Señor Director:
Escribo en relación a una publicación de El Mostrador que hace referencia a una denuncia a la contraloría por parte del secretario general de la UDI, don Guillermo Ramírez, ante pagos irregulares por un servicio no procedente, emitidos por parte de la I. Municipalidad de Santiago a un consultor externo.
Al respecto y como me veo aludido, debo precisar lo siguiente:
1.-No he recibido pago alguno por parte de la Municipalidad de Santiago, faltando con ello la UDI a la verdad y manipulando las comunicaciones con fines electorales.
2.-Mi servicio (la asesoría en el cobro de las licencias médicas retenidas durante los últimos 5 años), no tiene nada de irregular como se señala. Primero, pues la municipalidad es libre de contratar a honorarios a quien quiera, segundo, porque no soy el primer honorario que trabaja como apoyo al departamento de recursos humanos, tercero, mi servicio es esporádico y relativo a funciones que van más allá de las que el municipio debe y puede manejar.
Dicho esto, no puedo dejar de sentir molestia y pena. Molestia, pues el secretario y el jefe de bancada (senador Antonio Coloma) dicen hacer su denuncia para preservar el patrimonio público, lo cual es el fin propio de mi labor, puesto que el dinero que recuperé para la Municipalidad corresponde a licencias médicas que estaban a punto de prescribir, y por tanto, a fondos que pasarían a manos de las Isapres y que la Municipalidad jamás tendría en sus arcas contables de no ser por mi experiencia y eficacia en el desarrollo del servicio. Y pena, pues me doy cuenta que con el fin de dañar políticamente a un contrincante, se olvidan valores, se mal utilizan los medios de comunicación (con mentiras e insinuaciones) y se generan daños colaterales (como es mi caso).
Les aseguro que si se les pregunta a los chilenos o miembros de una comuna, que escojan entre perder miles de millones o pagar un % de éstos a quien puede recuperarlos rápidamente para atender las necesidades de su entorno, elegirían lo segundo.
Finalmente, solo puedo manifestar que criticar este servicio, solo refleja la ignorancia que existe respecto a las trabas diarias que tienen los funcionarios municipales para ejecutar los cobros respectivos con eficacia, ni que hablar de llevarlos al día, por ello el diagnostico a nivel nacional nos habla de más de $50.000 millones por concepto de licencias médicas no cobradas en desmedro del patrimonio público y que pronto estarán en manos de privados, siendo aterrador la cifra de licencias médicas que ya no se pueden recuperar.
Carlos Drews, Consultor
