El caso de Daniela Vargas no ha dejado a nadie indiferente. Falleció por insuficiencia cardiaca, 16 días después de quedar fuera de la lista de trasplantes, decisión tomada por el equipo de la Red de Salud UC Christus.
Su caso se vuelve más triste al darnos cuenta de que ella se encontraba a cargo del Servicio Nacional de Menores y que las razones aducidas por la entidad médica se referían a su “precariedad social, familiar y personal», agregando que “Daniela no tenía en ese momento las condiciones mínimas necesarias para los cuidados pre y post operatorios, por lo tanto el trasplante cardíaco estaba contraindicado”.
Ante el dolor y la confusión que nos deja esta situación, un sentimiento muy humano sería apuntar a la búsqueda de culpables, ojalá de un “chivo expiatorio” claramente identificado. Queremos que alguien pague por su error, para enrostrar su responsabilidad, para estar seguros de que la culpa es de otros y no nuestra, para dormir tranquilamente pensando que el problema está identificado, sancionado y resuelto. Cuánta paz encontraríamos en eso, pero en este caso no corresponde que nos engañemos de esa manera.
[cita tipo=»destaque»]No basta con tener claras las brechas que enfrentan los más vulnerables, también el sistema debe hacerse cargo de cerrarlas para garantizar, al menos, la igualdad de opciones de tratamiento.[/cita]
La muerte de Daniela es el reflejo de un sistema, a cargo del Estado de Chile, que no funciona, que es incapaz de asegurar la salud de los niños, niñas y adolescentes que están a su cargo por vulneración de sus derechos. Como sistema, no tiene solo un elemento que falla, podemos identificar toda una cadena de situaciones que no tenemos resueltas: desde la prevención de la desarticulación familiar, el Estado no invierte en programas que apoyen a mantener las familias como núcleos protectores de situaciones de abandono o abuso.
Desde el sistema legal identificamos falencias en los diagnósticos de los niños que llegan al Sename: faltan abogados que litiguen de manera independiente al Estado por cada niño que es evaluado por el Servicio Nacional de Menores, mientras que el proyecto del Defensor del Niño no incorpora la representación jurídica autónoma del Estado.
Dentro de los programas del Sename brillan por su ausencia las terapias familiares de apoyo al vínculo, así como intervenciones que busquen la revinculación con la familia de origen o extendida. Se requieren acciones en los diferentes elementos del sistema (prevención, tribunales, ministerio de Salud y de Justicia) para evitar que otros niños lleguen a situaciones extremas de vida o muerte, las que también deberían hacerse cargo de la precariedad de los niños que son evaluados. No basta con tener claras las brechas que enfrentan los más vulnerables, también el sistema debe hacerse cargo de cerrarlas para garantizar, al menos, la igualdad de opciones de tratamiento.
El llamado final es a mantener la preocupación por la infancia más vulnerable y vulnerada, por los niños, niñas y adolescentes en manos del Estado que requieren de un sistema que realmente garantice sus derechos. No es el momento de dormir tranquilos, es el momento de actuar.
