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¡Que la CNI devuelva a mis hijos…!

por 11 noviembre, 2016

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El 9 de noviembre de 1983, Galo y María Candelaria Acevedo Sáez, dos hermanos militantes de las Juventudes Comunistas de la Ciudad de Concepción, fueron detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los jóvenes fueron llevados a un recinto militar frente al balneario de Playa Blanca, uno de los tantos centros de detención y exterminio de la Octava Región. Angustiados y temerosos, los familiares y amigos los buscaron; los hermanos iniciaban la concatenación de hechos de muchos otros que sufrieron la crueldad del régimen cívico-militar: una detención trágica y dolorosa que, además de tortura y vejamen, podría terminar con sus vidas; como fue seis días antes la historia de Víctor Hugo Huerta Beiza, quien fue torturado y luego ejecutado, su muerte fue presentada por la CNI y la prensa afín a la dictadura, como un enfrentamiento.

Sebastián Acevedo, padre de Galo y María Candelaria, un obrero comunista que presenció la detención de su hija, el 11 de noviembre, fue a la Plaza de la Independencia, frente a la Catedral de la Santísima Concepción, se roció con parafina y bencina y se prendió fuego, mientras gritaba: ¡Que la CNI devuelva a mis hijos…!

¿Cuántas vidas tormentosas?, ¿cuánto dolor?, ¿cuánta angustia?, ¿cuánto horror?, ¿cuántas muertes?, es difícil descifrar el daño que los déspotas cometieron mientras fueron gobierno, padecimiento que al utilizar artimañas para seguir impunes o, en algunos casos, casi indemnes, mantienen vivo en la sociedad chilena.

Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura son la expresión de una práctica institucionalizada dirigida contra víctimas directas –en este caso, Galo y María Candelaria–, también han sido una infamia para sus familiares y amigos. ¿Cuántas vidas tormentosas?, ¿cuánto dolor?, ¿cuánta angustia?, ¿cuánto horror?, ¿cuántas muertes?, es difícil descifrar el daño que los déspotas cometieron mientras fueron gobierno, padecimiento que al utilizar artimañas para seguir impunes o, en algunos casos, casi indemnes, mantienen vivo en la sociedad chilena.

El sacrificio de Sebastián Acevedo ejemplifica lo que han hecho y siguen haciendo quienes incansablemente han persistido en la búsqueda de verdad y justicia. Verdad que ha sido tenue, pues se mantienen los pactos de silencio y, con ello, la indignidad de los victimarios y de sus benefactores; y una justicia que ha sido menos de lo posible: los pocos represores que están procesados gozan de condenas que no se condicen con sus perversas actuaciones.

Conmemorar hoy la inmolación de Sebastián Acevedo es una oportunidad para condenar la campaña que realizan algunos hombres y mujeres para que los represores de ayer se hagan merecedores de beneficios carcelarios, cruzada que desarrollan a través de los mismos medios de comunicación que patrocinaban a la Dictadura, desentendiéndose de preceptos jurídicos que exigen que, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, es necesario que la sentencia se cumpla.

De este modo, se actualiza el trato abusivo del Estado con los familiares de las víctimas, obligándolos no solo a continuar en la búsqueda por alcanzar mayores niveles de verdad y justicia, sino, además, deben sumar energías para impedir que la escasa justicia que se ha logrado se transforme en una impunidad legitimada.

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