En las últimas semanas hemos sido testigos de la discusión sobre si los presos pueden votar. Desde distintas tribunas –incluyendo columnas, sentencias judiciales y rabiosos comentarios por Facebook– se han dado diversos argumentos, tanto para defender como para negar el derecho a elegir un candidato por parte de las personas privadas de libertad.
Cualquier interesado seriamente en el debate debe comenzar aceptando que admitir el voto de los presos porque así lo ordena la ley ya es una razón de peso. Cumplir las normas no es optativo. Eso es lo que como sociedad le enrostramos a cada persona que es encerrada. Siendo así ¿Podemos los ciudadanos –como defensores de la legalidad– optar por incumplir con lo mismo que exigimos?
Sin embargo, admitir el voto de quienes voluntariamente optaron por infringir las normas es una idea impopular y emocionalmente difícil de defender. Pareciera emocionalmente contraintuitivo reconocer derechos a los presos y poner medios a su disposición para que éstos puedan ser ejercidos. ¿Por qué dar “beneficios” a quien por sus malas decisiones debe ser castigado? Esto puede ser muy doloroso para las víctimas de delitos y sus familiares. Además, algunos pensarán que con este tipo de medidas, quienes han delinquido podrían verse tentados a cometer más delitos, porque ahora el sistema es más blando, les reconoce beneficios.
[cita tipo=»destaque»]A las autoridades y a todos nos conviene más generar las condiciones para vivir en un entorno de reglas que respetemos voluntariamente, esto es, no por la dureza del castigo asociado al incumplimiento sino que porque creemos que respetando las normas nos beneficiamos todos. En esto último opera un mecanismo afectivo, moral, no un cálculo matemático instrumental, que asegura resultados –como la preservación de la seguridad– a largo plazo.[/cita]
Detrás de esto hay, en mi opinión, una oportunidad para reflexionar sobre nuestra convivencia como sociedad a largo plazo. Debemos resolver entonces: ¿es posible defender los derechos de las personas privadas de libertad y estar genuinamente comprometido con la seguridad?
Algunos sostienen que para lograr mayor obediencia hay que aumentar las penas, es decir, los costos asociados al incumplimiento. Por temor al castigo, con penas más duras habrá menos delitos. Sin embargo esto supone enormes esfuerzos y gastos para mantener la aplicación permanente de la ley, dejar de lado otras prioridades de gasto público importantes, además de un sistema de vigilancia que se haga cargo de que ninguna infracción quede impune (para que la amenaza del castigo sea verosímil). Hemos visto que en Latinoamérica esto no es lo que sucede. Los estados no tienen capacidad para perseguir todos los delitos y tampoco para dar respuesta a todas las víctimas ¿Qué sentido tiene en un contexto así aumentar los costos de delinquir?
Por eso mismo, existe otra alternativa, relacionada con cómo las autoridades se vinculan en términos morales y emocionales con la comunidad. Para funcionar bien como sociedad debemos fortalecer los vínculos afectivos que nos unen y enviar señales claras a quienes infringen la ley de que estamos atados por responsabilidades comunes. Los presos no son parte de una sociedad paralela, son parte de nuestra comunidad y, le guste a quien le guste, compartimos el mismo espacio y en buena medida, las mismas preocupaciones.
Esta perspectiva valórica se apoya en la legitimidad de las autoridades y las normas que nos rigen y entiende que la gente respeta la norma, no por temor al castigo, sino porque siente que debe respetarla, porque considera que eso es lo correcto, lo apropiado. Siendo así, a las autoridades y a todos nos conviene más generar las condiciones para vivir en un entorno de reglas que respetemos voluntariamente, esto es, no por la dureza del castigo asociado al incumplimiento sino que porque creemos que respetando las normas nos beneficiamos todos. En esto último opera un mecanismo afectivo, moral, no un cálculo matemático instrumental, que asegura resultados –como la preservación de la seguridad– a largo plazo.
Es por eso defendemos el derecho a votar de quienes –es cierto– han incumplido las normas. No podemos hacernos cargo de recomponer las heridas de quienes han sido víctimas y cada delito lo encontramos lamentable. Pero miramos a futuro e, invitando a cada una de ellas, estamos convencidos de que ninguna estrategia para aumentar la seguridad puede ser inmediata para atacar un fenómeno tan complejo como la delincuencia. Por el contrario, estamos convencidos de que la mano dura trae mayor inseguridad y por ello es necesario pensar en estrategias de largo plazo, enviando una señal clara respecto a que todos somos parte de esta comunidad y mantenemos responsabilidades con ella.
Defender el #votopreso, en definitiva, es una propuesta a favor de mayor seguridad y de políticas públicas orientadas a fortalecer los vínculos valóricos que nos unen, como una estrategia más estable que imponer el insostenible temor al castigo.
