Nos ha llamado profundamente la atención la carta de la Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado, en que da a conocer su posición frente al sistema de nombramientos de los Consejeros de dicho organismo.
El nombramiento de “exclusiva confianza” del Presidente/a de la República que emana de fuentes legales y/o constitucionales ha sido interpretado tradicionalmente por el ejecutivo de nuestro país como una capacidad discrecional de designar a quien considere apropiado por sí y ante sí. Generalmente estos nombramientos recaen en profesionales de mérito. Sin embargo, la discrecionalidad del método de nombramiento o de la premisa que lo sustenta es, al menos, cuestionable, más allá de los nombres de turno.
La Asociación de Diplomáticos de Carrera comparte la apreciación de la Asociación de Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado, conocida recientemente. En nuestra opinión, los nuevos tiempos en Chile exigen una revisión sistemática de las normas que apuntan a la simple discrecionalidad de la autoridad. Debe promoverse la carrera funcionaria y la incorporación de cuadros a través de sistemas de concurso.
Hoy, la ciudadanía está más atenta, tiene mayor acceso a la información y exige mayor profesionalismo y competencia de sus servidores públicos. Por nuestra parte, Asociaciones gremiales y sindicatos defendemos no solo un interés particular de un grupo de funcionarios (agenda laboral) sino un genuino interés cívico de dotar a nuestro país de una institucionalidad más fuerte, capacitada y que rinda cuentas de frente al ciudadano (agenda institucional).
[cita tipo=»destaque»]La discrecionalidad, la omnipotencia, la falta de escrutinio en las decisiones de política pública trascendente requieren una revisión, y, mientras no sea factible un cambio legal, al menos de compromisos políticos sustentables de las autoridades de nuestro país.[/cita]
Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos una responsabilidad que asumimos con un sentido país, no solo para defender nuestros intereses gremiales sino para representar la continuidad de los intereses de Chile, profundamente conectados con la ciudadanía, sus necesidades, anhelos e intereses.
La discrecionalidad, la omnipotencia, la falta de escrutinio en las decisiones de política pública trascendente requieren una revisión, y, mientras no sea factible un cambio legal, al menos de compromisos políticos sustentables de las autoridades de nuestro país. Ciertamente, estas situaciones provienen, en ocasiones, de la letra constitucional, es por ello que estos asuntos no pueden quedar sin respuesta en el debate constituyente en curso.
La transparencia en el diseño e implementación de políticas públicas no puede entenderse como algo separado o distinto de la legitimidad en el nombramiento de autoridades públicas, esa legitimidad es un activo que la ciudadanía está demandando crecientemente.
En ese sentido, junto con solidarizar con la posición de nuestros colegas del Consejo de Defensa del Estado, la Asociación de Diplomáticos de Carrera mantiene una posición permanente de promover que el nombramiento de Embajadores y Embajadoras sea progresivamente sometido a escrutinio público y que exista una mayoritaria designación de carrera.
Varias prácticas de sucesivas administraciones deben revisarse con suma atención: la designación de Embajadores políticos donde no existan razones de peso que la justifiquen, la necesaria sujeción de Embajadores (políticos y de carrera) a estándares de profesionalismo y trayectoria intachable que contribuyan a la generación de un clima laboral adecuado en las misiones bajo su dirección, de manera de evitar escándalos como los conocidos desde hace un tiempo en trascendidos noticiosos.
Por cierto, también debe haber un esfuerzo para que otros nombramientos presidenciales en el exterior (hay más de 35 agregados en distintas Misiones) se sometan progresivamente a estándares de profesionalismo, a metas de gestión y funcionamiento.
Finalmente, consideramos que diplomáticos y autoridades debemos contribuir a que las Embajadas en el exterior no sean vistas ni consideradas por la ciudadanía como un botín político, un premio de consuelo para políticos derrotados en las urnas o que requieren un tiempo fuera de la contingencia política.
En suma, aspiramos a que las Embajadas y Misiones sean reconocidas por lo que efectivamente son, una representación de lo mejor de nuestro país, una oficina en el extranjero administrada por profesionales al servicio de los más altos intereses de Chile.
