En una lectura plebiscitaria de las elecciones del 21D, el independentismo pierde, recibe 149 mil 510 votos menos que los no independentistas. En una lectura política gana, porque consigue mayoría absoluta en el parlamento (por 5 escaños), por lo tanto, 55 días después que el gobierno de Rajoy lo destituyera, ha sido elegido para formar gobierno. Con una participación del 81,94%, el resultado rechaza la política del gobierno del Partido Popular hacia Cataluña y advierte que la independencia es inviable por no contar con el apoyo de una amplia mayoría de catalanes.
55 días después…
El gobierno del Partido Popular, con el apoyo de socialistas y ciudadanos, destituyó el gobierno independentista por la vía constitucional, pero no consiguió desplazar el independentismo de la Generalitat (gobierno catalán) por la vía electoral.
Los catalanes han rechazado la intervención del estado Español en Cataluña y la opción de Mariano Rajoy de doblegar a las fuerzas independentistas a través de los tribunales de justicia, modalidad propia del autoritarismo postdemocrático de gobiernos que recortan derechos, libertades y refuerzan la dimensión represiva para asegurar la gobernanza.
Los partidos por la independencia (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP) con 70 diputados (dos menos que en 2015) logran el control del parlamento y derrotan a los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, Socialistas, PSC y Populares, PP) con 57 diputados (cinco más que en 2015) y a los soberanistas no secesionistas (Catalunya en Comú – Podem) con 8 diputados (tres menos que en 2015).
… ganan los independentistas
Así, lo previsible es que el 6 de febrero próximo se constituya un gobierno independentista, como el anterior depuesto por el Senado español el 27 de Octubre pasado. No hay alternativa ante la imposibilidad de formar combinaciones de mayorías no independentistas ni soberanistas con acento en políticas sociales.
Las elecciones del 21D confirman la evidencia de un país –Catalunya– dividido y polarizado en dos bloques, aunque heterogéneos en su interior, consistentes: el independentismo y el constitucionalismo.
Ni el gobierno central de Mariano Rajoy ni el autonómico de Carles Puigdemont han querido acordar una agenda e iniciar un diálogo con la perspectiva de pactar una vía política democrática para solucionar una crisis que ya entra en su octavo año, cuando el Tribunal Constitucional mutiló el Estatuto catalán impugnado por el PP.
Puigdemont por ¿Puigdemont?
Las elecciones del 21D, convocadas por Rajoy, no eran para abrir una vía de solución del conflicto, sino para desplazar al independentismo del gobierno, doblegarlo. Las dificultades aumentarán con el avance de procesos judiciales que intentan poner el independentismo a la defensiva, sin iniciativa política, como ha ocurrido desde la aplicación del artículo 155 con que se destituyó el gobierno catalán.
A la intervención económica y administrativa, en especial la policía autonómica, se añade la intromisión política a través de la Fiscalía para perseguir dirigentes políticos, entre los que destaca Carles Puigdemont, en Bruselas, y Oriol Junqueras, en prisión, cabezas de lista de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, listas que recibieron la adhesión del 43,04% de catalanes.
En este contexto, ni Rajoy ni Puigdemont reconocen la inviabilidad de vencer el uno al otro. El gobierno independentista, relevado a iniciativa de Rajoy, dos meses después, puede ser nuevamente elegido por una mayoría parlamentaria ganada en las elecciones convocadas por Rajoy.
Esta realidad paradojal indica que lo racional sería distenderse, dialogar y negociar, pero no parece ser ésta la tendencia, sino por el contrario, las posiciones permanecen enrocadas y por tanto lo más probable es que la convivencia política y social, junto a la situación económica, continuará degradándose.
Partida en dos
Cataluña está partida en dos, así lo demuestra, una vez más, el resultado del 21D con record de participación ciudadana: el 81,94% (4 puntos más que en 2015). El bloque independentista representa el 47,49% de los catalanes y el constitucionalista el 43,49%. El 7,45%, de Catalunya en Comú, no adhiere a bloques.
A pesar de ello, el independentismo se siente legitimado para “construir una república catalana”, como si ya fuera un país independiente, no obstante ser una ligera minoría en relación a los que no adhieren su proyecto.
Lo mismo sucedió en 2015, cuando sin mayoría de votos optó por una vía unilateral, que acabó con el gobierno depuesto, el parlamento disuelto y los dirigentes procesados, fuera del país y en la cárcel.
Doble mensaje
El mensaje del 21D es un claro rechazo al gobierno del partido popular por intervenir la Generalitat y perseguir a los dirigentes independentistas por vías judiciales. Pero más importante, un estado que desea mantener su integridad y cohesión no puede seguir ignorando a una fuerza política –el independentismo- que ha contado con una adhesión suficiente para ganar mayorías parlamentarias y elegir tres gobiernos en cinco años.
Pero el 21D es también una advertencia clara a las limitaciones de los independentistas de continuar en una confrontación autodestructiva. No tienen fuerza ni política ni social ni coactiva para doblegar a un estado- Tampoco pueden ignorar que en unas elecciones, con máxima participación, 2.212.871 de catalanes votaran a partidos no independentistas y 2.063.361 de catalanes lo hicieran por partidos independentistas.
