El día de ayer se celebraron las elecciones primarias 2017, instancia para que la ciudadanía manifestara su postura respecto a los candidatos que disputarán la presidencia en noviembre. A primera vista, podríamos asegurar que todos los ciudadanos tuvimos la oportunidad de sufragar y, de esta forma, ejercer nuestro derecho a voto. Pero esto no es así. Ayer fueron invitados a esta fiesta los ciudadanos libres, más no quienes se encuentran entre los muros del olvido y la indiferencia: las presas y presos a quienes el Estado ilegítimamente impide ejercer sus derechos como ciudadanos.
La Constitución Política de la República establece la pérdida de la ciudadanía, entre otras causales, por el hecho de haber sido condenado a una pena aflictiva (una pena que merezca más de 3 años de cárcel). Sin embargo, esta privación se extiende de facto a quienes, estando en la cárcel, no han sido condenados a tal pena, pues pese a no tener suspendido su derecho a sufragio, no existen las condiciones materiales que les permitan ejercer libremente su derecho.
[cita tipo=»destaque»]En noviembre de este año serán las Elecciones Presidenciales y nuevamente seremos invitados a participar de esta fiesta sólo quienes estamos fuera de la cárcel, mientras otros verán desde detrás de los barrotes cómo festeja una sociedad que, en lugar de reinsertar a nuestras presas y presos, los excluye y olvida, encerrándolos y privándolos de su dignidad en todo ámbito.[/cita]
Al 29 de marzo de 2017, había 20.283 personas privadas de libertad que se encuentran habilitadas para votar, pero el Estado no les permite ejercer su derecho simplemente porque no existe una voluntad política real que ponga en movimiento a los organismos responsables de hacerlo posible. Se trata, en consecuencia, de una vulneración constante y sistemática a su derecho a voto. El Estado chileno debe responder ante la situación.
La responsabilidad de encontrar una solución es compartida. Por un lado, nos encontramos con el Servicio Electoral, que ha manifestado incesantemente que no cuenta con las facultades legales para habilitar mesas de votación en los recintos penitenciarios y, por otro, tenemos a Gendarmería de Chile, diciéndonos que le es imposible trasladar a internas e internos hasta los locales de votación.
Sin embargo, en una seguidilla de fallos dictados por la Corte Suprema, se ha sostenido que el Servel “está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario”, mientras que a Gendarmería de Chile “le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia”.
Pese a existir órdenes emanadas del máximo tribunal de justicia del país que ordenan a estos servicios restablecer el imperio del derecho y, en consecuencia, permitir que las personas privadas de libertad que no tengan suspendido su derecho a voto puedan hacerlo, los órganos del Estado antes mencionados han hecho caso omiso. Ni el Servicio Electoral ni Gendarmería de Chile adoptaron las medidas necesarias que le permitieran a estas personas votar en las pasadas Elecciones Primarias 2017.
No podemos catalogar esta omisión sino como una falta de servicio gravísima, en tanto no sólo supone una omisión a la obligación legal que tienen los mencionados servicios y un desacato a una orden judicial, sino que además significa una vulneración a un derecho tan fundamental como lo es el de sufragar.
En noviembre de este año serán las Elecciones Presidenciales y nuevamente seremos invitados a participar de esta fiesta sólo quienes estamos fuera de la cárcel, mientras otros verán desde detrás de los barrotes cómo festeja una sociedad que, en lugar de reinsertar a nuestras presas y presos, los excluye y olvida, encerrándolos y privándolos de su dignidad en todo ámbito.
