La Pregunta no es si los pueblos quieren reconocimiento constitucional, la pregunta es qué tipo de reconocimiento constitucional necesitamos los pueblos originarios.
Uno que permita que Chile sea un Estado plurinacional, que cree un registro electoral indígena para representar los pueblos originarios en el parlamento de Chile. Esto sería un avance, pero no es la solución.
¿Por qué no es la solución? Porque el problema no es netamente electoral. El problema concreto es que el Estado no reconoce al pueblo Mapuche como nación y sujeto de derechos colectivos, con la facultad de decidir libremente su futuro. El Estado debe para ello reconocer un estatuto legal que regule el funcionamiento autónomo en el plano político, cultural y económico. Con una estructura de representación, un Parlamento Mapuche de acuerdo a las identidades territoriales.
Hay que dejar claro que nunca en Chile se ha llevado a cabo un proceso constituyente en que participen las fuerzas sociales chilenas y que no sea monitoreado por la burguesía funcionaria y la clase política profesional. Los dos únicos intentos fueron terminados con muertes mediante la fuerza policial y con el suicido de Luis Emilio Recabarren porque los mismos partidos que él creo lo desautorizaron.
Ni siquiera los pobladores, trabajadores y campesinos chilenos han podido participar de un proceso serio para una nueva constitución, menos aún el pueblo mapuche.
[cita tipo=»destaque»]En consecuencia, no hay nada que diga que el proceso constituyente indígena es mejor que el ilegitimo proceso Chileno. Imperfecto, vertical y no ha nacido desde las fuerzas vivas del pueblo, como ocurrió en la época del mutualismo y el cooperativismo en que la inteligencia popular se auto convocó para hacer una nueva constitución, sin la clase política profesional, sin los partidos políticos y sin el ejército.[/cita]
El “proceso constituyente chileno” que se está tratando de impulsar en Chile no es legítimo. Basta solo un dato: participaron 200 mil personas de más de 12 millones con derecho a voto; fueron auto convocados por funcionarios de gobierno y de partidos políticos; la mayor participación fue en Vitacura y Las Conde. ¿Y qué pasa con esas 72 comunas que tienen índices de vulnerabilidad escolar superiores al 78%?
En consecuencia, no hay nada que diga que el proceso constituyente indígena es mejor que el ilegitimo proceso Chileno. Imperfecto, vertical y no ha nacido desde las fuerzas vivas del pueblo, como ocurrió en la época del mutualismo y el cooperativismo en que la inteligencia popular se auto convocó para hacer una nueva constitución, sin la clase política profesional, sin los partidos políticos y sin el ejército.
Es un proceso ilegitimo porque todo apunta a que esto será votado por el congreso, y eso ya es una derrota ciudadana completa, ya que ese congreso está compuesto por los “Penta” parlamentarios, los congresistas “Corpesca” y senadores “SQM”. De tal manera será una constitución para el pueblo pero sin el pueblo. Ahí se encuentra la rancia clase patronal y derivada del latifundista que ven al mapuche como un objeto de críticas y no como un sujeto derechos.
Ilegitima porque plantea como meta hacer participar a 8 mil personas pertenecientes a los pueblos originarios, eso equivale al 0,5% de la población indígena (1.5 millones) casi tan ilegitima como la consulta sobre el ministerio indígena y el Consejo de pueblos.
No es casualidad que el Comité de Derechos Humanos de la ONU planteó recomendaciones al Estado, ya que le preocupa que Chile no haya establecido un mecanismo de consulta efectivo y de acuerdo a las normas internacionales. Que a la fecha no se haya aprobado aun la reforma constitucional de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Le preocupa que no se garantice el articulo 1 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Es fundamental decidir sobre qué tipo de autonomía necesitamos, no solo el que se le ocurre a algún ministro. Ya que el reconocimiento constitucional en si mismo no asegura la protección de los derechos colectivos, como asegura el ministro del ramo. Solo un ejemplo: La constitución Política asegura en el artículo 19 N°9.- El derecho a la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a la salud y rehabilitación del individuo. Pero la salud en Chile no está asegurada ni siquiera para los más pobres. Menos para los pueblos originarios, que según todas las encuestas somos más pobres.
Sin embrago, No hay nada que acredite que en este gobierno se haga definitivamente una nueva constitución, de tal manera que todo estos movimientos comunicacionales y burocráticos al final de cuenta serán archivos en la biblioteca nacional, como una declaración de muy buenas intenciones.
En efecto, debería el Estado resarcir la violación del tratado de Trapigue, entre el Pueblo Mapuche y el Estado de Chile, que reconoce la nación mapuche, derechos colectivos, límites territoriales y libre determinación. Como no alcanzaran a cambiar la Constitución invito al Gobierno a cumplir ese tratado, lo que sería más que un gesto de buena voluntad, particularmente el artículo 19° que dice: “… queda desde luego establecido, que el chileno que pase a robar a la tierra; y sea aprendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere; así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos”. Y todos los demás artículos que Hablan de la educción, derecho consuetudinario, justicia tradicional y que reconoce a los loncos como gobernadores soberanos de sus tierras.
