Señor Director:
Vivimos en una sociedad donde la competitividad es un valor intangible, nos enseñan desde el colegio que debemos competir contra los demás para obtener mejores resultados, para entrar a la universidad y para ser alguien. Pero cuando una persona con una enfermedad debe competir con otras igual o más enfermas para obtener el tratamiento que necesita, estamos cruzando una línea ética como sociedad que debemos cuestionarnos y no tolerar.
Actualmente tenemos dos Leyes que priorizan patologías, por un lado las Garantías Explícitas en Salud (GES) que corresponden a una canasta que incluye distintas prestaciones y por el otro la Ley Ricarte Soto que financia tratamientos de alto costo y su diagnóstico de ser necesario. Ahora bien, no es lo mismo priorizar entre patologías que tienen una baja morbimortalidad y entre enfermedades en las cuales el tratamiento implica disminuir o detener la progresión de una patología degenerativa, prevenir o disminuir la discapacidad, mejorar la calidad de vida o simplemente evitar la muerte.
Desde el nacimiento del GES los pacientes agrupados han estado trabajando para que sus condiciones obtengan una garantía explícita. Es el sueño de tener una canasta que les asegure atención por especialistas, menores tiempos de espera, algunos de los medicamentos que necesitan, mejor calidad en la atención, etc. Sin embargo desde la promulgación de la Ley Ricarte Soto que la competencia para ingresar un medicamento a este sistema de protección social se ha desatado.
¿Es ético hacer competir a los pacientes para obtener los medicamentos que necesitan y que por su alto costo no pueden financiar? Hemos avanzado a un sistema que prioriza entre personas provocando que algunas puedan acceder y otras no. Esta visión ha sido profundizado por la Ley Ricarte Soto dado que es un fondo fijo y llegará el momento en que no podrán ingresar nuevos tratamientos. Es decir, ¿cuántos decretos más serán disputados por los pacientes hasta que se alcance el límite de sostenibilidad del fondo?
La salud es un derecho y es hora que la sociedad chilena la entienda como tal. No más leyes que hagan competir a los pacientes, sino que logren unir nuestro sistema fragmentado. No cabe duda que la Ley Ricarte Soto es un avance en solucionar necesidades inmediatas, pero es momento que nos sentemos a conversar sobre cómo curar nuestro sistema de salud que está en estado crítico.
Tomás Lagomarsino, médico y presidente Fundación Equidad Chile
