Señor Director:
Cuando hablamos del Transantiago, inmediatamente comienza a darnos un dolor de cabeza desmesurado. De ser el mecanismo de transporte más eficiente de Latinoamérica, se convirtió en el transporte más caro y más evadido de América Latina.
Mientras esto ocurre, existen miles de aristas del porqué. Quisiera referirme a una en particular: El alza de precios. Este mecanismo ha sido vanagloriado por todos los gobiernos que han tenido que hacerse cargo del gran fracaso de la administración pública y la planificación de políticas públicas del país, yo me pregunto – y quizás más de algún trabajador también- ¿no es la lógica inversa que debería aplicar un Estado cercano a su pueblo?
El Metro desde la implementación del Transantiago, costaba $420 pesos, hoy en día puede llegar a costar $740 pesos. Es una locura a la cual todos estamos sometidos. 76% más que su creación, esto quiere reforzar la tesis que expongo.
El gobierno excusa dichas alzas (desde el 2013) en que es producto de lo caro que le cuesta compensar dicho hoyo de gasto a las empresas de transporte, por lo tanto, el gran culpable de este disparo de tarifa pertenece exclusivamente a los que usan a diario el transporte y evaden sistemáticamente los tótems de pago. Esta reflexión deja mucho que desear de un gobierno comprometido con sus ciudadanos; se arrebatan la culpa, mantienen tranquilos a los empresarios del transporte, y por supuesto -como quiero demostrar- no confían en la gente.
Para explicarlo, quiero decir que una personas que entrega servicios de limpieza, no puede transportarse semanalmente desde Puente Alto hasta Vitacura sin gastar menos de $8.000 pesos. Esto quiere decir cerca de $30.000 mensuales de un sueldo mínimo. Bajo esta lógica, el alza de precios no cobra sentido si solo corresponde al 34,6%.
A pesar de que estos índices son preocupantes, es más preocupante aun, que parlamentarios y gobierno apuestan compromisos de mejora, mayores presupuestos y mayor rigor de fiscalización, y todavía no son capaces de preguntarse si la solución están en confiar un poco más en los trabajadores de este país (de ahí la idea generalizada de que la política en este país es cada vez más alejada a las personas de a pie). Al confiar en los trabajadores, me refiero a reconocer el esfuerzo monetario que se hace en pagar en un transporte deficiente y caducado en su eficiencia. Este es si no, un factor importante de la impotencia generalizada por pagar un transporte que no ahorra tiempo ni dinero, si no lo prolonga y acorta. ¿No será mucho más fácil subvencionar la tarifa -dicho sea de paso, las ganancias exclusivas de las empresas privadas de transporte- y, dejar de sobrepagar a empresas que son encargadas de entregar un mejor servicio que mayores tarifas? ¿Acaso el gobierno confía más en las empresas privadas (unos pocos) que en las personas de su país?
Todavía no se toman una decisión política decisiva para cambiar la peor política pública de la historia de este país, si no, por un lado, los parlamentarios buscan responsables políticos por las decisiones de la ciudadanía, y por otro, un gobierno que se empeña en cuartear la integridad de las empresas de transporte.
Felipe Espinoza A. Estudiante de Ciencia Política
