Señor Director:
En una reciente columna en la sección de Cultura de este medio, Natalia Muñoz y Claudio Pérez se refieren a la estructura de financiamiento de la ciencia en Chile y a la falta de inversión del sector privado como el “gran talón de Aquiles”, llamando a “comenzar a tomar en serio la evidencia y los datos”. Recogiendo el llamado de los autores, existen varios puntos que son necesarios de aclaración o comentario, con el fin de evitar transmitir el erróneo mensaje de que el Estado “ya hizo su parte”:
- Cabe recordar que el gasto en I+D (GERD) de nuestro país es indudablemente bajo. Es conocido el dato de que, como porcentaje del PIB, Chile se encuentra último a nivel OECD. Pero nuestro país también presenta el menor GERD per cápita, siendo de menos de U$90 al año 2015 (sólo México se acerca, con U$95). Esto nos deja entre tres a cuatro veces por debajo de países con similar PIB per cápita. Por ejemplo, países con un PIB per cápita entre 24 y 27 mil dólares al año 2015, similar al de Chile (aprox. U$23 mil), tienen un GERD per cápita superior a los 200 dólares (a excepción de Lituania, con 155 dólares). Por ende, la meta del documento de la Academia de Ciencias (al que se refieren los autores) es conservadora, puesto que con suerte nos llevaría a los niveles de países comparables.
- Respecto al análisis de los autores, cabe enfatizar que no existe una composición “modelo” de financiamiento a la I+D. Los datos muestran, de hecho, que existe una amplia variedad de composiciones de financiamiento en los países de la OECD. En líneas gruesas, es posible distinguir entre un modelo con fuerte protagonismo del sector privado, como en Japón y Corea del Sur, y un modelo “mixto”, como el de algunos países centrales de Europa, en los que el sector público (el organismo entrega el porcentaje del GERD financiado por el gobierno) aporta una parte mayor del financiamiento a la I+D (que en los países asiáticos, cabe aclarar), con algunas variaciones importantes. En cuanto a las cifras, a nivel OECD el sector gobierno financia en promedio cerca del 30% del GERD, variando en líneas generales entre el 20% y el 45% (excluyendo los casos extremos); sin embargo, el análisis individual muestra que en parte importante de los países (cerca de la mitad), el porcentaje del GERD financiado por el gobierno supera (en algunos casos de forma significativa) el 33%, agregando un importante matiz a la manoseada frase “en los países OECD, el gobierno aporta solo un tercio del gasto en I+D”. ¿Y en Chile? Según los datos, el sector gobierno aporta el 43% del GERD (año 2015), algo no muy distinto a lo de países como España, Italia, Noruega, Polonia y Portugal (todos sobre el 40%), y no muy lejano a países como Austria, Nueva Zelanda y Singapur (36%-37%).
- La comparación de los autores sobre la evolución del gasto en I+D desde el sector público en el caso de Corea del Sur está incompleta. No basta con mencionar cuánto tardó el gasto público en I+D de Corea del Sur (o de cualquier otro país) en pasar del 0,4% al 1% del PIB, sino que debemos tomar en cuenta los montos respectivos, y en particular debemos compararlos con Chile. El año 2000, Corea del Sur tenía un PIB per cápita de U$15100 (según datos del Banco Mundial, medido en dólares constantes, 2010); ese mismo año, el gasto público en I+D del gobierno superó los 5 mil millones de dólares (cálculo a partir de los datos de gasto total y de porcentajes históricos de GERD financiado por el gobierno; el mismo dato se puede obtener, a partir del año 2006, directamente del “Science, Technology and Industry Outlook”).
En cambio, el año 2015 nuestro país tenía un PIB per cápita similar al de Corea del Sur en el año 2000 (Chile, U$14900, medido en precios constantes de 2010; U$ 23580 en precios internacionales actuales), y una inversión pública en I+D de 616 millones de dólares (en precios constantes del año 2010; la cifra real en pesos 2015 es de aprox. 259.000 millones, según datos del observatorio del Ministerio de Economía), esto es, ocho veces inferior a la de Corea del Sur el año 2000 (calculada con la misma metodología). Siguiendo el mismo tipo de análisis, en países que hoy tienen un PIB per cápita similar al de Chile, el GERD público per cápita es dos a tres veces superior. Mientras el GERD per cápita financiado por el sector público, para el caso chileno, no superaría los 40 dólares, en países como Grecia, Hungría y Polonia se encuentra sobre los U$100.
- A nivel OECD, el porcentaje del GERD financiado por el sector “empresas” es cercano al 50% (empleando el año 2015 o el último disponible), nuevamente con importantes variaciones. En Chile la cifra es del 33%, inferior -pero no muy distinta- a la de algunos países europeos. Sin embargo, cabe agregar que, cuando se analiza el tipo de I+D que financia cada sector, solo una parte muy menor del gasto en I+D productiva es financiada por el sector público; esta cifra es menor al 10% en promedio a nivel OECD (apenas 6% si se excluyen dos casos extremos, México [35%] y Hungría [19%]). Chile, en este sentido, se encuentra dentro de rangos razonables (9,7%). En cambio, el financiamiento de la investigación básica recae con mayor fuerza en el sector público.
- Entonces, dado el bajo esfuerzo global del gasto en I+D del país, si el crecimiento en inversión necesario para llevar a Chile a niveles similares a los de países con un ingreso per cápita comparable (para lo cual sería necesario al menos triplicar el gasto total, como vimos) proviniese solo del sector privado, esto privaría al país de la posibilidad de invertir en investigación destinada a generar conocimiento fundamental acerca de nuestro universo, nuestro país, su historia y su sociedad. Sin embargo, necesitamos crecer en todos los ámbitos de la investigación (básico y aplicado, por curiosidad y por misión), y en todas las áreas del saber.
- Es entendible la vocación por ampliar los sectores y formas en que se realiza la investigación en Chile. Sin embargo, este deseo no debe llevarnos a ignorar la realidad. La inversión pública en I+D en Chile es muy baja. Por ende, la inversión pública en I+D necesita más que aumentos graduales; necesitamos una apuesta fuerte y decidida del sector público, la que debe ser acompañada por políticas que también promuevan el esfuerzo privado. Sin embargo, este tipo de discusiones no debiera llevarnos a olvidar otras conversaciones necesarias. Por ejemplo, debemos impulsar un debate respecto a la necesidad de revisar los actuales programas de financiamiento (para fortalecer y optimizar el uso de los recursos) y respecto a cómo impulsar la investigación en el Estado o en centros regionales, por ejemplo. Pero es imposible concluir, dadas las cifras actuales, que la inversión pública en I+D no es también un “talón de Aquiles”. Estos reparos no impiden compartir o entender el análisis de Pérez y Muñoz, por supuesto; muchos quisiéramos ver un sector privado más activo en materia de I+D. Sin embargo, no podemos caer en el riesgo de entregar el mensaje errado de que el Estado “ya hizo lo suyo”, ni menos apuntar a querer copiar irreflexivamente modelos o estructuras de inversión en I+D de otros países, sin un análisis de nuestras fortalezas y debilidades y de los contextos ideológicos y políticos que llevaron a dichas estructuras.
Pablo Astudillo Besnier
