El secretario general del partido, Guillermo Ramírez, acudirá a la Contraloría para pedir que se reintegren a la Municipalidad la suma de 69 millones que, según él, fueron pagados por el municipio a un asesor externo.
En plena campaña municipal, la directiva de la UDI, a través de su secretario general, acudirá a Contraloría para solicitar que se reintegren a la Municipalidad de Santiago $68.998.328 que -según acusan- fueron pagados por el municipio de Carolina Tohá a un asesor externo.
De acuerdo a los antecedentes que entregará la UDI al órgano contralor, «con fecha 1 de junio de 2016, la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde (s)Víctor Hugo Miranda Núñez, y Carlos Drews Rubilar firmaron un contrato de prestación de servicios que tuvo vigencia de tres meses, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2016. En virtud de este contrato, la Municipalidad de Santiago canceló por concepto de honorarios un total de $68.998.328», informa La Tercera.
La denuncia interpuesta por la UDI agrega que el servicio por ejecutar fue «gestionar y recuperar reembolsos por subsidios por incapacidad laboral”, para lo cual se otorgó a Drews una serie de atribuciones “sin que el prestador del servicio asuma la calidad de funcionario municipal”.
Lo anterior, según los argumentos del partido, contravendría el informe N° 1311 de Contraloría, emitido el 8 de febrero de 2016 ante una situación parecida ocurrida en la Municipalidad de Colbún, en la que el ente contralor explicó que «los municipios no pueden traspasar a particulares las labores que son propias de su función pública».
Por lo anterior, la Unión Demócrata Independiente pedirá a Contraloría que los pagos de la Municipalidad de Santiago sean “objetados y reintegrados, o que de lo contrario se inicie un Juicio de Cuentas en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos irregulares, incluidas las máximas autoridades comunales”.
«Estos pagos resultan del todo improcedentes y apartados de la legalidad, por lo que deben ser reintegrados”, dice Rodrigo Urzúa, abogado asesor de la mesa UDI.
«El que un municipio pague a un tercero $69 millones por una pega que deben hacer sus funcionarios, es tremendamente irregular. Y si ocurre en época de campaña, peor aún”, agrega Ramírez.
