Desde hace algunos años el Estado ha venido diseñando programas y políticas públicas para resolver el problema de lo que se ha denominado, según sea el caso, barrios críticos o de alta complejidad. Sobre estos últimos dice Hernán Ortega (Director Ejecutivo de la Unidad de Planes Integrales de la Intendencia Metropolitana) al diario La Nación ha surgido “la necesidad” del gobierno de Bachelet de instalar proyectos focalizados o “planes integrales para situaciones excepcionales”.
Un barrio de Alta Complejidad, según Ortega, cumpliría con las siguientes características “precaria condición de habitabilidad, con graves problemas de violencia e inseguridad, ausencia de infraestructura y servicios públicos – privados y, por sobre todo, relaciones deterioradas con la autoridad y sentimiento de abandono por parte del Estado”.
Vamos por parte. Habría que partir mirando un poco la historia. No es misterio que desde la dictadura, los criterios de mercado en la administración pública propiciaron la focalización del gasto social y un rol subsidiario del Estado. No hay excepción sino regla. Tampoco lo es, que el mercado rige el desarrollo urbano y, por tanto, delimita los mejores lugares de la ciudad (en cuanto a equipamiento, transporte, servicios, centralidad, plusvalía y calidad de las viviendas) para uso exclusivo de quienes pueden pagar por ellos. La segregación urbana, agudizada por las políticas de homogenización intracomunal de la dictadura ha sido consolidada con la política de vivienda social de los gobiernos democráticos y hasta el momento no existen señales de que esto cambie. No hay excepción sino regla. De ahí que el Estado debería hacerse cargo de mejorar universalmente la calidad de las viviendas sociales, reducir la densidad y el hacinamiento, mejorar la conectividad y la infraestructura pública, si su interés fuese hacerse cargo de los errores del pasado (y el presente). Para ello, antes de mirar al territorio o al barrio es necesario mirar a las instituciones, al mercado, al país y su modelo de desarrollo.
Actualmente existen cuatro “barrios de alta complejidad” incluidos en los planes integrales, La Legua (San Joaquín), Bajos de Mena (Puente Alto), Parinacota (Quilicura) y El Castillo (La Pintana) ¿Qué elementos tienen en común estos barrios? Indudablemente problemas asociados a la pobreza y la falta de oportunidades laborales, de hacinamiento y mala calidad de la infraestructura pública. En mayor o menor medida, todas las poblaciones del país enfrentan estos problemas, pero ¿por qué se priorizan estos y no otros? En esta interrogante es donde comienza a abrirse la verdadera agenda de los planes “integrales”, aun cuando cuesta hallarla, ya que existe el empeño de adosarle una serie de buenas intenciones. Lo que lleva a intervenir sobre estos barrios es el del aumento de la inseguridad y violencia. Habría que agregar más, se trata no de la inseguridad y la violencia cotidiana que sin duda afecta la calidad de vida de las personas que viven en estos barrios y de la que el Estado ha hecho odios sordos durante décadas, sino más bien de aquella mediatizada, espectacularizada y visible, que desafía, por el ejercicio de su presentación y representación, la “soberanía estatal”.
Recordemos que La Legua, fue la primera de estas poblaciones en ser incluida en un programa especialmente diseñado para atacar el tráfico de drogas y las situaciones de violencia e inseguridad. Todo amparado en las declaraciones ultramediatizadas de la tía Nena, o “la reina de la pastabase” como fue presentada a la opinión pública. En aquella época Correa Sutil, Subsecretario del Interior, ponía de igual a igual las declaraciones de una mujer habitante de un barrio de relegación urbana con la soberanía estatal, dejando en claro que era la Ley del Estado la que regía en La Legua y en cualquier parte, y no la de la tía Nena. La intervención policial en La Legua ha tenido efectos a todas luces dramáticos. Son innumerables las denuncias que el Comité de Derechos Humanos de dicha población ha realizado por torturas, abusos, allanamientos ilegales, agresión verbal, pruebas falsas, amenazas sobre los pobladores e incluso, la fundada sospecha de complicidad entre grandes traficantes y la policía.
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Sobre los llamados “barrios de alta complejidad” existe sí una situación excepcional, la persistencia de un estigma territorial, una “contaminación de lugar” como dice el sociólogo francés Loïc Wacquant, que es ante todo producida por los especialistas de la producción simbólica, partiendo por el propio Estado, los medios de comunicación, profesionales y técnicos, y la academia. En más de una ocasión, Bajos de Mena ha sido referido en los medios de comunicación, papers académicos y otras fuentes de información como “el gueto de Santiago”. Con ello, claramente no hay una voluntad sociológica de realizar un análisis comparativo de la exclusión etnoracial que sufren negros y latinos en Norteamérica con la realidad local, sino más bien movilizar imágenes de decadencia social, miedo e inseguridad. Asimismo la Población Parinacota, ha formado parte de una serie de reportajes y programas de televisión, donde se ha transmitido la idea de que en este lugar se desafiaría la Ley y la soberanía del Estado, siendo el más mediático el realizado por Emilio Sutherland y su programa “en su propia trampa”. El caso de El Castillo, fue en gran parte mediatizado a partir de la emisión del programa “En la Mira” de Chilevisión. En él se presentaba a este sector, surgido a raíz de la política de erradicaciones y radicaciones de la dictadura militar, como un lugar donde la violencia, el tráfico de drogas y la decadencia social y moral eran pan de cada día.
Sobre El Castillo, habría que referirse a aquello que Ortega menciona con mayor énfasis, las relaciones deterioradas con la autoridad. Bien hace recordar que durante el año pasado fueron formalizados 10 ex policías que cumplían funciones en la Tenencia de El Castillo. Los cargos asociados incluían robo con intimidación, cohecho, apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. Naturalmente, esta relación deteriorada con la autoridad, no proviene de patologías sociales o desviaciones subculturales a la norma, más bien existe en El Castillo, un aprendizaje por parte de los vecinos sobre la aplicación intermitente, selectiva y contradictoria (como dice el sociólogo Javier Auyero) de la Ley en los márgenes urbanos. El deterioro de las relaciones con la autoridad, tiene como problema el rol de la misma autoridad en la cadena de violencia e inseguridad. De ahí, que si se quisieran mejorar realmente las relaciones de la policía con los pobladores, habría que partir mirando la doctrina de la institución, sus valores y conducta ética a nivel nacional, antes de construir más comisarías y aumentar la dotación de policías en estos sectores, ya atiborrados de abusos y arbitrariedad policial.
Ortega refiere finalmente, con mayor énfasis al sentimiento de abandono del Estado que existiría en estos “barrios de alta complejidad” y no podríamos estar más de acuerdo con la aseveración. Sin embargo, la “restitución” del Estado, si es lo que se busca, debe ser materia de una profunda discusión, no puede darse por sentada. No es lo mismo, un programa que pretenda mejorar universalmente el acceso a la educación de los niños y niñas de San Joaquín o La Pintana, para posibilitar su ingreso a las universidades que uno que pretenda mejorar la retención o asistencia al colegio para así evitar la socialización callejera o las conductas delictivas. Tampoco es lo mismo, proponer el empoderamiento de las organizaciones sociales para construir interlocutores válidos con capacidad de acción política que hacerlo para propiciar el control informal sobre situaciones ilícitas en el barrio. Como bien ha expresado el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no es lo mismo actuar con la mano derecha que con la mano izquierda del Estado. Comencemos a mirar la regla, ya basta de excepciones.
