La promulgación de la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) es una de las mejores noticias del año para quienes abogamos por políticas públicas más eficaces y de mayor calidad para la ciudadanía. La nueva disposición contempla 154 nuevos cargos para ser concursados a través del Sistema, pasando de 975 a 1.129. Con esto, se incorporan 10 nuevos servicios públicos, entre los que destacan el Sename, el Senama, la Conadi, Fonasa, el Injuv y la Dirección del Trabajo.
También se establecen procesos de reclutamiento y de selección más eficientes, pues la normativa abrevia los plazos en los que estos se desarrollan e instaura la creación de un banco de candidatos.
Esta última iniciativa permite que quienes hayan participado en concursos anteriores y cumplan con el perfil del cargo sean invitados a participar nuevamente en determinados procesos de selección. Esto reduciría la contratación de servicios de búsqueda de talentos (head hunters), que representa cerca del 70% de costo total de cada concurso.
Sin embargo, la medida más importante para la legitimidad del Sistema ADP es la eliminación de los cargos transitorios y provisionales. Esta figura fue el mecanismo explotado en las últimas transiciones de Gobierno para “evadir” el Sistema.
El método era simple: la autoridad política entrante (Presidente o ministros) despedía a directivos ADP en ejercicio y designaba “temporalmente” a uno de su confianza. Seis meses después, cuando el cargo debía ser concursado públicamente, el ganador era prácticamente sabido.
Así, las desvinculaciones de directivos ADP en los primeros años, con posterioridad a un cambio de coalición, alcanzaban a cerca de un 65% para cargos de primer nivel jerárquico y a un 40% para los de segundo nivel. Para morigerar este tipo de excesos, la nueva normativa establece además que los despidos deben ser previamente informados y argumentados por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública, lo que supone un costo adicional para las autoridades políticas.
¿Cuál es el sentido de todo esto? A nivel macro, las políticas formales de carrera y la promoción del principio de mérito dentro del Estado han demostrado tener un impacto positivo sobre el desarrollo de los países, en particular sobre su crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el control de la corrupción y la disminución de la mortalidad infantil.
[cita tipo= «destaque»]La promulgación de la reforma al Sistema ADP supone contar con mejores bienes y servicios públicos para la ciudadanía y, de paso, avanzar hacia estándares de países desarrollados en la gestión e implementación de nuestras políticas públicas. Por cierto, muchas otras medidas se encuentran aún pendientes, como la incorporación del Servel y otros organismos del nivel central al Sistema; su extensión hacia gobiernos regionales y municipios; y el rediseño de las compensaciones que este ofrece para atraer a más y mejores postulantes, especialmente en cargos directivos de hospitales públicos.[/cita]
Además, diversos estudios –centrados principalmente en la burocracia norteamericana– han confirmado el positivo efecto que tienen directivos nombrados bajo sistemas de mérito sobre la gestión de organizaciones públicas, así como el deterioro que se produce sobre estas cuando se abusa de las designaciones políticas. En Chile, por su parte, el arribo de directivos ADP a los servicios de salud ha significado mejoras para la gestión hospitalaria y existe evidencia de que directivos ADP ejecutarían de forma más eficiente el presupuesto de sus respectivas agencias.
Un reciente estudio exploratorio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirma los hallazgos descritos. El análisis de ocho estudios de caso en Chile y en Perú revela que la incorporación de directivos nombrados bajo sistemas de mérito produjo mejoras tanto en la gestión interna de sus respectivas organizaciones, como también en sus prácticas de trabajo. Dichas mejoras se concentran específicamente en la gestión de los recursos, las personas y los procesos de las agencias examinadas. Adicionalmente, según sugieren los resultados de la misma investigación, los mecanismos de selección meritocráticos aportan una dosis sustantiva de legitimidad a los directivos escogidos en términos de sus competencias, su autonomía para gestionar y su compromiso con la institución donde asumen.
En suma, la promulgación de la reforma al Sistema ADP supone contar con mejores bienes y servicios públicos para la ciudadanía y, de paso, avanzar hacia estándares de países desarrollados en la gestión e implementación de nuestras políticas públicas. Por cierto, muchas otras medidas se encuentran aún pendientes, como la incorporación del Servel y otros organismos del nivel central al Sistema; su extensión hacia gobiernos regionales y municipios; y el rediseño de las compensaciones que este ofrece para atraer a más y mejores postulantes, especialmente en cargos directivos de hospitales públicos.
