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¿Hagámoslo bien? Mejor sin la industria alimentaria

por 26 diciembre, 2016

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Hace unos días, la asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile) lanzó un video que, esperablemente, ha generado polémica en redes sociales y autoridades. Este básicamente muestra a figuras públicas criticando la ley de etiquetado de alimentos, con una serie de argumentos que, además de ser engañosos, evidentemente infantilizan a la población chilena.

Somos categóricos al decir que se trata de una estrategia para confundir a la población con respecto al etiquetado alimentario. Esto no sorprende, dado que detrás del video está AB Chile, compuesto por empresas como Andina, Coca-Cola, CCU, y Nestlé, que claramente defienden los intereses de la industria alimentaria: aumentar sus ganancias, sin importar los efectos que esto tenga sobre la salud de la población.

Además de criticar a las figuras públicas que se hicieron parte de este juego de la industria alimentaria –que hoy se viste de promotora de la alimentación saludable–, creemos necesario aclarar el rol que ha jugado en la ley de etiquetado, y debatir los supuestos planteados en el video.

¿Por qué esto es tan indignante?

  1. El rol de la industria en el etiquetado actual: La ley de etiquetado de alimentos se presentó como propuesta el año 2012 por el Ministerio de Salud. Desde entonces, tuvieron que pasar 4 años de larga discusión en el Congreso para que entrara en vigencia la ley recién en junio del 2016. Si bien durante el proceso de discusión se logró ampliar en ciertos sentidos la implementación de la ley, tampoco estuvo exenta de frutos concretos del lobby de la industria alimentaria.Lo positivo del proceso fue que se incorporaron a la ley original alimentos inicialmente no contemplados (tales como cecinas), así como también se puso especial énfasis en los menores de 14 años, prohibiendo tanto la publicidad de productos alimentarios poco saludables dirigidos a este grupo como también la venta de alimentos con juguetes adosados u otros incentivos, como dibujos animados. También, digno de destacar, se prohíbe la venta de alimentos poco saludables en establecimientos educacionales.Lo negativo fue que a lo largo del proceso –en medio de denuncias de parlamentarios sobre la presión de la industria alimentaria y la Sofofa–, se logró establecer una gradualidad para la implementación de ley. ¿A qué nos referimos con esto?

    La ley establece límites para la concentración máxima de cada nutriente en 100 g. En caso de exceder ese límite, se deben incorporar los conocidos sellos. Originalmente, se le iba a dar 1 año a la industria alimentaria para que tuviera a todos sus productos con los sellos correspondientes. Lamentablemente, el lobby de la industria alimentaria logró que los límites adecuados se apliquen recién 3 años desde su entrada en vigencia. La industria tuvo 1 año para incorporar los sellos a sus alimentos, pero no con los límites nutricionales adecuados, sino que con límites “menos exigentes” que los recomendados. A los 2 años, estos límites serían más estrictos, para finalmente en 3 años, desde la entrada en vigencia, llegar a los límites considerados como saludables por el Ministerio de Salud.

    Si bien eventualmente se lograrán los límites apropiados, condenamos tanto el rol que jugó la industria como también la obsecuencia de los parlamentarios y conceder un plazo de 3 años para su correcta implementación a riesgo de confundir a la población. Aquí queda en evidencia el peso de la industria alimentaria en nuestro país, la misma que hoy se agarra de donde puede para seguir atacando una ley que no la beneficia.

  2.  Las críticas que hace la campaña “Hagámoslo Bien”: Esta campaña se lanzó en el contexto de una “preocupación” por parte de AB Chile ante los resultados de una encuesta encargada por ellos mismos a Cadem –que, además de levantar dudas sobre la legitimidad o la independencia a la hora de realizar el estudio, no es pública a la fecha en su sitio ni en el de AB–, en que supuestamente el 52% de los encuestados no ha dejado de comprar alimentos con sellos. Incluso si esta cifra fuera cierta, que un 48% de los chilenos haya cambiado su elección por el etiquetado de alimentos es sin duda algo digno de festejar. Es un consenso internacional que es difícil implementar estrategias exitosas para prevenir y tratar la obesidad, situación que se debe contrapesar al juzgar nuestras políticas públicas (1,2).Una política pública de esta naturaleza, se debe evaluar a largo plazo en términos de los efectos esperados en la mejora de los patrones de alimentación de la población y su contribución a la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. Por supuesto que evaluaciones periódicas, retroalimentaciones y mejoras importantes son necesarias, pero en ningún caso a 6 meses de su implementación estamos en posición de una sentencia final, menos si viene de un actor que es juez y parte.
  3.  Luego, el video presenta críticas tendenciosas que es importante aclarar: a) “El etiquetado es en base a 100 g y no a porciones”: Los sellos se presentan en 100 gramos y no en porciones con el fin de homogeneizar el criterio con que se asignan y poder comparar alimentos entre sí. Estos miden la calidad del alimento, ya que si en 100 gramos un alimento sobrepasa los límites, significa que la concentración del nutriente en cuestión es excesiva y hay que limitar su consumo. De utilizarse las porciones, podría darse a la industria la posibilidad de modificarlas artificialmente para aparentar que sus productos no son perjudiciales para la salud.

    Así que, María Gracia Omegna, nos decepciona tu intervención en este bochornoso video al servicio de grandes empresas. La concentración de azúcar que tienen las “mentitas” de Ambrosoli es altísima, por lo que se debe limitar su consumo, y en eso el etiquetado cumple su función. Asimismo, es frustrante ver que Isidora Jiménez, como deportista nacional, forme parte de esto también.

    b) “Los sellos no distinguen claramente entre cuál alimento es peor que otro”: Luis Jara –rostro habitual de campañas publicitarias de grandes cadenas de supermercados y otras empresas–, hace rato ya que las calorías dejaron de ser lo más importante para indicar la calidad del alimento. Y, claro, los sellos no permiten la comparación entre productos con sellos, pero ese no es su propósito, sino señalar productos no saludables. Para comparar productos sigue existiendo la información nutricional, en la que puedes ver qué producto tiene menos nutrientes nocivos. ¿Alguna duda?

    Con respecto a tu intervención, Yann Yvin, lamentamos que ridiculices la capacidad de juicio que tiene la población chilena, pretendiendo que no tiene capacidad de discernir si es que acaso comer una porción mayor de alimentos con sellos es peor para la salud que una porción menor de ellos, lo cual es a todas luces evidente.

    c) “Todo tiene sellos”: Iván Guerrero, antiguo suspicaz rostro de periodismo político, nos sorprende tu supuestamente ingenua sorpresa al ver que todos los productos que comes tienen sellos. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2010 (3), un 67% de los chilenos tiene exceso de peso. En la misma línea, Chile lidera en las tasas de obesidad infantil en América Latina. Es por esto mismo que fue necesario implementar la ley de etiquetado de alimentos, en función de poder disminuir estas cifras alarmantes que responden a nuestros patrones habituales de alimentación.

  4. El impacto real de la ley de etiquetado: Frente a esta intención de la industria de aumentar las ganancias a costa de la salud de la población, hay que celebrar la ley de etiquetado de alimentos como una herramienta que, si bien puede ser mejorada, tiene como objetivo ayudar a la población a comprender qué alimentos tienen una excesiva concentración de nutrientes nocivos.

Escuchar a la industria alimentaria cuando se trata de regular el marketing y el consumo de lo que comemos es tan absurdo como consultarle a la industria de combustibles fósiles –uno de los grandes responsables del desastre del cambio climático– si acaso es pertinente desarrollar las energías renovables. Bombo Fica también encontraría sospechosa la cosa.

Esta iniciativa –que ha sido valorada positivamente por diversos países y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura– ha promovido que en ciertos casos la industria alimentaria, como por ejemplo Coca-Cola y Nestlé, haya tenido que adaptarse y cambiar sus fórmulas para tener alimentos dentro de la norma.

También, recientemente, gracias a la ley se han eliminado las caricaturas de los cereales infantiles. Esto es especialmente importante, ya que existe evidencia contundente para respaldar la eliminación de las caricaturas de este tipo de productos, puesto que, según estudios experimentales, este tipo de estrategia aumenta el interés de los niños en ellos y, además, particularmente cuando se trata de personajes conocidos, a los padres les resulta difícil negarse a las peticiones de los niños en cuanto a la adquisición de productos no saludables (4).

Hay una serie de mejoras que es posible introducir a la regulación del etiquetado nutricional y también se debe avanzar crecientemente en estrategias que permitan tanto aumentar la educación de la población con respecto a nutrición saludable, como también generar ambientes que promuevan lo mismo. Ahora, en lo que sí somos claros, es que ninguna de las propuestas planteadas por AB Chile van a favor del objetivo común de mejorar la nutrición y ni siquiera ameritan discusión.

¿Qué es hacerlo bien?

Valoramos la existencia de debate público en torno a la Ley de Etiquetado de Alimentos –que está lejos de ser perfecta–, porque creemos que las políticas de salud deben ser objeto de deliberación colectiva y reflexión crítica. Ahora, la discusión debe hacerse sobre la base de evidencia y de valores sociales y no falseando los hechos para defender intereses empresariales. Por ejemplo, consideramos que debemos abrirnos a ir más allá y discutir sobre la posibilidad de generar un impuesto al azúcar, tal como se está estudiando realizar en Reino Unido sobre la base de una revisión sistemática de la literatura científica y como ya se ha hecho en México, Hungría y Francia (4).

Si se trata de buscar errores en el proceso de desarrollo e implementación de la ley en términos de la relación con la industria, no se relacionan precisamente con no haberla incorporado lo suficiente para evitar la pataleta que están haciendo ahora, sino justamente lo contrario: haber permitido que su lobby surtiera efecto e impactara en diversos aspectos de la política, como el plazo que tomaría la plena vigencia de los niveles exigidos para los distintos nutrientes, que pasó de un año a cuatro, en cuyo tránsito además los umbrales irían cambiando, lo cual podría generar confusión a la población.

Como reza la sabiduría popular: si el río suena es porque piedras trae. No es azaroso que la industria esté haciendo la burda contracampaña que vimos hace algunos días sino que justamente responde a que sus intereses comerciales se ven afectados. Lamentablemente las diversas industrias, y en particular la industria alimentaria, no tienen en el centro de sus motivaciones la salud de la población ni otras consideraciones sino que cuidar sus ganancias es su interés nuclear, a cualquier precio. Ejemplos hay infinitos en el mundo y también en Chile, basta con recordar las recientes colusiones del papel higiénico o de los pañales.

Escuchar a la industria alimentaria cuando se trata de regular el marketing y el consumo de lo que comemos es tan absurdo como consultarle a la industria de combustibles fósiles –uno de los grandes responsables del desastre del cambio climático– si acaso es pertinente desarrollar las energías renovables. Bombo Fica también encontraría sospechosa la cosa.

Es por eso que hacerlo bien de verdad no es montar un show para vender mentiras, sino obstaculizar cada vez más el lobby de la industria, realizar esfuerzos más decididos para educar a la población, reducir las inequidades económicas que impiden el acceso a productos saludables, e incorporar a la comunidad, a profesionales de salud y salubristas en el diseño, evaluación e implementación de esta y otras políticas que apunten a una alimentación más sana para nuestra población.

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