En nuestro país tenemos a muchos profesionales y técnicos en terreno, realizando diversos programas de apoyo a la infancia, adolescencia y a las familias. Sin embargo, no sabemos mucho si lo que hacen está funcionando, ya que las metas o indicadores propuestos, usualmente, tienen que ver con cobertura (cuántos niños o familias atiende cada uno) y no con resultados o impacto. Es decir, se desconoce si estos esfuerzos han logrado cambios en prácticas parentales, disminución de maltrato, aumento de desarrollo motriz-cognitivo-social-emocional, mejoras en salud, etc.
Frente a este escenario, no es extraño que cuando suelo presentar un programa estructurado y efectivo para interrumpir el maltrato infantil, disminuir los problemas de conducta en la infancia o de riesgo en la adolescencia, entre otras variables, la respuesta más frecuente sea: “Es que resulta muy caro, no tenemos cómo financiarlo”. Este argumento es simplista y cortoplacista. Tremendamente costoso es tener a miles de profesionales ejecutando programas que no sabemos si son efectivos ni si están produciendo resultados. Prueba de ello son los actuales índices de maltrato infantil, solo por dar un ejemplo.
Durante el Primer Foro de Crianza Positiva, llevado a cabo en Ciudad Juárez, México, el profesor Ron Prinz, reconocido investigador académico en temas de crianza, expuso sobre los costos asociados en la implementación de cualquier programa. Los más elevados –por lejos– corresponden a los del personal (honorarios, transporte, computadores, oficina, entre otros). Significativamente menores a esto (a veces inexistentes) son los costos de su capacitación, la que solo se debe contemplar al comienzo y, posteriormente, de manera esporádica, debido a la rotación de profesionales y necesidades de formación adicional. Otros costos a considerar, también pequeños y permanentes en el tiempo, corresponden a los materiales que se entregan a los usuarios de estos programas y al apoyo técnico o supervisión que reciben los equipos.
[cita tipo=»destaque»] Tener a batallones de profesionales, desde distintos servicios: Salud, Educación, Sename, Senda, Seguridad, entre otros, ejecutando programas sin resultados, es un gasto, un desperdicio tremendo de dinero. Destinar recursos significativos en la implementación de programas efectivos y comprobados es una inversión, que se recupera con creces.[/cita]
En Chile, usualmente no se quiere gastar en estos tres ítems –capacitación, materiales para los usuarios y apoyo técnico o supervisión a los equipos– porque se consideran caros y un gasto. Un razonamiento miope, porque esto no es un gasto, sino una inversión.
Solo destinando recursos en estas áreas, los equipos que trabajan con niños, niñas, adolescentes y/o sus familias serán efectivos, la inversión generará retornos (ahorros en otras áreas a raíz de la prevención realizada, por ejemplo) y, por ello, sus salarios y costos asociados estarán más que justificados.
Tener a batallones de profesionales, desde distintos servicios: Salud, Educación, Sename, Senda, Seguridad, entre otros, ejecutando programas sin resultados, es un gasto, un desperdicio tremendo de dinero. Destinar recursos significativos en la implementación de programas efectivos y comprobados es una inversión, que se recupera con creces.
Por ello, necesitamos que nuestros tomadores de decisiones cambien el foco, deseen invertir y no solo gastar los recursos públicos midiendo el alcance de las intervenciones, sino que evaluando su impacto y resultados. Cuando esto ocurra, los niños, adolescentes y las familias de nuestro país tendrán un Estado que realmente vela por su bienestar social.
