Existe una fundada preocupación en diversos medios nacionales e internacionales acerca de los efectos de las políticas y decisiones populistas del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump. Pasado el primer momento en que se especulaba que sus promesas presidenciales eran meros instrumentos de campaña y ya con evidencias de que intentaría ponerlas en práctica, no pocos analistas se preguntaron si tendría el suficiente apoyo político para llevarlas a cabo.
En la actualidad predomina la idea que muchas de las rupturistas políticas en materia de migración, impuestos, libre comercio, defensa, medio ambiente y salud (entre otras) serán absorbidas por el establishment y que “Trump será controlado”.
¿En qué se basa esa predicción política? En dos elementos complementarios y fuertemente interactivos, que bien vale la pena considerar para el futuro de nuestro propio país:
La fortaleza de la sociedad civil norteamericana.
La gran distribución territorial del poder político, es decir, la descentralización del Estado.
Respecto de la sociedad civil es cierto que hoy Estados Unidos es distinto del país que describía Tocqueville hace casi dos siglos, que el capital social se ha reducido (como mostró Fukuyama hace dos décadas), que la movilidad social se ha hecho muy lenta y que la democracia representativa bi-partidista norteamericana es calificada como elitista por vastos sectores de la población.
También es efectivo que dicha élite política y económica ha ido concentrando el poder desde hace cuatro décadas en USA en torno al centro político (Washington D.C.), que el 1% más rico ha visto crecer exponencialmente sus ingresos frente al resto de la población (Sáez y Zucman en 2014 documentan que el 0,1% de las familias más ricas poseía el 22% de la riqueza en 2012 versus el 7% en 1978) y que su elevadísima influencia en las políticas públicas representa un riesgo para la democracia (como muestra el estudio de Page, Bartels y Seawright, de 2013).
Una de las grandes explicaciones del triunfo de Donald Trump se sitúa precisamente en ese diagnóstico. Una parte de la población elige un candidato populista para expresar un voto de castigo a los políticos, mientras que otra parte no se moviliza oportunamente por una candidata considerada parte de la desacreditada élite política norteamericana (Hillary Clinton).
Un sello histórico de USA ha sido la desconcentración del poder de toma de decisiones y el peso de la sociedad civil en la vida cotidiana. Según OCDE, los Estados Unidos son uno de los dos países más descentralizados de la organización, a juzgar por su mayor gasto público de decisión regional y municipal (54 % en 2005), sólo superado por Suiza (62% del presupuesto nacional, incluyendo ingresos propios regionales y locales y transferencias desde el nivel central.
El Premio Nobel de Economía Douglass C. North da una pista interesante a partir de su estudio de dos siglos sobre el desarrollo económico mundial, al sostener que los países desarrollados lo son porque poseen una institucionalidad informal que controla a los políticos. De tal forma que el peligro del populismo se contrarresta con decisiones colectivas, con dispersión del poder hacia centros “calificados” y sujetos sociales activos. Así parece estar aconteciendo con la más reciente movilización social norteamericana y, especialmente, con el incremento de calificados candidatos a las próximas elecciones de parlamentarios en noviembre de 2018.
[cita tipo=»destaque»]Así, el capitalismo de amigotes (crony capitalism), propio de sociedades con elevada desigualdad social y alta concentración económica, como la chilena o brasileña, hoy se ve sumergido en escándalos de corrupción y tráfico de influencias que amenazan la democracia y el desarrollo.[/cita]
Por su parte, en América Latina vemos cómo la democracia representativa acompañada de procesos de concentración política y económica (que no es privativa de los estados unitarios) se empantana en la falta de legitimidad de sus partidos y elites políticas y empresariales, todas ellas más empeñadas en extraer rentas y sacar provecho de los intercambios y tráfico de influencias, que en desplegar la innovación y la competencia propia de un sistema capitalista emergente.
Así, el capitalismo de amigotes (crony capitalism), propio de sociedades con elevada desigualdad social y alta concentración económica, como la chilena o brasileña, hoy se ve sumergido en escándalos de corrupción y tráfico de influencias que amenazan la democracia y el desarrollo.
Tal como alertó oportunamente The Economist dos años atrás, el remedio más eficaz para la crisis de representación democrática agudizada por la corrupción, es profundizar la democracia. Es decir, dispersar el poder. En forma responsable e institucionalizada, buscando fortalecer las capacidades regionales y locales, al mismo tiempo que fomentando la participación y control democrático de los gobernantes.
¡Ese es el desafío que se abre con la elección de Gobernadores Regionales en Chile en 2017!
