desarrollo de la infancia y sus derechos.

Incorporar los contenidos de la Convención Interamericana en el ordenamiento jurídico chileno implica la instauración de nuevos marcos normativos, presupuestos y políticas públicas con visión de largo plazo que se requerirán para dichos fines. Lo anterior conlleva avanzar hacia una mayor conciencia social, convocándonos a trabajar por un Chile para todas las edades.

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